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En alucinados mensajes lanzados en la red social X, el 14 y 15 de mayo de 2025, desde Pekín, la capital china, donde se encontraba en visita oficial, el presidente Gustavo Petro destapó una vez más sus planes golpistas: hizo un llamado a utilizar la violencia callejera para derribar el orden jurídico de Colombia.
En esos mensajes, Petro invita a los violentos grupos de choque petristas, que él disfraza bajo el ropaje de “cabildos populares”, “mingas”, “sindicatos” y “pueblo”, a marchar contra el Capitolio nacional en Bogotá, a que ataquen y expulsen a los senadores que rechazaron ayer su absurdo intento de cambiar la Constitución mediante una “consulta popular”.
Petro incita al desorden y al odio antiparlamentario al pregonar que el voto negativo dado por el Senado al proyecto de “consulta popular” petrista y la decisión de archivar ese plan, fue un “fraude” que debe ser revertido mediante acciones de fuerza. Petro lo dijo explícitamente el pasado 14 de mayo: “Este es el fraude. El pueblo ya no se debe [dejar] arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora”.
En otro texto detalló aún más sus planes: “Ahora con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia, y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del senado de la República. Personalmente me reuniré con el cabildo popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular como jefe de las fuerzas militares de Colombia y presidente legítimo de la República y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario.”
Los llamados petristas a perpetrar un golpe de Estado contra la democracia no pueden ser más claros. Lo primero que quiere hacer Petro es paralizar toda acción defensiva y legítima contra los desmanes que van a cometer los grupos de choque. Despreciando la posibilidad de que los desmanes culminen en un nuevo baño de sangre, Petro escribe: “La fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo”.
Las fuerzas militares y de policía de Colombia están en el deber de defender la independencia nacional y las instituciones públicas e ignorar por eso, la invitación a permanecer pasivas ante la ola de caos y desmanes mortíferos que Gustavo Petro pretende desatar, como ya lo hizo en 2020 y 2021, en Bogotá y en las otras ciudades de Colombia. La fuerza pública, como lo exige el artículo 216 de la Constitución Nacional, deberá movilizarse para proteger física e institucionalmente a los congresistas y a la ciudadanía y a toda persona que respalde al Congreso y que repudie el golpe de Estado que Petro trata de perpetrar con ayuda de fuerzas obscuras.
Petro pretende poner en manos de una misteriosa “coordinación del movimiento popular”, un aparato subversivo totalmente desconocido en el país, la conducción de la insurrección petrista. Lo dice en estos términos: “Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir, de acuerdo con la Constitución.” Falso: la Constitución de Colombia no autoriza a ningún organismo visible o clandestino, legal o no --como la tal “coordinadora” mencionada por Petro--, a realizar acciones violentas contra el Congreso y los congresistas y las libertades de Colombia.
Basta ya Gustavo Petro de utilizar retóricas aberrantes para sembrar la confusión bajo la apariencia de preservar el orden. Los partidos de oposición e, incluso, los partidos y sindicatos de trabajadores que no aceptan el derrumbe de la democracia, aunque apoyen algunas líneas del gobierno Petro, deben preservar a todo precio su unidad, su combatividad y su movilización. Esa debe ser también la consigna de los gremios económicos, de los sectores académicos, religiosos, mediáticos, y de las Fuerzas Armadas, estamentos que ven cada vez más claro el juego desesperado de Gustavo Petro. La interlocución entre estos sectores debe ser permanente para llegar a acuerdos rápidos que permitan derrotar de una vez por todas los planes contra la democracia representativa colombiana.