Los motivos del paro

Por: 
Jorge Humberto Botero
21 de Enero 2020
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Los más de cien puntos del pliego de peticiones carecen de sustento explícito. Es necesario estudiar sus fundamentos.

A partir del supuesto tácito de que el bloqueo vial es, de por sí, un argumento avasallante –como lo es el revólver que esgrime el asaltante– el Comité del Paro no se ha molestado en dar explicaciones sobre las razones que sustentan cada una de sus aspiraciones. Hay que hacerlas emerger y revelar las visiones de la economía y la sociedad subyacentes.

 

El gobierno de César Gaviria inició un proceso de modernización encaminado a abrir el país a la competencia externa, y, por esa vía, aumentar el nivel de vida; y a reducir el peso del Estado en la economía para hacerla más eficiente. Como bien se sabe, de ordinario el gobierno es mal empresario. Al proceder así inició un camino que, con mayor o menor grado de intensidad, todos los gobiernos posteriores han seguido. Jamás trató de suprimir el papel del Estado como regulador, proveedor de bienes esenciales, agente idóneo para la distribución del ingreso y garante de que la competencia entre actores privados sea leal y eficiente. Estos valores se recogieron en la Carta de 1991 como fruto de un consenso nacional. Tildarlo de neoliberal, como cada tanto alguien lo hace, es una injusticia flagrante.

 

Como lo demuestra el Índice de Desarrollo Humano que cada año publica Naciones Unidas, Colombia registra notables progresos en expectativas de vida, reducción de la pobreza, cobertura de la educación pública, acceso a la salud, etc. No hemos logrado, sin embargo, grados mayores de integración con el exterior: exportamos pocas manufacturas y bienes del agro, lo cual nos hace excesivamente dependientes –y vulnerables– a la disponibilidad de hidrocarburos y a las volatilidades de su precio internacional. La depreciación del peso, que debería haber mejorado la competitividad de la producción nacional, no ha tenido los resultados que se esperaban. Falta ver si los recientes estímulos tributarios a la adquisición de bienes de capital cumplen ese cometido. Hay indicios para creerlo.

 

Nos ha ido mejor poniendo fin a odiosos monopolios estatales. Los de puertos y transporte de carga marítima fueron los primeros que se adelantaron con éxito. Lo mismo cabe decir del sector eléctrico que era costoso, ineficiente y corrupto. Nadie que haya padecido a Telecom o al Seguro Social, en su condición de proveedores únicos de servicios de telecomunicaciones o de salud, quisiera regresar a ese pasado funesto.

 

Estos desarrollos nunca gustaron a las centrales sindicales. La declinación relativa del empleo estatal no favorece sus intereses. Tampoco el empleo informal, por cuenta propia y en pequeñas unidades productivas pues no representan a esos contingentes. Al revés: los sindicatos prosperan donde hay grandes empresas públicas y nóminas estatales numerosas, tales como las de maestros, jueces y guardianes de cárceles. Cuando las economías se abren al exterior, se dificulta pasar a los consumidores los extra costos laborales que son posibles en ambientes caracterizados por nula o poca competencia extranjera.

 

Apalancadas esas antiguas organizaciones en la movilización callejera de fin de año (que quieren incentivar de nuevo) no escatiman esfuerzos para que Colombia vire hacia el modelo de corte socialista que muchos de sus dirigentes profesan. Por eso piden que se revierta el ingreso de Colombia a la OCDE, un organismo constituido por los países cuyas políticas han sido más eficientes en generar progreso económico mediante una combinación adecuada de acciones estatales y economía de mercado. Esa misma intención explica que exijan eliminar el modelo de gestión de la energía, que tanto éxito ha tenido desde que se adoptó en 1994. La pretensión de reestatizar por completo a Ecopetrol, así valga un dineral, pues habría que adquirir las acciones de inversionistas privados, obedece a ese designio estatista.

 

La visión del agro de las organizaciones promotoras del paro se fundamenta en la llamada soberanía alimentaria. Para ellas el objetivo no consiste en que los consumidores, sobre todo los de menor capacidad adquisitiva, tengan acceso a alimentos de buena calidad a precios bajos. No. La propuesta consiste en que los colombianos tengamos que producir, a rajatabla, todos los nutrientes que consumimos. No admiten estos veteranos dirigentes que, si así procediéramos, como nuestra producción de maíz amarillo es limitada y poco competitiva, es su importación lo que ha hecho posible la masificación del consumo de pollo y huevo. Y que es mejor producir flores, un renglón que es ya más importante que el café en la cadena exportadora, que producir trigo en lo cual jamás hemos sido competitivos.

 

Las concepciones ambientales de los plieguistas son radicales. Piden que, como el agua es un derecho humano fundamental, es preciso garantizar su flujo natural. Así las cosas, sería imposible construir reservorios y sistemas de conducción del agua. Su agenda en esta materia está enmarcada en un concepto carente de lógica jurídica que, infortunadamente, las cortes han dejado prosperar: la defensa de los derechos de la madre tierra, una manera insidiosa de desplazar la política ambiental del Gobierno hacia los jueces a través de la acción de tutela. La tierra y, en general, la naturaleza, no tienen derechos. Los titulares de derechos y, correlativamente, deberes, somos los seres humanos. Entre esas obligaciones proteger la tierra es una obligación primordial, hoy más que nunca.

 
Aunque el Estado no puede prescindir de un cuerpo policial especializado para garantizar que la protesta social sea pacífica, la discusión en torno a los protocolos de actuación del Esmad es pertinente. Debemos darla con serenidad y sin posturas a priori. También, sin duda, la relativa a la reforma pensional. El Comité de Paro plantea que la financiación del sistema sea enteramente pública en esquemas de reparto. Rechazan los mecanismos de capitalización en fondos individuales, no importa que ellos, como hoy sucede, incorporen elementos de solidaridad. Esa discusión debemos darla de inmediato, sin privilegios ni exclusiones, entre otras cosas para tener conciencia de la carga fiscal que nos caería encima.