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Los países de América Latina y el Caribe (ALC) cuentan con una alta diversidad de políticas y programas agrícolas que pueden cambiar rápidamente. Hay varios enfoques en las políticas: 1) Apoyo al Precio de Mercado (APM), 2) Reducción de los costos de adquisición de insumos y capital, 3) Énfasis en políticas que mitiguen los riesgos de pérdida de ingresos, 4) Énfasis en servicios de extensión a productores y 5) Énfasis en la activación del entorno empresarial para la agricultura.
Los sistemas de monitoreo y evaluación permiten efectuar un seguimiento de los resultados que se dan en la implementación de las políticas públicas e iniciativas gubernamentales a través del tiempo. Las funciones de monitoreo y la evaluación constituyen un elemento crítico de la eficiencia, eficacia y legitimidad de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, además de ser un elemento que alimenta el proceso político. Venezuela es el único país que no tiene ningún sistema de monitoreo ni evaluación de las políticas públicas agroalimentarias.
Haciendo un análisis comparativo de las políticas en la región, iniciando por Farm Bill en Estados Unidos se evidencia que el 75 % del presupuesto se destina a los subsidios directos a los consumidores de poblaciones vulnerables, seguido por un 9 % de seguros agrícolas y 5% de subsidios a cultivos.
En el caso de América Latina y el Caribe (ALC) –en Uruguay, Perú, Paraguay y Chile–, la mayor parte de los apoyos al agro es dirigido a subsidios directos a los consumidores; luego a apoyos indirectos (Servicios generales), tales como: infraestructura, investigación, capacitaciones, desarrollo rural); y el restante, a los apoyos directos: insumos, precios, entre otros. Países como Brasil, Colombia y Ecuador destinan la mayor parte a los apoyos directos, seguidamente de los apoyos indirectos.
Venezuela requiere una Institución de Políticas Públicas Agroalimentarias, incluido en una Ancia de Desarrollo Rural y Agroalimentaria, que permita formular y evaluar las políticas y los apoyos requeridos para el sistema, que permitan en primer lugar garantizar la seguridad alimentaria, paralelamente recapitalizar el sector primario productivo agrícola, reactivación de la agroindustria y mejorar los canales de comercialización, haciendo el sistema sostenible y eficiente dónde se promueva la equidad.
Todo esto, involucrando a todos los actores del sistema, siendo el eje transversal el conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo rural territorial.
**Ing. Agr. Saúl E. López M.
Presidente Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y afines.**