¿Está la productividad agrícola en la agenda de los precandidatos?

La seguridad, la salud, las finanzas públicas, la justicia, la paz, el tema energético, las relaciones internacionales, la reforma agraria, ocupan los primeros lugares en la agenda de los precandidatos a la presidencia de la República. Su abordaje se definirá en las urnas, dependiendo del modelo de dirección del Estado que resulte victorioso: de estatización – comunista o el de libre empresa. ¡De izquierda o de derecha!

Frente a ese escenario, no es una decisión menor la que recae sobre todos los colombianos, y en nuestro caso sobre los ganaderos y agricultores, pues se decidirá la suerte de la propiedad privada, de la seguridad, la paz, y fundamentalmente el desarrollo del sector, que en lo corrido del presente mandato ha tenido resultados desastrosos más que los positivos y contrarios a la promesa de valor que hiciera el primer mandatario. No sobra recordar la violencia que se ha ensañado con el sector rural, el asesinato de ganaderos, el secuestro, el reclutamiento de menores, o el beneplácito al narcotráfico, así como la serie de trabas para desarrollar la actividad productiva. Hoy, por ejemplo y como regalo de año nuevo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, expidió la resolución 20257 de 2025, ¡un exabrupto que reajusta en porcentajes astronómicos los avalúos catastrales de predios rurales en 527 municipios!

Por eso es vital meter en esa agenda al sector agrícola y concretamente su productividad –tema sobre el que se ha hecho referencia en esta columna en reiteradas oportunidades–, porque es el fundamental para el crecimiento del sector rural y el bienestar de los campesinos, así como esencial para la seguridad alimentaria de todos los colombianos y para la generación de ingresos a través del comercio internacional de sus productos.

En buena hora el Banco Interamericano de Desarrollo – BID coloca nuevamente los puntos sobre las íes en el tema de la productividad agrícola en la publicación Productividad Agrícola en América Latina y el Caribe: qué sabemos y hacia dónde vamos (noviembre de 2025).

Su diagnóstico no contiene nada diferente a lo que ya sabemos, pero sí su explicación en lo que se ha fallado. Sus conclusiones y recomendaciones resultan valiosas en este momento en donde se están ensamblando las propuestas electorales que, indudablemente, derrotan el supuesto de que todo está mal hecho y hay que hacerlo nuevamente o el del primer mandatario que se abroga que todo lo sabe y que se deba ejecutar sin cuestionar lo que él dice.

Empieza el documento señalando que la baja productividad continúa siendo el principal obstáculo que impide que el sector agrícola alcance su máximo potencial.

Los resultados revelan que el crecimiento de la producción agrícola no ha sido impulsado por ganancias de productividad sino principalmente por un mayor uso de insumos; que entre 2015 y 2023, la productividad total de los factores (PTF) creció menos del 1 % anual y que nuestra agricultura es altamente vulnerable a los choques climáticos.

Señala que la provisión directa de insumos agrícolas no presenta efectos estadísticamente significativos, en tanto que el acceso al crédito y la infraestructura vial rural se asocian de manera consistente con aumentos en la productividad. Son dos variables sobre las que Fedegán ha insistido en forma persistente en todos los gobiernos, así como la conectividad rural. De ahí que señale el estudio la necesidad de priorizar inversiones que fortalezcan la conectividad rural y amplíen la inclusión financiera. En esa línea, una de sus recomendaciones es reorientar las transferencias de insumos hacia bienes públicos que promuevan prácticas resilientes al clima y un uso más eficiente de la tierra para sostener el crecimiento de la productividad agrícola.

Hay unas cifras que el documento recopila de otras investigaciones que resultan muy importantes. Por ejemplo, señala que un incremento del 1 % en el crédito per cápita se relaciona con un aumento del 0,014 % en la productividad a nivel municipal, por lo que la inclusión financiera ayuda a fomentar mejoras sostenidas en la productividad; que un incremento adicional de US$ 1.000 en inversión pública en infraestructura vial rural por finca se asocia con un aumento del 0,75 % en la productividad agrícola al reducir los costos de transacción, mejorar el acceso a los mercados de insumos y productos, y facilitar la adopción de nuevas tecnologías.

Otras conclusiones son una verdadera bomba. Indica, por ejemplo, que los resultados a nivel municipal de la asistencia técnica no han sido efectivos para mejorar la productividad, aunque destaca la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión de los agricultores.

También señala que la baja contribución del cambio tecnológico a la productividad resalta la importancia de generar y difundir tecnologías avanzadas y específicas al contexto.

En fin, son puntos que un buen gobernante debe tener en cuenta y que los ganaderos y agricultores deben revisar si están contenidos en la agenda de sus candidatos.