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*Nota de la dirección de La Linterna Azul: Como primicia, presentamos en tres entregas esta valiosa investigación de Eduardo Mackenzie sobre el asunto pleno de falacias, de los “falsos positivos”.*
El asunto de los llamados “falsos positivos” es una de las campañas de desinformación más espectaculares organizadas en los últimos años por la narcoguerrilla colombiana. Fue un instrumento importante para lograr que el gobierno de Juan Manuel Santos, después de seis años de “negociaciones” en La Habana, aceptara en 2016 las exigencias de la subversión. Fue y es una poderosa palanca para, primero, reducir la popularidad de las fuerzas militares y, después, para sembrar la desmoralización y ayudar al desmonte del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general.
Durante la presidencia de Iván Duque esa sofisticada engañifa, por negligencia oficial, pero también porque ese gobierno estaba convencido de que debía acatar el “acuerdo de La Habana”, no fue atacada y la subversión siguió inflándola a su antojo. Ahora, con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, ese tema alcanzó unas dimensiones impensadas.
El petrista Roy Barreras vio muy bien, durante la campaña electoral pasada, el potencial explosivo de ese montaje y propuso erigir la cifra 6.402 en ariete de propaganda para anestesiar y dividir con esa narrativa a la oposición de derecha y manipular al electorado.
En términos de cifras, los informes de la Justicia Especial de Paz (JEP), sobre todo el de 2021, reiterado el 29 de noviembre de 2024, plantean muchas preguntas.
El expediente de los “falsos positivos” pasará a la historia como otro de los grandes fracasos de la justicia colombiana. Fue una campaña sediciosa que los jefes de los sectores llamados “moderados” o del “arco republicano” subvaloraron desde el comienzo. Creyeron que podrían enfrentarla con chistes y llegaron a creer que tarde o temprano la justicia o la prensa, o un think tank independiente, restablecerían la verdad. Pero no fue así. Nadie hizo ese trabajo y las cifras se dispararon de manera incoherente.
Para Miguel Abraham Polo Polo, uno de los pocos congresistas de oposición que se ha atrevido a estudiar el tema, la cifra de 6.402 que acaba de lanzar el presidente de la JEP es un completo invento que pretende llevar arbitrariamente a la cárcel a muchos generales de las Fuerzas Armadas de Colombia. El petrismo busca, además, impedir toda reflexión sobre ese tema alegando que hacerlo equivale a hacer “negacionismo”, “incitar al odio y vulnerar la dignidad de las víctimas”.
La JEP, como la definió correctamente Manfred Grautoff (1) es “una suerte de tribunal de venganza que pretende juzgar a quienes combatieron a las FARC, lavando el legado criminal de ese grupo”. Alejandro Ramelli Arteaga, el presidente de ese tribunal inventado en Cuba por las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, contribuye a esa desvergüenza al proclamar que las víctimas “del Ejército” por la vía de los “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales” fueron 6.402, aunque esa oficina, que investiga el asunto sólo desde julio de 2019, admite que no ha encontrado los cuerpos de esas víctimas, ni siquiera los de la lista de 1.934 nombres que Ramelli ofreció hace unos días a la prensa. De hecho, el presidente de la JEP confirmó que está en un aprieto al declarar que tampoco dará respuesta a la senadora María Fernanda Cabal quien le pide pruebas de lo que dice o que al menos divulgue “los nombres e identificaciones de cada uno de los 6.402” aludidos por él como falsos positivos.
“Aún faltan detalles procesales”
Uno de los objetivos de Ramelli fue hacer que la prensa, sobre todo la extranjera, difundiera su versión e hiciera eco a la idea falsa de que el Ejército de Colombia es una fuerza criminal. Pretende hacer creer que las víctimas del llamado “conflicto” de más de 60 años son la narco-subversión comunista y que la población de Colombia, sus gobiernos y sus fuerzas armadas son los victimarios. Y lo consiguió. Varias agencias de noticias, como la alemana Deutsche Welle (DW) —sin aportar el menor elemento de duda, ocultando hechos y sin preguntar cómo la JEP pudo haber llegado a esa cifra si la investigación tiene grandes lagunas—, publicó lo que dijo Ramelli. Ese tipo de periodismo, basado únicamente en comunicados de prensa, está muy desacreditado en Europa.
