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Una imagen resume la magnitud de la crisis: el cuerpo sin vida de un bovino yace sobre el suelo resquebrajado de una comunidad rural de Uribia. No muy lejos, otros animales permanecen inmóviles dentro de un jagüey convertido en barro, esperando encontrar el agua que ya no existe. En Albania, el paisaje confirma la misma realidad: donde hace apenas unos meses había pasturas, hoy solo quedan arbustos secos y tierra agrietada.
Estas escenas no son hechos aislados ni la consecuencia de una emergencia pasajera. Son la expresión más visible de una sequía que avanza silenciosamente y que está deteriorando el patrimonio, la productividad y los medios de vida de cientos de familias ganaderas de La Guajira.
Durante el primer semestre de 2026 se realizó una evaluación técnica en los municipios de Albania, Maicao y Uribia, con el propósito de determinar el impacto de la sequía sobre el sector pecuario. Los resultados revelan una situación alarmante: la disponibilidad de agua disminuyó de manera crítica, las pasturas perdieron buena parte de su capacidad productiva y miles de animales comenzaron a padecer los efectos de una prolongada escasez de alimento.
La evaluación de campo, desarrollada en 132 predios, registró la muerte de 791 bovinos, 328 ovinos y 208 caprinos. Al extrapolar estos resultados al conjunto del territorio analizado, se estima una pérdida cercana a los 7.728 bovinos, con un impacto económico superior a los $11.500 millones únicamente por concepto de mortalidad bovina.
Sin embargo, detrás de cada cifra hay una historia. Cada animal perdido representa años de trabajo, inversión y esfuerzo de familias que encuentran en la ganadería su principal fuente de ingresos. Para un pequeño productor, un bovino no es solamente un activo económico: puede representar la educación de sus hijos, el sustento del hogar o la reserva patrimonial con la que enfrenta los momentos de dificultad.
La crisis tampoco se limita a la mortalidad animal. El 98 % de los predios evaluados reportó una disminución en la producción de leche, mientras que una proporción significativa de los animales presentó un marcado deterioro de su condición corporal. La pérdida de peso, la reducción de la fertilidad y la caída de la productividad son consecuencias que continuarán afectando a los hatos incluso después de que regresen las lluvias.
Uribia concentra la situación más crítica, con una mortalidad bovina estimada cercana al 19,9 %, seguida por Maicao y Albania. No obstante, el problema trasciende los límites municipales. Sus efectos golpean la economía regional, comprometen la seguridad alimentaria y ponen en riesgo la permanencia de numerosos productores en la actividad ganadera.
Las causas de esta emergencia son múltiples y se han acumulado durante años. La alta dependencia de las lluvias, la limitada infraestructura para captar y almacenar agua, la ausencia de reservas estratégicas de alimento y las dificultades para acceder a asistencia técnica han incrementado la vulnerabilidad del sector frente a los fenómenos climáticos extremos.
La sequía no creó estas debilidades; simplemente las hizo visibles.
Sus consecuencias también superan el ámbito productivo. Muchas familias se han visto obligadas a vender sus animales por debajo de su valor real para evitar pérdidas mayores. Otras destinan buena parte de sus ingresos al transporte de agua o a la compra de suplementos alimenticios. En las comunidades indígenas Wayúu, donde la ganadería constituye un componente esencial de la economía familiar y del tejido social, estas pérdidas adquieren además una profunda dimensión cultural.
Ante este panorama, la respuesta institucional no puede limitarse a atender la emergencia cuando los animales ya están muriendo. Es indispensable combinar medidas inmediatas con estrategias estructurales que permitan reducir la vulnerabilidad del territorio y preparar a los productores para enfrentar futuras temporadas secas.
En el corto plazo, resulta prioritario garantizar el suministro de agua para consumo animal, fortalecer los programas de suplementación alimenticia y brindar atención veterinaria a los hatos más afectados. De manera paralela, es necesario rehabilitar y construir jagüeyes, ampliar la infraestructura hídrica, establecer bancos de forraje y promover sistemas silvopastoriles adaptados a las condiciones del bosque seco tropical.
La información obtenida durante esta evaluación constituye una base técnica sólida para orientar inversiones públicas, formular proyectos productivos y fortalecer las políticas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. No se trata únicamente de compensar los animales perdidos. Se trata de proteger el patrimonio rural, asegurar la producción de alimentos y preservar los medios de vida de cientos de familias guajiras.
La historia demuestra que las sequías seguirán formando parte de la realidad climática de La Guajira. La diferencia estará en la capacidad institucional, territorial y gremial para anticiparse, invertir oportunamente y reducir los riesgos antes de que las pérdidas sean irreversibles.
Porque cuando un productor pierde su ganado, no desaparece solamente un activo económico. Se debilita la economía familiar, disminuye la producción de alimentos y se compromete el futuro de comunidades enteras.
La sequía dejó de ser una advertencia. Hoy es una realidad que exige decisiones inmediatas, inversiones sostenidas y un compromiso colectivo. La ganadería debe continuar siendo una fuente de desarrollo, empleo, arraigo territorial y seguridad alimentaria para La Guajira, pero lograrlo dependerá de que las acciones comiencen antes de que el próximo animal caiga sobre la tierra agrietada.
