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Hay hombres que pasan por la historia y hay hombres que la obligan a detenerse para escribir un nuevo capítulo. Álvaro Uribe Vélez pertenece a estos últimos.
Podrán discutirse sus decisiones, controvertirse sus políticas e incluso discreparse de su visión de país. Esa es la esencia de la democracia. Lo que no puede admitirse es que los intereses políticos de cierta colectividad desplace al derecho o que la animadversión pretenda sustituir el juicio sereno que exige la justicia.
No es un hombre cualquiera quien hoy la fiscalía hace comparecer ante los estrados. Es un expresidente que gobernó una nación herida por el miedo, que asumió el desafío de recuperar la autoridad del Estado en vastos territorios y que, para millones de colombianos, simboliza la recuperación de la seguridad, la confianza y la esperanza de un país que parecía resignado a la violencia.
Su legado no necesita unanimidades para existir. Los hechos hablan por sí mismos y la historia, más temprano que tarde, termina separando la propaganda de la realidad.
En tiempos donde las redes sociales dictan sentencias antes que los jueces, la justicia se convierte en herramienta política y donde la polarización pretende reemplazar la razón, conviene recordar que el debido proceso no es una concesión. Es una conquista de la civilización jurídica. Es el muro que protege a cualquier ciudadano frente al abuso del poder y frente al riesgo de que la justicia sea confundida con el clamor de algunos.
Por eso, defender las garantías constitucionales de Álvaro Uribe no significa colocarlo por encima de la ley. Significa, justamente, exigir que la ley permanezca por encima de cualquier interés político.
La República no se fortalece cuando los organismos encargados de impartir justicia la hacen de manera dictatorial. Se fortalece cuando los jueces deciden con independencia, cuando las pruebas pesan más que los prejuicios y cuando el derecho habla con la serenidad que exige la Constitución.
Uribe y su familia han soportado durante años el escrutinio permanente de la opinión pública. Pocos dirigentes han sido objeto de semejante nivel de persecución política. Sin embargo, permanece firme en la defensa de sus convicciones y de un proyecto de país que marcó una generación de colombianos. Esa perseverancia explica, en buena medida, por qué sigue despertando tanto respaldo como controversia.
Hay quienes desean reducir su historia a un proceso judicial. Pero la historia de un estadista jamás cabe en un expediente. Está escrita también en las carreteras que volvieron a ser transitables, en los municipios donde el Estado recuperó presencia y en la confianza de millones de ciudadanos que sintieron que Colombia podía levantarse de sus horas más oscuras.
La justicia tiene el deber de actuar. Pero también tiene el deber de hacerlo sin presiones, sin prevenciones y sin convertir sus decisiones en trofeos para uno u otro sector político. Solo así la confianza ciudadana permanecerá intacta.
Porque cuando un expresidente es juzgado, no solo está en juego su nombre. También comparecen la fortaleza de las instituciones, la credibilidad de la justicia y la madurez de nuestra democracia.
Las naciones verdaderamente libres no son aquellas donde nadie responde ante la ley. Son aquellas donde incluso el más poderoso recibe un juicio justo y donde incluso el más controvertido conserva intactos sus derechos.
Que la justicia hable. Pero que hable únicamente con el lenguaje del derecho.
Solo así Colombia honrará la Constitución que nos une y la República que todos tenemos el deber de preservar.
