/?w=256&q=100)
Doce días después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay es muy poco lo que sabe la opinión pública sobre ese terrible golpe contra la democracia colombiana.
Algunos ejemplos:
¿Cómo se llama el sicario? ¿Qué edad tiene el sicario? ¿Por qué quieren cambiarle el nombre?
Sin esos elementos es muy difícil averiguar de dónde salió ese individuo y ubicar el marco social, político y militar que lo llevó a cometer el crimen del 7 de junio de 2025, en un parque de Bogotá.
Sin esos datos es muy difícil saber qué relaciones tuvo o tiene el sicario con las organizaciones narco-comunistas colombianas y extranjeras. ¿Hizo parte él de los niños secuestrados por las Farc que, tras la firma del pretendido “acuerdo de paz” de La Habana, no fueron entregados a sus familias y enviados, más bien, como personal fácilmente adiestrable, a un obscuro organismo que las Farc bautizaron en febrero de 2017 “Camino diferencial de vida”?
Aunque Gustavo Petro repita e insista en todos los tonos que es “un niño” el individuo que fríamente se ubicó a la espalda y muy cerca del candidato presidencial antes de dispararle seis veces y de huir del lugar herido en una pierna y disparar de nuevo contra la policía, tales alegaciones no aportan nada. Tampoco tiene peso el que los medios repitan aquello de que el atacante es un “menor” o un “adolescente”, sin tener pruebas al respecto. Nada de eso está comprobado y no resuelve el misterio de la edad y condición del criminal capturado.
El sicario, según las fotos que han publicado los medios, puede ser alguien mayor de 21 años. ¿Por qué la justicia no quiere dar el nombre ni abordar el problema específico de la edad exacta, elementos fundamentales para avanzar en la pista correcta sobre el complot para asesinar a un líder político colombiano de primera importancia?
¿Por qué la Fiscalía, quien tiene bajo su control al sicario, no apela a los medios técnicos que todas las policías del mundo occidental utilizan para determinar la edad de los justiciables que mienten u ocultan su edad?
Hablo de lo que puede revelar el estudio de la estructura ósea y muscular de una persona y, sobre todo, del estadio evolutivo de su dentadura. Los técnicos saben de qué se trata. No lo vamos a explicar aquí.
¿Un magnicidio concebido y ejecutado en 24 horas?
Otro misterio fomentado por las instancias de poder: la aparición en la escena del crimen de un venezolano. Las autoridades han dado un nombre: Carlos Eduardo Mora González, el llamado “chofer del atentado”. ¿Es el verdadero nombre? ¿Cuándo y cómo entró él a Colombia? ¿Qué relación tiene o tuvo él con organismos venezolanos de policía o militares? Los investigadores nada dicen al respecto. ¿Ese silencio refleja el hecho de que nada saben o que hay elementos de información que nunca deben salir de ciertas oficinas?
Mora González habría llevado en un automóvil a Katerine Andrea Martínez Martínez, la mujer que, dicen las autoridades, transportó la pistola Glock 9 mm que utilizó el sicario. Esa mujer, alias “Gabriela”, de 19 años, trató de huir tras el atentado, pero fue capturada muy pronto en Florencia, Caquetá, quizás por revelaciones del sicario capturado. ¿Hacia dónde iba la fugitiva? ¿Hacia Ecuador? La peligrosidad de esa mujer es evidente: “tiene antecedentes judiciales por lesiones personales y daño en bien ajeno, y estaría vinculada sentimentalmente al venezolano Carlos Mora González”, dijo la Fiscalía. ¿Qué vínculos existen entre ese cuarteto y la banda ecuatoriana de Carlos Angulo, alias “el invisible”, condenado por el asesinato en Quito del candidato presidencial conservador Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023?
Después de la posesión del presidente de Ecuador Daniel Noboa, el presidente Petro pasó dos días reunido no se sabe con quién en una “lujosa casa” de Manta, hasta el 28 de mayo pasado. Tras la agresión al senador Uribe, ese episodio enigmático de Manta desató muchas especulaciones.
Carlos Mora González dijo que el atentado del 7 de junio fue arreglado en Ecuador y dio los alias, según la Fiscalía, de dos individuos, “el costeño” y “el churco”.
Otro elemento increíble de la versión oficial involucra el asunto de cómo fue concebido, montado y ejecutado el atentado en Bogotá. La versión que está dando la prensa basada en migajas de información que recibe de la Fiscalía, parece imposible: ¿el asesinato de un destacado senador de oposición protegido (mal) por la Unidad Nacional de Protección (UNP), y candidato presidencial en buena posición, y férreo enemigo del gobierno petrista, fue tramado y ejecutado en sólo 24 horas? ¿Quién puede creer eso?
Según la versión oficial, Mora habría confesado que la víspera del atentado recibió un mensaje por WhatsApp de un hombre no identificado ni capturado todavía, que Mora apoda “el costeño”. Este sería el cabecilla número uno del aspecto material del plan criminal. Él le habría propuesto a Mora González realizar o participar en un asesinato en Bogotá. Según la revista Semana y el diario digital Infobae, el “costeño” le pagó 5 millones de pesos colombianos (1.200 dólares) por hacer “un recorrido por la zona conocida como Modelia, en Bogotá”, donde los ejecutores se familiarizarían “con el lugar que sería escenario del atentado”. Ello muestra que “el costeño” sabía cuál iba a ser el itinerario del senador Uribe Turbay al día siguiente. Ese tipo de información ultrasensible solo un equipo de seguridad puede conocerlo. ¿Ha sido interrogado al respecto el personal y la jefatura de la UNP, actualmente en manos de un ex miembro del M-19?
