Tenemos ley de trazabilidad ¿Para cuándo los dientes?

Después de más de cinco años en su tránsito por el Congreso, la ganadería colombiana tiene un marco legal para avanzar bajo sistemas sostenibles cero deforestaciones. Es un logro que materializa uno de los propósitos del gremio ganadero para desarrollar en forma sostenible ambientalmente su actividad productiva que es, además, requisito para ingresar y consolidar posiciones en los mercados internacionales. Su puesta en marcha genera, sin embargo, inquietudes que bien vale la pena plantear cómo resolver.

La base de este marco es la Ley 2585, conocida como Ley de Ganadería Sostenible, promulgada recientemente (junio 04 de 2026), que establece instrumentos para garantizar que la cadena productiva de ganado bovino en Colombia esté libre de deforestación, y cuyo fundamento es la interoperabilidad y conexión entre un importante número de bases de información de distintas entidades del Estado más un entramado institucional bastante complejo, en donde interviene prácticamente la mitad del gobierno.

De ahí surge mi primera pregunta. ¿Para cuándo tendremos funcionando esa maravilla?

Según la misma Ley, la integración tomará año y medio, la cual incluye, además de la conexión, una capacitación entre las mismas entidades para el manejo de los datos y para el usuario, que impartirá el Ministerio de Agricultura.

Para darnos una idea de la dimensión de la tarea y de sus implicaciones, la norma ordena la interoperabilidad y conexión entre el Sistema Nacional de Identificación e información de Ganado Bovino (SINIGAN), el Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal (SNIITA), el Sistema de Información Oficial para la Expedición de Guías de Movilización Interna de Animales y otros sistemas de información del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural referido al ganado bovino.

También harán parte los *Sistemas de Información predial**, es decir*, el Catastro Multipropósito, el Sistema Nacional Catastral, el sistema cobol del IGAC y el Servicio de Registro de la propiedad inmueble, que tendrán que suministrar, intercambiar y actualizar información que permita avanzar en la prevención, control y lucha contra la deforestación.

Igualmente se tendrá que tener interoperabilidad con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (de manera prioritaria en las áreas identificadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y con Núcleos Activos y de Alta Deforestación (NAD) y las áreas incluidas en el Registro Nacional de Zonas Deforestadas del Ideam.

También hay que contar con la opinión de la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Identificación, información y Trazabilidad Animal, que creó esta ley y que será un órgano consultivo del Gobierno nacional. Estará integrada por 5 ministros, el DNP, el ICA, el director de la policía, un representante de un gremio con voz y voto, y uno de las organizaciones campesinas, cuyo reglamento para su nombramiento será aprobado por el gobierno.

Y para completar el entramado, se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF), que involucra otros ministerios (como el de Defensa), la Fiscalía y la Procuraduría, y estará encargada de combatir la deforestación y delitos ambientales, que indudablemente son esenciales para cumplir el propósito de la ley.

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto con la Agencia Nacional Digital, brindarán apoyo a las entidades públicas responsables de los sistemas de información mencionados, para asegurar la interoperabilidad. Llama la atención que por fin el gobierno tenga una estrategia común para enfrentar un problema, pero también hay que señalar que en su mayoría las bases registran datos desactualizados. Detectar un delito un año después, no sirve para nada.

¿Y de la platica qué? Se supone que la financiación sale de los presupuestos de las entidades públicas involucradas y del Fondo para la Vida y la Biodiversidad (creado para la mitigación y control de la deforestación en el país). Tarea que tampoco es fácil coordinar.

Después de conocer todo ese entramado, me viene a la mente un dicho popular que señala que cuando no se quiere hacer nada, lo mejor es nombrar comités y complicar los procesos. También me recuerda que, por lo menos en el caso de la ganadería, hoy son limitadas las investigaciones institucionales sobre sacrificio ilegal -que Fedegán estima superan el millón doscientos mil animales-, y donde se evidencia la falta de control sanitario en expendios de carne, del contrabando de carne y de animales en pie y calidad del trasporte. La prensa trae mucha información sobre esos temas para no hablar del abigeato que complica aún más el tema.

Hoy tenemos, entonces, ley de trazabilidad, que celebramos porque es un gran avance, pero ¿para cuándo tendremos operatividad y efectividad?, ¿cuándo tendrá dientes?

Con la expedición de esta ley el gobierno ha asumido una gran responsabilidad con los productores y con el mundo, pues la gestión recae principalmente en la institucionalidad pública cuya eficiencia garantizaría que Colombia logre producir en forma sostenible ambientalmente y cumpla con los acuerdos cero deforestación.

La experiencia demuestra, por lo menos por el lado del sector ganadero e ICA, que eso no es tan rápido ni fácil para tener un monitoreo real que sirva para imponer sanciones y correctivos, como tampoco es fácil y ágil la coordinación y la voluntad política.

Por fortuna, en esta oportunidad, aspiramos a tener un gobierno nacional que promete ejecución y gerencia. De lo contrario, será otra ley más, como los repetidos estudios sobre diagnósticos que reposan en los anaqueles de los ministerios.