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¿Los jueces están preparando la próxima campaña electoral? Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy en Francia luego conocer la condena en primera instancia del expresidente Nicolas Sarkozy a tres años de cárcel, con uno de cumplimiento efectivo, por tráfico de influencias y corrupción.
El ex jefe de Estado no es candidato a nada en estos momentos pero la grave sanción que un tribunal parisino le impuso este 1 de marzo suscitó de nuevo el temor de que el poder judicial, no elegido, quiera dictarle al mundo político nuevas reglas y decidir, una vez más, quién puede o no ser aceptable en época electoral.
Nicolas Sarkozy sigue siendo visto como un líder de la derecha y podría aceptar ser de nuevo candidato presidencial en 2022.
Por esa razón, esa sentencia, en lugar de fortalecer la creencia de que la justicia es capaz de juzgar a las figuras más altas de la vida política, amplió la brecha de confianza que hay en estos tiempos entre los franceses y la justicia.
Nicolas Sarkozy anunció que interpondrá el recurso de apelación. Dijo: “No puedo aceptar ser condenado por algo que no cometí”. Su voluntad de demostrar su inocencia es total. Otros juristas, no necesariamente sarkozistas, advirtieron que los derechos de defensa, en este caso, habían sido violados. El malestar es evidente y algunos predicen que ese pleito tendrá que llegar en última instancia al Tribunal de Estrasburgo, también conocido como Corte Europea de Derechos Humanos, una jurisdicción del Consejo de Europa (47 Estados), para que sancione los métodos poco escrupulosos que utilizó el Polo Nacional Financiero (PNF) para investigar a Nicolas Sarkozy.
La sentencia habla, en efecto, de “corrupción y tráfico de influencias”. Sin embargo, la investigación, según Jacqueline Laffont, abogada de Sarkozy, no encontró traza alguna ni de tráfico ni de influencias. Señaló que el tribunal no pudo probar que hubiera, en este caso, un corruptor y un corrompido, y que tampoco logró probar que el ex presidente hubiera realizado un palancazo en favor de alguien. Ella recordó que Christine Mée, la presidenta del tribunal que decidió la condena, reconoció que ese delito “no fue cometido”. La defensa de Sarkozy estima que faltó el “elemento material” que justificara tal condena. El mismo presidente Emmanuel Macron calificó en privado de “excesiva” la sanción, según un conocido semanario satírico francés.
Jacqueline Laffont agregó que entre la grave sanción y lo explicado y probado por la defensa en las audiencias no hay relación alguna. Otro especialista subrayó que en derecho penal la sola intención no es punible y que incluso en este caso también faltó la prueba de que hubiera habido la intención de corromper a alguien.
El PNF fue creado durante la presidencia del socialista François Hollande para reprimir la gran delincuencia financiera nacional e internacional. Sin embargo, ese aparato se ocupó de casos que nada tienen que ver con ese tipo de delitos y se encargó, en cambio, de perseguir y matar políticamente a François Fillon, en 2017, el candidato de derecha que era el archi-favorito de los electores. Esa movida le facilitó a Emmanuel Macron ser elegido jefe de Estado.
Otra de las operaciones del PNF fue poner al ex presidente Sarkozy bajo escucha telefónica desde que abrió el expediente. Así, Sarkozy fue objeto, durante años, de intercepciones telefónicas ocultas. Para los abogados penalistas, esos métodos son considerados como desleales. Lo que más choca es que la instrucción haya interceptado las conversaciones telefónicas entre Nicolas Sarkozy y su abogado, Tierry Herzog.
“Pensamos que esa actuación del PNF constituye el delito de violación del secreto profesional del abogado”, declaró el jurista Patrick Klugman. “Ese secreto profesional es una garantía del ciudadano y del justiciable”. “Le queda a uno la sensación de que nada en esta historia está en su lugar”.
En la sentencia, el tribunal fue incapaz de utilizar una sola vez la palabra “prueba”, pues no encontró ninguna. A cambio de eso invocó la noción del “manojo de indicios graves, precisos y concordantes”, lo que es, en realidad, una construcción intelectual: un “manojo de indicios” no es una prueba. Sin un soporte material, es una valoración subjetiva y/o caprichosa del juzgador. Y lo peor: el juez renunció al principio de que la duda beneficia al acusado.
“Hubo investigaciones ocultas por parte del juez de instrucción”, reiteró la defensora Laffont. Las conversaciones telefónicas entre el acusado (Sarkozy) y su abogado (Herzog) fueron objeto de intercepciones ocultas pues el presidente de la barra de abogados de Paris no fue informado de eso, como es lo indicado. Durante siete años un juez instructor escuchó las conversaciones telefónicas personales del expresidente y, durante meses, interceptó las conversaciones de él con su abogado en una línea especial. Pese a ello no encontró la prueba capital para condenarlo sin generar el mar de críticas.
El secreto de las conversaciones entre un justiciable y su defensor es un derecho sagrado respetado en el mundo civilizado. Esa regla fue violada por el PNF. Este organismo llegó hasta examinar centenas de registros de las llamadas telefónicas de varios abogados de París para ver qué lazos tenían con Nicolas Sarkozy.
Esos métodos quedaron al desnudo y crearon una ola de pánico entre políticos de derecha y de izquierda. Todos temen caer en las manos de jueces excesivos que ven como normales tales abusos y que, bajo la creencia de que están persiguiendo a grandes delincuentes, se atreven a pasar sobre las reglas de procedimiento.
Las frases de ciudadanos exaltados llegan hasta los noticieros de televisión: “Hay jueces que utilizan la justicia para destruir los políticos que no les gustan”, escribió uno. Otro replicó: “Lo condenaron porque ese tribunal quería acabar con Sarkozy por ser un líder de derecha”. Desde luego, algunos se felicitan por tal condena. El odio anti Sarkozy sigue vivo en las alas más radicales del socialismo. Pero los caudillos de esa corriente se muestran prudentes.
Un consenso incipiente contra el PNF comienza a levantar cabeza. Políticos de todas las corrientes afirman ahora que ese organismo es un problema y debe ser desmantelado. La dirigente de derecha Marine Le Pen, candidata desde ya a la elección de 2022, y favorita en los sondeos, criticó la sanción impuesta a Nicolas Sarkozy y pidió la abolición del PNF. Ella misma es objeto de procesos penales montados de manera más o menos artificial por el PNF para entrabar su marcha hacia la presidencia. “Ese tribunal debería ser desmantelado pues violó el Estado de Derecho”. De tanto tirar la cuerda, el PNF podría salir perdiendo de esta aventura.
Algunos analistas se lamentan por el impacto internacional negativo que tendrán las anomalías del proceso contra el ex presidente Sarkozy. Aseguran que Francia está mostrando tener una justicia digna de un país del Tercer Mundo.