El artículo de la DW y de otros, como los de France 24 y TeleSur, omitieron toda referencia a las denuncias de Miguel Polo Polo, miembro de la Cámara de Representantes, contra la actitud politizada de la JEP sobre el tema de los “falsos positivos”. Antes de que el artículo de la DW fuera redactado, Miguel Polo había afirmado: “La cifra 6.402 no tiene soporte real. Ni la JEP ni la Fiscalía han confirmado todos esos casos. No podemos basar nuestra historia en mitos”.
Ramelli, es cierto, ha sido incapaz de entregar la lista de las pretendidas 6.402 víctimas. La JEP admitió que “aún faltan detalles procesales que impiden revelar la información”. Sólo entregó a los medios una lista de 1.934 nombres. La DW ignoró el pedido de la senadora María Fernanda Cabal y el anuncio de Miguel Polo de que él y su equipo investigarán si esos 1.934 nombres son auténticos, si hay nombres repetidos y, sobre todo, si hay en esa lista nombres de terroristas muertos en combate y presentados como “ejecuciones extrajudiciales”.
En el referendo de 2016 los colombianos rechazaron los pactos Farc/Santos de La Habana. Ese pacto vetado es el que crea la JEP. Todos parecen haber olvidado eso, sobre todo los autores de artículos que hablan de la lista de 1.934 nombres que entregó la JEP, y al proclamar que los “falsos positivos” son 6.402.
La DW afirma que los “6.402 jóvenes inocentes” fueron ejecutados “por el Ejército para hacerlos pasar como bajas guerrilleras en combate”. ¿Qué le permite asumir tan perentoria postura? La DW admite que “muchos de los cuerpos de esas víctimas aún no han sido encontrados”. ¿Dónde están? No es fácil ocultar esos cuerpos. ¿Olvidados en locales provinciales de Medicina Legal? ¿En fosas comunes? Pero estas son descubiertas. ¿Cómo descartar que los cadáveres allí enterrados son víctimas de frentes guerrilleros o de paramilitares o de otros actores criminales? ¿Por qué la DW no se pregunta cómo la JEP puede lanzar esa cifra si la investigación judicial es incompleta y tiene tales lagunas?
No es una casualidad que el affaire de los “falsos positivos” haya estallado en 2008. Ese fue un año especial para la lucha de Colombia contra las narco-guerrillas comunistas. El prestigio de las Fuerzas Armadas era inmenso debido a los golpes decisivos que éstas le estaban asestando a las FARC y al ELN. El 4 de febrero de 2008, hubo, por ejemplo, la inmensa movilización civil, con millones de personas en 43 ciudades colombianas y 125 ciudades extranjeras, bajo la consigna de “¡No más Farc!”. El 16 de febrero, la Fuerza Omega del Ejército, inició la Operación Filipo, destinada a capturar o eliminar al jefe de las FARC, alias Tirofijo. El 1 de marzo, la Fuerza Omega atacó el bastión donde se ocultaba ese cabecilla y bombardeó 74 otros campamentos donde murieron 16 guerrilleros, entre los cuales estaba el mismo Tirofijo.
Imponer una forma de amnesia
Seis días después, un grupo organizó una manifestación contra “los crímenes del Estado”: fue ese el primer intento de travestir las bajas de guerrilleros en combate en “falsos positivos”. Desde entonces, un grupo comunista, Movice, creado en junio de 2005, y que acusa a todo el mundo, desde el Ejército de Colombia hasta la empresa Coca-Cola, de cometer genocidios, redobló su campaña para imponer la idea de que las ejecuciones extrajudiciales hacían parte de una “política de Estado”.
Eso no detuvo la labor del gobierno. El 2 de julio de 2008, la Operación Jaque liberó, sin disparar un tiro, a los 15 rehenes “políticos”, entre ellos Ingrid Betancourt y 3 cooperantes americanos, que las FARC utilizaban para paralizar la ofensiva del gobierno de Álvaro Uribe y obtener una nueva desmilitarización de una extensa zona rural. Dos meses antes, la senadora izquierdista Piedad Córdoba gesticulaba que la liberación de los 39 rehenes de las FARC “está en el limbo” y que solo el presidente venezolano Hugo Chávez podía obtenerla. En el año 2008 los gobiernos de España y Francia se pronunciaron con fuerza contra las FARC por las barbaridades de esta contra la población y subrayaron que para ellos las FARC y el ELN seguirán siendo vistos como terroristas “mientras no liberen a los secuestrados”. El 22 de agosto, las FARC respondieron lanzando bombas incendiarias en Bogotá contra el supermercado francés Carrefour.
