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En mis épocas de estudiante alguna vez leí un escrito titulado Colombia país de ciudades, muy bien hilado, que efectivamente mostraba cómo la población del país ha concentrado su vivir en las grandes capitales, y en los cascos urbanos de nuestros 1123 municipios.
No ha sido capricho que hoy tres de cada cuatro colombianos vivan en zonas urbanas. Lastimosamente la violencia y el terrorismo que han acechado al país ha repercutido para que las personas hayan sido obligados a dejar sus tierras y la ruralidad haya sido en buen parte desplazada.
Sin embargo, y contrario al escrito al que refiero, Colombia es un país de campos, pero al que el Estado no le ha dado la mirada suficiente para sacarle potencial a lo rural y a lo agropecuario. Las políticas públicas tradicionalmente se han centrado en los sectores económicos de las áreas urbanas, pues allí está la mayor cantidad de votantes, creando un círculo vicioso que no ayuda a aprovechar la tremenda inmensidad de ventajas comparativas que tenemos.
Sin duda, si en las últimas cinco o seis décadas se hubiese invertido en las zonas rurales, con bienes públicos suficientes, sistemas de riego, asistencia técnica, infraestructura vial adecuada, tecnología, educación, y en fin, los elementos generadores de desarrollo, no tendríamos cada vez más ciudades con población creciente, que no tiene capacidad de articularse de manera eficiente a los mercados, aumentando las tasas de pobreza.
Esta semana nos revela el DANE que en el país viven 17 millones de personas en condición de pobreza, de las cuales 4,6 millones lo hacen en condiciones extremas. Además, nos dice que casi la mitad de las personas que habita nuestros campos vive con un nivel de ingreso monetario tan precario que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad económica, es decir son pobres.
Lamentable pero cierto. El país necesita entender dos elementos sustanciales para poder luchar de manera efectiva contra la pobreza. La primera, la importancia del sector rural para sacar adelante proyectos productivos agropecuarios, que además incluyan servicios, por ejemplo, el turístico, los del mercado de carbono, e incluso articulados con la economía naranja de la que tanto hablamos haciendo enlace de lo rural con diferentes industrias creativas y culturales.
Lo segundo. El trato diferencial que debe tener la ruralidad, que va desde tasas impositivas diferenciadas, hasta servicios públicos más económicos, así como salarios para docentes mejores respecto a los que puede tener el sector urbano, con el pin de promover la permanencia en los campos.
Hoy se hace mucho más necesario encontrar fórmulas para disminuir el creciente desempleo y pobreza que la pandemia nos dejará y en donde los gobiernos tendrán cada vez menos margen de maniobra pues su capacidad de endeudamiento y respuesta al pago de la deuda es cada vez menor.
Sin duda, hay que promover el volver y quedarse en los campos, como ya en la década pasada se hizo con muy buenos resultados, pero solo la orientación de políticas públicas permitirá que sea así.