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Hay decisiones que transforman un país sin ocupar los titulares. Recientemente, durante una reunión de trabajo entre la Junta Directiva de Fedegán, sus directivos y el ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, quedó sobre la mesa una de ellas. No se trató de un nuevo programa ni de un anuncio presupuestal. La conversación llevó a una reflexión más profunda: el futuro del campo colombiano dependerá, en buena medida, de la forma como decidamos financiarlo.
Durante el encuentro se habló de infraestructura, seguridad rural, sanidad animal, comercialización, apertura de mercados y competitividad. Todos son temas fundamentales. Sin embargo, al terminar la reunión quedó la impresión de que todas esas prioridades tenían un punto en común. Ninguna será realmente transformadora si el país no resuelve primero un asunto de fondo: el financiamiento del campo.
El crédito no debería entenderse como un simple préstamo bancario ni como un mecanismo para salir de una dificultad. Debe convertirse en la herramienta que transforma proyectos en realidades, fincas tradicionales en empresas más productivas e inversión en empleo, alimentos y riqueza.
El problema estructural es que el campo no produce al ritmo del calendario financiero; produce al ritmo de la naturaleza. Mientras una empresa urbana puede recuperar una inversión en pocos meses, un productor agropecuario debe esperar años para ver los resultados. Una novilla tarda varios años en convertirse en una vaca productiva. Un cultivo permanente necesita tiempo para entrar en plena producción. Un sistema silvopastoril, un distrito de riego o un programa de mejoramiento genético generan valor de manera gradual. La biología tiene sus propios tiempos y la economía rural debe respetarlos.
Pensemos en un caso perfectamente posible. Un ganadero decide transformar su finca. Solicita un crédito para renovar pasturas, implementar un sistema silvopastoril, mejorar la genética de su hato y construir la infraestructura necesaria para producir más carne y más leche. El proyecto es técnica y financieramente sólido, pero sus mayores beneficios solo comenzarán a reflejarse a partir del cuarto o quinto año.
Sin embargo, el crédito le exige empezar a amortizar capital mucho antes de que esa inversión produzca los ingresos esperados. Durante los primeros años, en lugar de pagar el crédito con los recursos generados por el mismo proyecto, el productor debe acudir a ingresos de otras actividades, vender activos o buscar nuevas fuentes de financiación para mantenerse al día con el banco. El proyecto sigue siendo rentable. El productor sigue siendo responsable. Lo que falla es el diseño del crédito: el calendario financiero no coincide con el calendario biológico del campo. Y cuando eso ocurre, un crédito concebido para impulsar la productividad termina convirtiéndose en una presión sobre el flujo de caja del productor.
El desafío no consiste únicamente en ampliar el acceso al crédito. Consiste en diseñar productos financieros cuyos plazos, períodos de gracia y esquemas de amortización respondan a la realidad de cada actividad productiva. Esa diferencia puede determinar el éxito o el fracaso de miles de inversiones rurales.
Colombia ha demostrado que, cuando existen instrumentos adecuados, los productores responden. En 2025, FINAGRO desembolsó $48,1 billones de pesos en crédito de fomento agropecuario —la mayor colocación en la historia de la entidad—, a través de 395.614 operaciones que beneficiaron a 312.837 productores. El 90 % de esas operaciones correspondió a pequeños productores, y 86.452 campesinos accedieron por primera vez al crédito formal. La cifra es notable.
Pero detrás de ese récord hay una pregunta que no puede ignorarse: ¿estamos financiando el acceso al crédito o estamos construyendo un modelo de transformación productiva? El propio ministro designado Dangond lo ha señalado con claridad: el crédito colombiano "se expande, pero no se democratiza". Aumentar el número de operaciones no garantiza que el financiamiento llegue donde más se necesita: a los proyectos de largo plazo, a quienes invierten en tecnología y sostenibilidad, y a los productores que carecen de garantías tradicionales pero tienen proyectos sólidos. El éxito de una política pública no debería medirse únicamente por el monto colocado. Debería medirse por las hectáreas que aumentan su productividad, por los empleos que genera y por las exportaciones que hace posibles.
Brasil ofrece una referencia concreta. A través del Plano Safra —política de crédito rural renovada anualmente desde 2003, estructurada según los ciclos productivos de cada actividad— convirtió el financiamiento agropecuario en una herramienta permanente de competitividad. Su edición vigente 2026/2027, lanzada el 30 de junio de 2026, destinó cerca de US$ 120.000 millones en crédito rural: aproximadamente US$ 104.000 millones para la agricultura empresarial y US$ 19.000 millones para la agricultura familiar. Más que colocar recursos, diseñó instrumentos adaptados al tamaño de los productores, a los plazos que exige cada actividad y a las necesidades de inversión de largo plazo. Esa visión contribuyó a consolidar uno de los sectores agropecuarios más competitivos del mundo.
Colombia tiene todas las condiciones para avanzar en la misma dirección. Cuenta con millones de hectáreas con vocación agropecuaria, empresarios rurales comprometidos, conocimiento técnico y una creciente oportunidad en los mercados internacionales. Lo que necesita es un sistema financiero que acompañe esa visión de largo plazo.
Quizás ha llegado el momento de cambiar la forma en que entendemos este debate. Colombia no necesita únicamente una mejor política de crédito agropecuario. Necesita una verdadera política de financiación para el desarrollo rural.
La diferencia parece semántica, pero no lo es. Una política de crédito se concentra en colocar recursos y recuperar cartera. Una política de financiación del desarrollo busca transformar la productividad, generar empleo, incorporar innovación, aumentar la competitividad y fortalecer la economía rural. Eso significa diseñar plazos acordes con los ciclos biológicos, períodos de gracia suficientes para que las inversiones maduren, esquemas de amortización flexibles e incentivos para quienes invierten en sostenibilidad, riego, genética, infraestructura y tecnología.
El campo colombiano ya ha demostrado que sabe producir, innovar y competir. Ahora necesita un entorno financiero que acompañe ese esfuerzo con la misma visión de largo plazo que exige la actividad agropecuaria. Los países que hoy alimentan al mundo no construyeron su liderazgo únicamente con mejores tierras. Lo construyeron entendiendo que detrás de cada cosecha existe una inversión que necesita tiempo para madurar. Colombia puede recorrer ese camino si entiende que financiar el campo no es un gasto, sino una inversión estratégica para el país.
Porque la productividad no se decreta; se financia. Y quien entiende cómo financiar el campo no solo fortalece un sector económico. Siembra el futuro de Colombia.