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La más grande estafa política de los últimos años ha consistido en venderle al país la Paz Total como si fuera otro proceso de paz de tantos que han marcado nuestra historia reciente. Nada de eso. La Paz Total no es ninguna paz: es el nombre orwelliano que le dieron a la estrategia de milicianización con la que han venido asestando zarpazos contra la democracia. No desde la intemperie, no desde las montañas, sino desde adentro, desde las entrañas mismas del Estado, desde el pupitre del presidente. Bajo esa etiqueta engañosa, el gobierno ha armado, protegido y legitimado estructuras criminales en todas las regiones del país. No es un acuerdo para desarmar la violencia, sino una política para redistribuir las armas y el control territorial entre los aliados políticos de la causa oficial. Es, en términos precisos, un pacto para poner la democracia al servicio de las milicias y no para someter y desmovilizar al crimen en favor de la sociedad y la paz.
La verdadera magnitud del engaño se ve cuando entendemos lo que nadie alcanzó a imaginar: Petro ha convertido la Paz Total en una especie de Estado de Sitio impuesto desde la izquierda autoritaria. El Estado de Sitio fue la figura más abusada de la Constitución de 1886. Se suponía que era un mecanismo excepcional para enfrentar graves conmociones internas o amenazas externas. En la práctica, se convirtió en la herramienta preferida de los gobiernos para gobernar por decreto, restringir libertades y concentrar el poder. Bajo el Estado de Sitio, los presidentes podían suspender derechos fundamentales, censurar la prensa, dictar normas penales sin Congreso, militarizar territorios y manejar el presupuesto sin control. Colombia vivió décadas bajo esa forma de dictadura legal. Más de la mitad del siglo XX transcurrió con el Estado de Sitio activado. No hay que olvidar que gran parte de las luchas democráticas de los años setenta y ochenta fue precisamente la lucha contra ese Estado de Sitio. Uno de los protagonistas de esas luchas fue el M-19. Por eso produce tanta indignación: ver a Petro, que se presenta como heredero de esa historia, gobernar con una especie de Estado de Sitio versión ultra mamerta, el país lo resiente como una nueva traición de Petro a la memoria auténtica del M-19.
Por eso, uno de los principales ejes legitimadores de la Constituyente de 1991 fue acabar con esa figura. La promesa era clara: nunca más un presidente podría gobernar como dictador amparado en una emergencia indefinida. La nueva Constitución sustituyó el Estado de Sitio por regímenes de excepción controlados, acotados en el tiempo y bajo revisión judicial. Petro ha traicionado esa promesa y ha traicionado a la democracia. Con la disculpa de la Paz Total, ha creado un Estado de Sitio de facto, peor que el de la vieja Constitución, porque no está declarado, no tiene límites y no está bajo control judicial. En los territorios, ha impuesto ceses bilaterales que son en realidad zonas francas para el crimen: milicias y grupos armados mueven cocaína, armas y secuestrados con la bendición del Gobierno. En los medios de comunicación, se comporta como presidente en Estado de Sitio: ataca periodistas, presiona a canales y estaciones, y usa el aparato estatal para imponer su relato único. En materia presupuestal, ha hecho lo que en la vieja época solo se veía bajo Estado de Sitio: imponer partidas por la fuerza política, premiar a congresistas con mermelada a cambio de obediencia y condicionar recursos a la lealtad con el régimen. En seguridad, ha dado órdenes que equivalen a levantar la autoridad de la Fuerza Pública sobre regiones enteras, entregándolas a actores armados que ahora actúan como gobernantes locales.
En nombre de la Paz Total, el presidente ha paralizado la acción legítima del Estado, ha blindado a sus aliados armados y ha instalado un clima de impunidad política y criminal que, en cualquier otro tiempo, habría exigido un Estado de Sitio formal. La diferencia es que ahora no hay declaración que podamos impugnar: el abuso es la regla, no la excepción. La Paz Total no es un camino a la paz: es la legalización de la guerra. Lo que antes era la dictadura del decreto, hoy es la dictadura del fusil aliado. La Constituyente de 1991 nos prometió un país donde ningún presidente pudiera gobernar como autócrata en nombre de una emergencia. Petro nos ha devuelto a ese pasado oscuro, solo que ahora el pretexto no es una revuelta o un atentado, sino una supuesta paz que no desarma a nadie. Lo grave no es solo que estemos retrocediendo tres décadas: lo grave es que lo hacemos aplaudiendo una paz que no existe y tolerando un Estado de Sitio que no se atreve a decir su nombre.