El Congreso de la República aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que moderniza el régimen sancionatorio aduanero, pero la votación quedó en suspenso y el sector privado exige su aprobación antes del 20 de junio, plazo improrrogable. De no lograrse, más de 10.800 procesos por cerca de $7,07 billones de pesos deberían archivarse.

El proyecto de ley que busca establecer un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera avanza en el Congreso de la República en medio de llamados urgentes para acelerar su aprobación antes del 20 de junio de 2026, fecha límite fijada por la Corte Constitucional.

Desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, considera que esta reforma representa una oportunidad histórica para modernizar las reglas del comercio exterior colombiano y diferenciar claramente el error administrativo del fraude.

Javier Díaz, presidente de Analdex, destacó el papel que ha jugado el Congreso durante la discusión del proyecto.

“Quiero agradecerle al Congreso de la República por la disposición para el trámite del proyecto de Ley de código sancionatorio en materia aduanera. A pesar de las circunstancias que se han presentado en el proceso de aprobación en la parte final, creo que vale la pena rescatar todo el trabajo que se ha hecho con el Senado, con la Cámara, con las Unidades de Trabajo Legislativo, para llegar a la concertación entre la DIAN y el sector privado”, manifestó.

Buenas noticias desde el Congreso de la República 🇨🇴

Desde Analdex celebramos la aprobación en primer debate del proyecto de ley que adopta el nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en materia aduanera.

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— Analdex Colombia (@AnaldexColombia) May 19, 2026

¿Qué incluye la norma?

El proyecto es el resultado de más de 120 horas de trabajo presencial entre el sector privado, la autoridad aduanera, la academia y el Congreso, desarrolladas entre el 4 de marzo y el 21 de abril de 2026.

La ponencia unificada introduce instrumentos novedosos: la debida diligencia como causal de exoneración, el tratamiento diferenciado de errores formales, la suspensión del cobro inmediato para Operadores Económicos Autorizados (OEA) y la fijación de un término único de cinco años para la caducidad del decomiso.

El proyecto recibió aprobación, en primer debate, en las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara. Sin embargo, la sesión fue suspendida antes de formalizar completamente la votación, por lo que el trámite aún debe continuar en las plenarias.

Díaz subrayó el papel mediador del Legislativo y reiteró la urgencia de completar el trámite: “El Congreso jugó un papel fundamental de mediación, de lograr unir los conceptos para bien del sector de comercio exterior. Esperamos que este proceso termine, se ha citado a las sesiones conjuntas de Cámara y Senado para la votación y aprobación de este proyecto”, añadió el dirigente.

Según el gremio, si la ley no se aprueba a tiempo, podrían archivarse más de 10.800 procesos aduaneros por cerca de $7,07 billones, además de quedar debilitadas las facultades del Estado para adelantar decomisos y sanciones.

De acuerdo con Analdex, más allá de evitar un retroceso, la reforma establece, por primera vez, una distinción clara entre el operador diligente que incurre en un error humano y aquel que defrauda deliberadamente al Estado. Así lo comunicó la asociación en su pronunciamiento oficial.

"Este avance fortalece la lucha contra el contrabando, promueve el cumplimiento voluntario y brinda mayores garantías a los operadores de comercio exterior. Un régimen moderno fortalece la formalidad, protege los recursos del Estado y mejora la competitividad del país”, precisaron.

Con el reloj avanzando hacia el plazo constitucional de junio de 2026, el debate ahora queda en manos del Congreso, que deberá decidir si Colombia adopta un nuevo marco aduanero o enfrenta un vacío jurídico en uno de los sectores más sensibles para la economía nacional.