/?w=256&q=100 "Miguel Angel Lacouture")
Estamos a punto de perder la Patria, esa República que los colombianos hemos construido con esfuerzo y sacrificio durante más de 200 años de vida republicana. La amenaza no proviene de un enemigo externo, sino de un peligro interno que se gesta en las más altas esferas del poder: la posible captura ideológica de la Corte Constitucional por parte del Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro. Este 20 de mayo de 2025, el Senado de la República tiene en sus manos una decisión crucial: elegir, de una terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, a uno de los magistrados que integrará la Corte Constitucional. Sin embargo, los antecedentes recientes y la composición de la terna actual encienden todas las alarmas sobre el futuro de nuestra democracia.
La Corte Constitucional, como garante de la Constitución de 1991, está diseñada para ser un bastión de independencia y equilibrio. Según el artículo 113 de la Carta Magna, las ramas del poder público —legislativa, ejecutiva y judicial— deben colaborar armónicamente, pero mantener su autonomía. Para asegurar este equilibrio, la Corte Constitucional se compone de nueve magistrados: tres propuestos por la Corte Suprema de Justicia, tres por el Consejo de Estado y tres por el Presidente de la República, todos elegidos por el Senado para periodos no renovables de ocho años. Este diseño, en teoría, impide que una sola rama del poder público obtenga una mayoría que le permita controlar las decisiones de la Corte, ya que ninguna entidad nominadora puede superar tres votos en el pleno de nueve magistrados. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal.
Recientemente, hemos sido testigos de cómo la elección de magistrados ha estado marcada por criterios ideológicos y políticos, en detrimento de la idoneidad profesional y la independencia que debería primar. Un ejemplo claro es la selección del Dr. Miguel Efraín Polo Rosero, ternado por el Consejo de Estado y elegido por el Senado. Este magistrado ha mostrado una clara afinidad ideológica con el gobierno de Petro, lo que compromete gravemente la imparcialidad de la Corte. A esto se suma la preocupación por la terna actual, presentada por la Corte Suprema de Justicia, en la que figura Héctor Carvajal, un abogado cercano al presidente Petro. De ser elegido, Carvajal se sumaría a Vladimir Fernández —quien también tiene vínculos con el Ejecutivo, habiendo sido su secretario jurídico—, consolidando una mayoría afín al gobierno dentro de la Corte. Esto significaría que, de los nueve magistrados, al menos cinco podrían estar alineados ideológicamente con el Ejecutivo, otorgándole un control indirecto sobre las decisiones de la Corte Constitucional.
El problema no radica únicamente en la afinidad ideológica de los candidatos, sino también en el proceso de selección de las ternas. La terna presentada por la Corte Suprema de Justicia no cumple con el espíritu de equilibrio que debería regir este mecanismo. El diseño constitucional de las ternas separadas busca garantizar que ningún proponente tenga control sobre las mayorías, pero la actual composición de la terna parece favorecer al Ejecutivo, lo que desvirtúa este principio. Es imperativo que el Senado actúe con responsabilidad y devuelva esta terna a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo una nueva lista que respete los principios de independencia e imparcialidad.
La situación que enfrentamos no es un hecho aislado, sino parte de un patrón preocupante. En mi columna anterior, publicada el 5 de mayo de 2025 en CONtexto Ganadero, advertí sobre el fenómeno del "gobierno de los jueces", un activismo judicial que ha llevado a la Corte Constitucional a avalar decisiones inconstitucionales del Ejecutivo, como la extensión de tributos más allá de los límites establecidos en estados de conmoción interior (sentencia del 29 de abril de 2025 sobre el Decreto 062 en el Catatumbo) o la creación del Ministerio de la Igualdad, ignorando vicios de fondo (sentencias C-441/23 y C-161/24). Estas decisiones evidencian que la Corte, en lugar de ser un contrapeso al poder, se está convirtiendo en un instrumento que legitima las acciones del Ejecutivo, erosionando el Estado de Derecho.
La elección del próximo magistrado no es un trámite más; es un momento definitorio para el futuro de Colombia. Si permitimos que el Ejecutivo consolide su influencia sobre la Corte Constitucional, estaremos entregando el control de nuestra democracia a una sola rama del poder, lo que abrirá la puerta a abusos de autoridad y a la pérdida de derechos fundamentales. La ciudadanía y el Senado deben actuar con urgencia: exigir transparencia en el proceso de selección, priorizar la idoneidad profesional sobre las afinidades políticas y garantizar que la Corte Constitucional recupere su rol como guardiana de la Constitución.
No podemos permitir que 200 años de vida republicana se desmoronen por la ambición de poder de unos pocos. La Patria está en juego, y este 20 de mayo el Senado tiene la oportunidad de demostrar que aún hay esperanza para nuestra democracia. Devolvamos la terna, exijamos un proceso transparente y salvemos la República antes de que sea demasiado tarde.
