La Unión Sindical Obrera pidió explicaciones al Gobierno para conocer el alcance real del Plan Indicativo de Enajenación Global 2026 que contempla la posible desinversión de más de $50,5 billones en activos vinculados a Ecopetrol. El sindicato también pedirá a la Comisión Quinta del Senado la apertura de una audiencia pública, mientras el Gobierno insiste en que el documento es informativo y no implica ninguna decisión de venta.

La posibilidad de una eventual desinversión en activos estratégicos de Ecopetrol encendió las alarmas en el sector energético. La Unión Sindical Obrera (USO) solicitó formalmente una reunión con el Ministerio de Hacienda y la alta dirección de la compañía para discutir el alcance del denominado Plan Indicativo de Enajenación Global presentado ante el Congreso.

El documento contempla activos por más de $50,5 billones que, según el Gobierno, podrían ser susceptibles de venta. Aunque la iniciativa no implica una decisión inmediata, el volumen y la naturaleza de los activos incluidos (que abarcan áreas clave como exploración, transporte, refinación y energía) han generado inquietud en distintos sectores.

En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, la USO pidió un espacio de diálogo institucional para obtener claridad sobre la información divulgada. El sindicato busca conocer el alcance real del plan, los activos eventualmente involucrados, los criterios técnicos que sustentarían una posible venta y los impactos sobre la operación, el empleo y la soberanía energética.

El documento que encendió la controversia contempla la posible venta de participaciones en al menos 15 activos estratégicos vinculados a la estatal petrolera. Entre los más significativos figuran Ecopetrol Global Energy S.L.U. ($17,5 billones), Ecopetrol USA INC ($14,8 billones) y Ecopetrol Permian LLC ($10,9 billones).

Actualmente, los activos en el Permian representan una parte significativa de la producción total del Grupo Ecopetrol (alrededor del 10 % al 15 % dependiendo del trimestre).

Pero la lista va mucho más allá: incluye compañías de exploración y producción, transporte y logística (como Cenit, Ocensa y el Oleoducto de los Llanos), refinación, petroquímica y energía, entre ellas ISA, Reficar, Hocol y Equión Energía. En la práctica, el listado abarca casi la totalidad de la estructura operativa de Ecopetrol.

En su carta al ministro Ávila, la Junta Directiva Nacional de la USO fue precisa en su preocupación: "Se trataría de decisiones con impacto estratégico sobre el patrimonio público, la estructura empresarial, la sostenibilidad financiera de la compañía, el empleo y la soberanía energética nacional".

El sindicato solicitó conocer oficialmente cuáles activos están bajo análisis, los criterios técnicos y financieros que sustentarían las eventuales ventas, los posibles impactos sobre los trabajadores y, sobre todo, la posición oficial del Gobierno y de Ecopetrol frente al tema.

"Confiamos en que el diálogo oportuno contribuirá a brindar claridad, estabilidad y confianza frente a la información que actualmente circula en la opinión pública", señaló el documento.

Lo que contestó el Minhacienda

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, aunque no despejaron del todo las dudas. El Ministerio de Hacienda aclaró que el plan "no constituye una aprobación ni decisión alguna de iniciar un proceso de enajenación de activos" y que su presentación ante el Congreso obedece a una obligación legal establecida por la Ley 226 de 1995, que ordena un informe anual sobre la propiedad accionaria de la Nación.

"El Gobierno no tiene intención de enajenar su propiedad accionaria en Ecopetrol", afirmó la cartera.

No es la primera vez que un listado de este tipo genera alarma. En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos, el entonces ministro Mauricio Cárdenas también presentó un plan similar que incluía activos de Ecopetrol, ISA, Banco Agrario, Findeter y la Financiera de Desarrollo (30 en total), sin que ninguna venta se concretara.

Sin embargo, el contexto actual es diferente: el déficit fiscal, los altos niveles de deuda pública y las recientes rebajas en la calificación soberana de Colombia crean un ambiente de mayor incertidumbre sobre las implicaciones reales del documento.

Para la USO, las explicaciones del Ministerio no son suficientes. La apertura de una audiencia pública en el Senado, que el sindicato ya gestiona, será el escenario donde el Gobierno deberá dar la cara ante el Congreso, los trabajadores y la opinión pública sobre el futuro de la empresa más importante del país.