El Ministerio de Hacienda puso en marcha el mayor programa de emisión de deuda local en la historia del país para financiar el Presupuesto 2026. Aunque las subastas han tenido alta demanda, economistas y líderes políticos advierten que el nivel de endeudamiento podría agravar el déficit fiscal, desplazar la inversión privada y comprometer las finanzas públicas por décadas.

El gobierno nacional encendió las alertas en los mercados y en sectores políticos tras iniciar el programa de endeudamiento interno más grande del que se tenga registro en Colombia. El Ministerio de Hacienda autorizó emisiones de deuda pública local por hasta $152 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a $546,9 billones, una cifra sin precedentes.

La estrategia contempla la colocación de Títulos de Tesorería (TES), Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) y bonos indexados a la UVR. El arranque del plan se dio con una subasta de TCO por $250.000 millones, cuyos resultados evidenciaron una fuerte participación del mercado: se recibieron ofertas por $752.000 millones, más de tres veces el monto adjudicado, a una tasa de corte de 11,490 % para papeles con vencimiento en diciembre de 2026.

En paralelo, el gobierno colocó TES denominados en UVR por $450.000 millones, con vencimientos entre 2031 y 2062. La demanda superó ampliamente la oferta inicial y permitió activar una sobreadjudicación por $150.000 millones adicionales. Las tasas oscilaron entre 6,341 % y 6,450 %, según el plazo.

Sin embargo, más allá del buen recibo en las subastas, expertos advierten que el volumen del endeudamiento representa un riesgo estructural para las finanzas públicas. El Decreto 1478 de 2025 autoriza la emisión de TES Clase B por $85,25 billones para cubrir gastos del presupuesto de 2026, a lo que se suman otros $67 billones para operaciones temporales de tesorería, llevando el cupo total al límite histórico aprobado.

Críticos del plan señalan que este nivel de deuda se suma a un déficit fiscal que ya supera el 6,5 % del PIB y que podría dejar al próximo gobierno con un margen de maniobra muy reducido. El exministro y exsenador David Luna calificó la decisión como una “hipoteca generacional” y aseguró que, con esos recursos, el Estado podría financiar masivamente vivienda social en lugar de recurrir a deuda de largo plazo. “Las consecuencias las pagarán nuestros hijos y nietos”, advirtió.

En la misma línea, el docente Juan Martín Bravo sostuvo que el endeudamiento aprobado no está orientado a inversión productiva, sino a cubrir gasto corriente y burocracia, lo que, según él, profundiza el deterioro fiscal. “Se está comprometiendo el futuro del país para hacer política en el presente”, afirmó.

Más contundente fue el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien calificó la medida como “absolutamente absurda” y alertó sobre un posible efecto de desplazamiento del crédito privado. Según explicó, una deuda pública de este tamaño podría encarecer el financiamiento para empresas y hogares, afectando la inversión y el crecimiento económico.