Es obvio que los anuncios de la JEP sobre los “falsos positivos” no buscan consolar a las verdaderas familias víctimas de esos crímenes descubiertos en 2008 (los jóvenes de Soacha que fueron abatidos en Ocaña, Santander). Esas atrocidades desembocaron en los procesos de 2017 donde fueron condenados 21 militares sin que la JEP, operativa desde 2018, interviniera.
La campaña “humanitaria” por los “falsos positivos” busca, en realidad, imponer a la opinión pública una forma de amnesia: perennizar la idea de que los “falsos positivos” son un modelo de conducta de la fuerza pública, hacer olvidar la montaña de crímenes, destrucciones y delitos ambientales cometidos por las fuerzas subversivas que tratan de derribar la democracia desde hace más de 60 años en Colombia, y vengarse de las Fuerzas Armadas y los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque.
El rasgo principal del tema de los “falsos positivos” es que nunca hubo consenso sobre las cifras de víctimas y que, durante años, crímenes de ese tipo, cometidos por las llamadas “autodefensas” y otras bandas, fueron atribuidos al Ejército (2). Durante varios años ese asunto navegó en un limbo jurídico: nadie sabía qué tribunal debía juzgar esos hechos (3). Algunos soldados inculpados se quejaron de irregularidades, como no haber sido oídos durante el juicio. Varios oficiales fueron condenados como autores “mediatos”, es decir porque alguien lejano de su cadena de mando cometió crímenes. Durante esos años, las cifras propuestas por organismos militantes y anti-Ejército fueron tomadas como fiables por la JEP.
El expediente “falsos positivos” comenzó cuando Julián Oviedo Monroy, un joven de Soacha, desapareció el 2 de marzo de 2008. Su cuerpo fue encontrado seis meses después en una fosa común en Ocaña (Santander). Días más tarde, la prensa informó que otras personas denunciaban que tres jóvenes más de Soacha habían viajado a Santander con falsas promesas de trabajo y habían sido asesinados cerca de la frontera con Venezuela.
El primero en denunciar el caso de Soacha fue el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. El sistema judicial comenzó su investigación y antes de conocer las circunstancias exactas de esas muertes el gobierno de Álvaro Uribe retiró del servicio activo, el 29 de octubre de 2008, a 27 militares de alto rango, entre ellos tres generales y 11 coroneles. Los tres generales acataron la decisión, pero se declararon ajenos a los hechos y dispuestos a probar su inocencia. Semanas más tarde, el fiscal general, Mario Iguarán, dijo que bandas emergentes dedicadas al narcotráfico podrían estar vinculadas a las muertes de once jóvenes de Soacha (4). Descubrió que unos soldados habían asesinado inocentes en Ocaña para proteger a narcotraficantes y aparentar que perseguían al narcotráfico. A finales de 2008, tras una investigación del ministerio de Defensa, el gobierno de Álvaro Uribe retiró de sus cargos a 27 oficiales del Ejército, por indicios y faltas de rigor en los protocolos operativos que podrían estar ligados a esos crímenes. En abril de 2017, la justicia condenó a 20 militares por participar en la muerte de cinco jóvenes. El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander, fue condenado a 46 años de prisión tras haber confesado: “Yo no maté, pero sí predispuse para que los hechos se cometieran” (5).
Rincón fue condenado por la desaparición y homicidio de los cinco jóvenes de Soacha. Él reveló que los soldados habían deformado un sistema oficial de recompensas por bajas de guerrilleros en combate y organizado un conteo ilegal de cuerpos para mostrarlos como muertos en combate contra las guerrillas y las bandas del narcotráfico. Detalló que las recompensas “incluían medallas, días de descanso, anotaciones elogiosas en el currículo o proyecciones de ascenso”.
La acción judicial punitiva muestra que, en efecto, tales crímenes no fueron patrocinados ni ocultados por el Estado colombiano.
