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En medio de la sordina navideña de diciembre pasado el Presidente Santos sancionó la Ley 1607, a través de la cual se reformó el Estatuto tributario, que ahora contará con 198 artículos más tornándolo aún más abstruso y farragoso.
Supuestamente dicha reforma estaba encaminada, además de promover la generación de empleo formal, a corregir las inequidades en materia impositiva. Pero qué va, lo que se hizo fue un ejercicio de simulación, el régimen tributario en Colombia seguirá siendo tan inequitativo como enantes. (Sector agropecuario recibirá $380.000 millones con la Reforma Tributaria)
Según el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega “los colombianos que devenguen menos de $3.7 millones mensuales no pagarán impuesto de renta”. Pero es que quienes venían devengando menos de $3.7 millones mensuales prácticamente no pagaban impuesto de renta, luego aquí no hay ningún beneficio para ellos con la reforma de marras.
De ahí para arriba se le van a incrementar los impuestos a la clase media – alta, a guisa de ejemplo, quien percibe $10 millones de ingreso mensual como sueldo o salario que venía pagando entre $500 mil y $600 mil al año, ahora tendrá que pagar en 2013 $4.5 millones, 900% más, dado que no se previó un período de transición para que tal aumento se hiciera de manera gradual y progresiva. (En volandas)
No es cierto, como se ha afirmado que quienes devengan más de $15 millones solo venían pagando el 5%; la verdad es que ya venían pagando entre el 18% y el 19%, el salto tarifario en el caso de las rentas más altas, entonces, no será tan dramático como se quiere hacer ver.
Es claro como el agua que solo se gravan las rentas de trabajo, mas no la de los rentistas, aquellos cuyos ingresos provienen de los dividendos por sus acciones en las empresas. En cambio, como lo admite el propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “el impuesto a la renta a personas naturales va a crecer en $4 billones” a través del IMAN y el recaudo por IVA “va a elevarse en $500 mil millones”.
Se propuso en el curso del trámite de esta reforma por parte de un grupo de congresistas gravar con el 5% los dividendos por encima de los $200 millones al año que se reciban por parte de las personas titulares de acciones. Esta propuesta se ajustaba a la prédica del Gobierno en el sentido que “quienes tengan más, paguen más”. No obstante la declaración del Presidente Santos en el sentido que ello era “apenas justo”, su ministro de Hacienda se opuso con el socorrido argumento que “en Colombia hay una gran resistencia a la tributación de los dividendos”.
El argumento que se esgrime siempre ha sido el mismo, desde que en 1986 se eliminó dicho impuesto, por considerar que ello configuraría una doble tributación. Pero, como lo reconoce el propio Presidente Santos, con el IVA y el impuesto al consumo también podría hablarse de doble tributación, ya que con ellos “simplemente se está gravando una fuente de ingreso que es el consumo, en teoría podría haber doble tributación pero con un impuesto de renta más bajo”. (Animales vivos quedaron exentos de IVA con reforma tributaria)
Es bien sabido que, como lo admite el ministro Cárdenas, “la inmensa mayoría de países en el mundo gravan los dividendos” y lo hacen más que con fines de recaudación para estimular la reinversión de utilidades en las empresas en vez de repartirlas, de la misma manera que el impuesto a la remesa de utilidades por parte de las empresas extranjeras, que también se eliminó en 2006, busca que en lugar de enviarlas al exterior se reinviertan en el país.
Pero pudo más el lobby por parte de las empresas y los empresarios que se mostraron extrañados por el respaldo “que el Gobierno le estaba dando” y al final el intento de restablecer tanto el impuesto a los dividendos como el impuesto a la remesa de utilidades terminaron hundiéndose en medio de la barahúnda de la conciliación del texto. (El desbarajuste fiscal)
En el tira y jala entre el ejecutivo y los congresistas, estos lograron introducir algunos retoques a la reforma para hacerla menos antipática. Uno de ellos es el punto adicional al nuevo impuesto CREE, elevándolo hasta el 9%, el cual se distribuirá 40% para la educación pública, 30% para financiar la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado con respecto al régimen contributivo de salud.
El Gobierno se opuso, pero al final ante el hecho cumplido terminó catalogándolo como el “cierre social” de la reforma dada la destinación de dicho punto, que por lo demás tendrá una vigencia de solo tres años.