/?w=256&q=100 "Juan Gonzalo Botero Botero")
Un país polarizado; una campaña electoral en pleno furor y un gobierno que toma decisiones, o que quiere influir en ellas y que, además, adelanta acciones que, sin duda alguna, van a influir en la conciencia del elector.
Hace algunos días publicaron el modelo de decreto “Por medio del cual se establecen disposiciones arancelarias y de comercio exterior para bovinos domésticos vivos y se fija un cupo de exportación para machos menores de dos (2) años”.
Este tema lo hemos tocado en numerosas ocasiones, pero insistiré en varios detalles. La motivación del proyecto es errada. El inventario ganadero bovino en Colombia es de 29,6 millones de cabezas y el de machos de 0 a 2 años es de 6,4 millones de cabezas. Por su parte, la exportación de ganado en pie es de 227 mil cabezas en 2025. Esto significa el 0,8 % del inventario total y el 3,5 % del inventario entre 0 y 2 años. La motivación del decreto habla del 7,9 %. Falso.
Establece el citado decreto un cupo de 66 mil cabezas con vigencia de 6 meses anualmente para machos entre 0 y 2 años. Por protocolo, se pierden mercados como Egipto y Arabia. Como país, perdemos nuestra buena reputación ante el mundo ganadero. Fija, además, un arancel del 10 % por cabeza al total de la exportación de ganado en pie. Esto acaba la exportación, lo que nos quita competitividad frente a países de la región como Brasil y Uruguay, que no tienen esta carga impositiva y que, por el contrario, estimulan con incentivos la exportación de ganado vivo. Viola el Gobierno, con este decreto, acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y el GATT, en los que, insisto, nos habíamos caracterizado por ser un país cumplidor de los mismos. ¿No será que lo que se busca es engañar a la población bajo el supuesto de que la carne bajará de precio con esta acción, cuando sabemos que no es así?
Se tramita en el Congreso de la República la Ley de Jurisdicción Agraria. Con ella se busca crear un mecanismo de justicia agraria que permita dar solución a los conflictos que se presentan por las tierras en el país. Causa especial preocupación que permitiría que decisiones sobre procesos agrarios —como clarificación de propiedad, deslinde, recuperación de baldíos o extinción de dominio— queden en manos administrativas, en este caso de la Agencia Nacional de Tierras, y no de autoridades judiciales. Esto es alimento para gobiernos que pretendan acabar con la propiedad privada rural con afanes expropiadores y de redistribución de la propiedad. Causa especial atención que aquellos que poco o nada se interesan por el campo colombiano hoy presionen la aprobación de la ley; así lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos en su cuenta de X. Señores, el país sí necesita una justicia agraria, pero no así.
Otro hecho que llama poderosamente la atención es la última campaña adelantada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Prosperidad Social. Están comprando cerca de 4 millones de huevos, algo así como 133 mil “canastas, cartones o paneles”, para repartir en la población vulnerable del país y reducir excedentes. ¿Será posible que en un país que produce 19.500 millones de huevos al año se puedan reducir excedentes comprando 4 millones de estos? Ni se tiene efecto en el precio ni se tiene efecto en la eliminación de excedentes. Entonces, nuevamente engañando a la población.
Definitivamente “pan y circo”. Acciones que pretenden engañar a la población, que buscan aprobación de las mismas y que esa masa incauta, poco informada y poco educada celebrará. Para otros no es más que populismo electoral agropecuario.
