La gran encrucijada

El año entrante la Nación y las entidades territoriales se habrán de enfrentar a enormes retos fiscales, a consecuencia de la actual coyuntura económica, caracterizada por un entorno adverso merced a la destorcida de los precios de los commodities, de los cuales depende en un alto porcentaje y, como todos los colombianos lo auguramos, signado por el nuevo escenario del postconflicto que se derivará de la firma del Acuerdo entre el Estado Colombiano y las Farc en la Habana.   Este será el telón de fondo con el que iniciarán los nuevos mandatarios de los territorios su cuatrienio a partir del 1º de enero de 2015.   Después de un largo ciclo de precios altos de las materias primas, que se prolongó por casi una década, desde 2011 empezó el declive de los mismos, siendo el petróleo el último en ceder, cayendo sus precios más del 50% con respecto a junio del año anterior. El impacto de la caída de dichos precios sobre las finanzas públicas ha sido demoledor, basta con señalar que la renta petrolera se desplomó desde los USD$23.6 billones en 2013 hasta los US $19.6 billones en 2014, estimándose en $9.6 billones en 2015 y escasamente en $3.3 billones en 2016. En concepto de ANIF la “combinación de menores recaudos y mayores presiones del gasto implican faltantes fiscales para el Gobierno central del orden del 2.6 % del PIB (por año) durante 2015 – 2018 y del 3.5 % del PIB durante 2019 – 2022”.   Y esta presión del gasto será mayor en el post conflicto, porque la sola implementación de los acuerdos, según un reporte de Bank of America Merrill Lynch Global Research de octubre del año pasado, elaborado por el economista Francisco Rodríguez, costará anualmente por lo menos un punto porcentual del PIB en la próxima década.   La reforma agraria, la reparación de las víctimas y la restitución de tierras demandarán ingentes recursos que habrá que arbitrar para financiarlos. Muy seguramente se contará para ello con la ayuda y la cooperación de la comunidad internacional, pero el país tendrá también que hacer un esfuerzo propio para su cubrimiento, en unas circunstancias que, como ya quedó dicho serán aún más difíciles a futuro.   Se ha vuelto un lugar común decir que la paz es territorial, para significar que de la misma manera que el meridiano de la guerra pasó arrasadoramente por los territorios, también el meridiano de la paz deberá pasar por el territorio, reconstruyendo el tejido social desgarrado. De allí la importancia que se le dio en el Plan de desarrollo Todos por un nuevo país (2014 – 2018) al enfoque territorial del mismo, así como el propósito manifiesto de implementar políticas diferenciales, amén de la imperiosa necesidad de ir cerrando las brechas, tanto las interregionales como las intrarregionales.   Ello demanda un nuevo arreglo institucional que pasa por el fortalecimiento de los anémicos fiscos territoriales, para que los departamentos y municipios del país estén en capacidad de asumir el rol que les corresponderá en este proceso de construcción de una paz estable y duradera.   Es un hecho que, pese a la retórica descentralizadora y a la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política, los recursos que reciben las entidades territoriales no se compadecen con el cúmulo de funciones y competencias que se le atribuyen, las cuales son cada día mayores. Y ello, a contrapelo de lo que manda la Carta, en el sentido de que no se le pueden delegar funciones y competencias a las entidades territoriales, si al mismo tiempo no se le trasladan los recursos necesarios y suficientes para asumirlos.   Es el caso que se ha venido dando, a guisa de ejemplo, con el no POS del régimen subsidiado, que tiene a los departamentos en aprietos, abrumados por las deudas, que se tornan impagables, con las EPS, las cuales a su vez se muestran imposibilitadas por su abultada cartera para pagarle a los hospitales, varios de ellos, como el del Departamento del Valle, de los propios departamentos.   Esta situación se repite con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que, no obstante que la Ley 1450 de 2011 puso en cabeza del Ministerio de Educación la responsabilidad de “la orientación, ejecución y articulación” del mismo, mediante el Decreto 1852 de 2015 se le traspasó esa responsabilidad a los departamentos, sin que estos cuenten con una fuente segura y estable que garantiza su funcionamiento.