Enseguida, el “costeño” negoció con el sicario, dicen esas publicaciones, “ofreciéndole 20 millones de pesos (aproximadamente 4.800 dólares)”. Este aceptó así, sin reflexión alguna, inmediatamente, darle muerte a alguien que se encontraría en un parque del barrio Modelia. ¿No es inverosímil eso? ¿Sabía él que su víctima era el senador Uribe? Como no tiene acceso al detenido, la prensa no puede explorar ese punto crucial: cómo un tal atentado puede ser planeado, pagado y ejecutado en menos de 24 horas. ¿El “chofer” le presentó el sicario al “costeño”? ¿O éste conocía ya al sicario? Son detalles que no han tenido explicación.
La entrega de la pistola al sicario fue hecha a última hora: según la versión oficial, después de las 5 de la tarde del 7 de junio, en un automóvil no lejos del parque. El sicario no era, pues, un “niño”, ni un “adolescente” (vocablos positivos para desviar el sentido). Es un avezado matón que sabía disparar con el arma que le pusieran en la mano a último minuto.
¿Quién es Cristián Roberto Copajita? Ese fue el sujeto que, según la policía, intentó herir de muerte con un cuchillo al sicario ya detenido y esposado. La intervención de los policías salvó la vida del sicario. ¿Copajita es un agente de “el costeño” quien creyó tener la oportunidad de silenciar definitivamente a su cómplice?
Petro acusado de instigar la violencia política
Aunque el presidente Gustavo Petro dijo que él no había ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay la forma como evoluciona la investigación oficial, y la racha previa de insultos y amenazas brutales de Petro contra los congresistas a quienes llamó “verdugos” y HP y les prometió, el 20 de mayo, que “el pueblo los va a borrar de la historia de Colombia”, no ayuda a mejorar la imagen catastrófica del inquilino de la Casa de Nariño. Todo lo contrario. Diez y ocho días después de su discurso en Barranquilla, sobrevino el intento de asesinato del senador Uribe Turbay.
¿Escapará Petro a los aletazos que le caerán encima por el acto criminal del 7 de junio? ¿Hubo el 7 de junio un súbito salto cualitativo del gobierno Petro, y de su movimiento político, respecto de los planes de ellos para continuar por la fuerza en la presidencia de la República? “El responsable hoy de lo que le sucedió a Miguel Uribe Turbay es Gustavo Petro, incitando a la violencia, a la polarización”, declaró el expresidente Andrés Pastrana. Esa convicción de Pastrana se extiende como pólvora por el país.
Ello hace ver que detrás de todo hay una organización sicarial experimentada y bien compartimentada, posiblemente internacional, pero mediocre al momento de inventar narrativas desviacionistas. Además, la versión del “chofer” deja ver que hubo una preparación hábil pero que la versión mediatizada, “un arreglo en menos de 24 horas”, es incompleta y engañosa. Al menos un hecho grave muestra preparativos de más largo aliento: el hijo único del senador, según Lina Trujillo, la secretaria privada de Miguel Uribe Turbay, estuvo siendo seguido por desconocidos hasta su jardín infantil, en donde le tomaron registros fílmicos desde la calle. Días antes del atentado, el senador pidió a la UNP un refuerzo del equipo de seguridad. Pero esto no fue seguido de efectos. ¿Por qué los agentes de la UMP no descubrieron a los que fotografiaban al hijo del senador y candidato?
¿De dónde viene el misterioso sicario? ¿Es un menor reclutado por las Farc desde antes del acuerdo de La Habana? ¿Por qué los entes investigadores del atentado contra Uribe Turbay no han reabierto el expediente del “Camino diferencial de vida”? Es verdad que la prensa nunca le prestó atención a ese tema, aunque fue una operación detestable de las Farc.
En un artículo del 11 de febrero de 2017 yo escribí: “Ese proyecto infame, que reducirá a polvo las esperanzas de la sociedad acerca del reencuentro normal de esos niños-víctimas con sus familias y con el país, tendrá 5 pilotos, ideológicamente homogéneos: Sergio Jaramillo, comisionado para la paz; Clara López, ministra de Trabajo; Joshua Mitrotti Ventura, director de la Agencia para la Reintegración, y dos jefes de las Farc: Pastor Alape y Jairo Quintero.” Esas personas pueden tener las listas de los niños víctimas del proyecto de “Camino diferencial de vida” y deberían ser interrogadas por la Fiscalía, si ésta quiere saber la trayectoria del misterioso sicario.
Pero hay más. El evaporado programa fue diseñado para que funcionara sin control alguno, como una cúpula cerrada. Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos en esa época, y nieta del expresidente Belisario Betancur, fue encargada de dirigirlo. Sin embargo, no pudo obtener la lista de niños en poder de las Farc pues Timochenko frenó toda información al respecto. Entonces Pastor Alape y Jairo Quintero deberían ser interrogados pues esas listas sí habrían pasado por sus manos.
Otro personaje que debería ser interrogado es Eamon Gilmore, un exministro laborista de Irlanda, que estuvo en Colombia en 2017 en calidad de observador oficial europeo del proceso de paz. No obstante, él no denunció el programa “Camino diferencial de vida”, ni criticó la cifra que dieron las Farc de los niños que admitieron tener en ese momento, solo 50, cuando eran, en realidad, más de 3.600, según investigaciones del fallecido periodista Herbin Hoyos.
El asunto del “Camino diferencial de vida” es, pues, de gran actualidad. ¿Cuántos menores fueron fanatizados y entrenados por las Farc para que cometieran –por ejemplo, en los llamados “estallidos sociales” de 2018, 2019, 2020 y 2021– actos violentos en los años que siguieron? Quizás en los entretelones de esa operación se halla la explicación de la violencia oficial rampante.
19 de junio de 2025