Estado Social SIN Derecho

El elástico de la legalidad está tan estirado que se va a romper

A pesar de que Colombia se ufana de ser el segundo país con más abogados per cápita del continente, paradójicamente la justicia se ve tan lejana como en las décadas de los años 80 y 90. La ley abunda, pero no alcanza. Las garantías están escritas, pero no se cumplen. En la práctica, Colombia da pasos agigantados hacia un Estado social sin derecho.

Y no, no es una crítica a los abogados del país —ni más faltaba—. Tras el atentado contra el senador Miguel Uribe, el pasado 7 de junio, y los más de 30 ataques terroristas que ha sufrido el país en los últimos diez días —la mitad de ellos el 10 de junio—, la guerra a muerte reivindicada por el presidente, sumada a su confrontación directa con el Congreso, pueden hacer que el elástico de la legalidad se rompa.

Recientemente, el presidente quiso dar clases de Ciencia Política en una de sus pastorales de X. Ahora yo quiero darle una clase a él: el ejercicio de gobernar no reside en acumular más y más poder, sino en administrarlo: en equilibrar los intereses detrás del control del Estado, escuchar al contrincante y respetar los límites que protegen los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Tal como lo explica Hannah Arendt: “El poder corresponde a la capacidad humana no solo de actuar, sino de actuar concertadamente” (1970).

La presidencia de Gustavo Petro ha llevado esta tensión a su punto más crítico, con un lenguaje agrio, sacado del leninismo más recalcitrante. En lugar de fortalecer las instituciones, las deslegitima. En lugar de gobernar articulando el aparato del Estado, lo enfrenta. El presidente desconoce acciones legislativas y amenaza con desobedecer la ley, convocando por decreto una consulta popular que apela a la movilización callejera como forma de presión, y se atribuye funciones para determinar la legalidad de acciones de otras ramas del poder público o hasta convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como afirmó Eduardo Montealegre.

Todo esto ocurre mientras el gobierno insiste en narrativas que niegan la realidad o la tergiversan para justificar su inacción e incapacidad. Desde un lenguaje marcado por el odio, la persecución y la falta de rigurosidad, los insultos como “hp”, nazi, neoesclavista, paramilitar o asesino se han convertido en el lenguaje normal de quien debería ser el presidente de todos los colombianos —y quien, además, tiene varias órdenes judiciales de retractarse por acusaciones sin fundamento contra miembros de la oposición.

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, más allá de su gravedad individual, simboliza un país que tambalea. En territorios enteros mandan los grupos armados; la articulación entre Estado y gobierno no existe; y la ciudadanía sigue esperando más acciones y menos promesas, especialmente cuando hoy Colombia tiene presencia de grupos armados ilegales en el 71 % de sus municipios.

Colombia atraviesa un momento en el que la norma se ha vuelto papel mojado. El “Estado social de derecho” que consagra nuestra Constitución se vacía de contenido cuando las instituciones no se respetan, la seguridad es una promesa incumplida, y se tiene a las EPS desfinanciadas para forzar la aprobación de la reforma a la salud —como lo ha dicho el propio ministro Jaramillo.

Cuando se socavan las reglas del juego, lo que sigue no es la justicia popular, sino la anarquía de los más fuertes.

Bonustrack

Invito a los candidatos/as de la oposición a hacerse las siguientes preguntas:

¿Cuándo van a empezar a marcar línea y a proponer debate sobre los temas del país?

¿Cuál es su modelo de país?

¿Qué tienen de novedoso para ofrecerles a sus votantes?

¿Cuándo van a dejar de reaccionar a todo lo que dice el presidente?