El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH) lo reconoció: “Durante el año 2007 (sic) hubo decisiones políticas y medidas adoptadas en las más altas esferas civiles y militares para contrarrestar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública.” También afirmó: “En 2007 hubo sentencias condenatorias por ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública, como en el caso de los tres sindicalistas asesinados en agosto de 2004 en Caño Seco, en Saravena (Arauca) y el de un campesino asesinado en abril de 2004 en la vereda La Hondita, en El Peñol (Antioquia).”
La Ong americana Human Rights Watch también reconoció, en 2015, que el gobierno colombiano, en septiembre de 2008, había adoptado medidas serias para investigar esos delitos y que ello había llevado a “una disminución significante de ejecuciones extrajudiciales” (6).
En noviembre de 2023, la prensa informó que otros 35 militares habían sido imputados por casos de falsos positivos ocurridos en el Huila entre 2005 y 2008. “La decisión fue conocida este lunes, 20 de noviembre”, afirmó el diario Vanguardia. En ella, la JEP indicó que “192 de las 264 muertes reportadas por esas unidades militares, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate” (7).
Después, apareció un extraño engranaje con juego de cifras, de periodos, de lugares y de protagonistas y las cifras de “falsos positivos” aumentaron dramáticamente. De 264 casos pasaron a 1.741 y de allí saltaron a 2.248. Y siguieron subiendo hasta que surgió el guarismo, sin explicación coherente, de 6.402 víctimas. Esta última cifra fue utilizada por la extrema izquierda colombiana para montar varias campañas de intimidación. Una de éstas, en la más grande impunidad, llegó a proponer subliminalmente el asesinato de un ex presidente de la República.
En 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que, por lo menos, hubo 6.402 víctimas en esas ejecuciones, entre 2002 y 2008. En 2024, Ramelli no precisó el periodo en que esas presuntas ejecuciones habían sido cometidas. Pese a ello, voceros de la JEP dijeron, sin más, que esta cifra “podría ser solo la punta del iceberg”.
Otra campaña, bajo la frase “6.402 ¿Quien dio la orden?”, con enormes afiches e imágenes de 13 mandos de la fuerza pública que, según los organizadores, “supuestamente fueron los responsables últimos de esas ejecuciones”, aunque ninguno de ellos ha sido condenado por delito alguno, fue lanzado en Bogotá, en marzo de 2021. El organizador declaró a El Espectador: “No es una cifra definitiva, sino que va a seguir aumentando a raíz de las investigaciones que realice la JEP”. Ese grupo había lanzado el mismo mural contra cinco oficiales, en octubre de 2019, donde propusieron lacifra de 5.763 víctimas. Un año y medio después tomaron la cifra de la JEP aunque este organismo no mostró que hubiera realizado “nuevas investigaciones”.
Notas
(1).- https://panampost.com/manfred-grautoff/2017/10/01/la-venganza-de-las-farc/
(2).- La JEP declaró que, entre 2002 y 2006, “encontró una relación entre el Batallón de Infantería No. 21 y el bloque de las autodefensas Centauros en la comisión de 394 homicidios selectivos, en el segundo departamento con mayor número de casos acreditados ante la JEP”.
(3).- Revista Semana en 8 de mayo de 2017: «Estos hechos no hacen parte del conflicto, fueron muertos en circunstancias de indefensión, ciudadanos que vivían en el municipio de Soacha y que fueron llevados con promesas de trabajo y allí fueron asesinados», sostuvo la fiscal del caso. La funcionaria judicial agregó que actualmente «hay un limbo jurídico» sobre el tema. Revista Semana: En marzo de 2017, luego de 9 años del asesinato de sus seres queridos, las familias de tres jóvenes que habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales tenían la ilusión de que al fin se realizaría la audiencia de imputación de los cinco militares (entre ellos un coronel) sospechosos de haber cometido esos crímenes. Pero su sorpresa fue grande cuando el juez se negó a adelantar la diligencia. La razón: consideró que esos hechos eran parte del conflicto armado que, ante la vigencia de la Ley de Amnistía, deben ser juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
(4).- Ver Eduardo Mackenzie, Justicia ¿Misión imposible? (Editorial Carrera 7, Bogotá, 2011, página 208-209).
(6).-https://revistacontroversia.com/index.php/controversia/article/view/1181/954
Fuente: La Linterna Azul