CONtexto Ganadero inicia una serie especial basada en el documento ‘Las deudas del Gobierno Petro con el sector ganadero colombiano’, elaborado por Fedegán, que examina los principales compromisos del periodo 2022-2026, identifica los resultados alcanzados, expone las tareas inconclusas y plantea los desafíos que deberá asumir la nueva administración.

Casi cuatro años después de que el Gobierno Nacional anunciara una transformación del campo basada en la producción de alimentos, la sostenibilidad, la reforma rural y el fortalecimiento de los pequeños productores, el balance que presenta el documento ‘Las deudas del Gobierno Petro con el sector ganadero colombiano’ de Fedegán plantea una pregunta inevitable: ¿qué tanto de esas promesas llegó realmente a las fincas colombianas?

La respuesta, según el documento, muestra avances parciales, pero también una amplia lista de tareas que siguen pendientes para el desarrollo de la ganadería y del agro. (Lea en CONtexto ganadero: Las cuentas pendientes que Petro le deja al campo: Fedegán advierte retos urgentes para la ganadería)

La principal conclusión del informe es que la apuesta gubernamental privilegió la reforma agraria y el acceso a la tierra (aunque no siempre desarrollados de la mejor manera), mientras otros factores determinantes para el desarrollo rural, como la productividad, la infraestructura, la innovación, la comercialización y la seguridad rural, avanzaron a un ritmo menor del esperado.

"Más allá de los avances normativos e institucionales, la política agropecuaria enfrenta retos estructurales que no han sido resueltos", concluye Fedegán al advertir que el país necesita políticas enfocadas en resultados medibles.

Promesas sin consolidarse

El libro organiza su evaluación por áreas y ejes temáticos, siguiendo una misma lógica: qué prometió el Gobierno, qué se logró, cuáles fueron los obstáculos y qué deberá corregirse.

Uno de los casos más representativos corresponde al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Durante el cuatrienio se habló de salir del acuerdo, de renegociarlo o revisar algunos de sus componentes para proteger la producción nacional.

Ninguna de esas alternativas prosperó. En medio de la crisis lechera de 2023 y 2024, el Gobierno impuso un derecho compensatorio provisional del 4,86% sobre la leche en polvo importada desde Estados Unidos, pero la medida solo estuvo vigente durante cuatro meses que evidentemente no solucionaban el problema real, ni se convirtió en un mecanismo permanente de protección para los productores.

La creación de plantas pulverizadoras de leche, el fortalecimiento de las plantas de beneficio animal, la producción nacional de fertilizantes, el incremento del cultivo de maíz y la utilización de compras públicas para estabilizar el mercado o la admisibilidad sanitaria con EE. UU, registraron algunos anuncios y avances parciales, pero sin alcanzar el impacto estructural esperado.

"Las iniciativas planteadas no se tradujeron en instrumentos efectivos de protección o apoyo para los productores", señala Fedegán, al insistir en que muchas de las propuestas permanecieron en el plano regulatorio o en meros anuncios y no se consolidaron como políticas permanentes.

Productividad, deuda transversal

Más allá de cada programa, el documento identifica un problema común: la productividad.

Aunque el Gobierno incorporó a pequeños productores dentro de su estrategia agropecuaria, el informe concluye que la ciencia, la tecnología y la innovación no llegaron con la intensidad suficiente para transformar el campo.

Persisten limitaciones en mecanización, agricultura de precisión, conectividad, asistencia técnica, investigación aplicada y fortalecimiento de las cadenas de carne y leche.

Esa brecha también se refleja en la dependencia alimentaria. Según el documento, en 2025 las importaciones de alimentos superaron los 13 millones de toneladas, volumen que representa más del 32 % del consumo nacional, lo que evidencia que la producción interna aún no logra sustituir una parte importante de las compras externas, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

"La adopción tecnológica y el incremento de la productividad siguen siendo desafíos estructurales del sector agropecuario colombiano", advierte Fedegán, que plantea fortalecer la investigación aplicada, acelerar la transferencia tecnológica hacia las fincas y facilitar el acceso de los productores a herramientas de innovación.

Ambiente y bienestar animal, retos

El libro reconoce que la sostenibilidad ambiental ocupó un lugar central dentro del discurso gubernamental.

Sin embargo, sostiene que varias de las estrategias ambientales no lograron traducirse en políticas y programas públicos ni en mejoras concretas para la productividad o en mayores ingresos para los productores rurales. (Lea en CONtexto ganadero: Petro se equivoca: la verdad sobre la ganadería sostenible que no ha podido (o no ha querido) entender)

El análisis también incorpora la salud y el bienestar animal como componentes estratégicos para fortalecer la competitividad del sector, facilitar el acceso a mercados y consolidar una producción pecuaria sostenible.

Fedegán considera que estos avances requieren continuidad institucional, incentivos para la innovación y una mayor articulación técnica que permita convertir las metas ambientales y sanitarias en ventajas competitivas para el país.

Seguridad y estabilidad

La transformación del campo, sostiene el documento, depende igualmente de condiciones que garanticen confianza para producir e invertir.

La persistencia del abigeato, el carneo, la extorsión y la presencia de grupos armados continúa afectando la inversión, la movilidad y la comercialización en diferentes regiones ganaderas.

A ello se suma la necesidad de brindar mayor estabilidad jurídica frente a la reforma rural, la política de tierras y la actualización catastral, procesos que, según Fedegán, generaron preocupación entre los productores por su impacto económico.

Hay que mencionar que, en cuanto a la informalidad de las cadenas de carne y leche y el sacrificio clandestino, poco y nada se avanzó en el cuatrienio.

El informe advierte que, tras la actualización catastral, algunos predios rurales registraron incrementos en sus avalúos de hasta el 3.000%, situación que elevó significativamente el impuesto predial y generó preocupación entre numerosos productores por el impacto sobre los costos de producción y la rentabilidad.

Desafíos para el nuevo gobierno

El balance concluye que el próximo gobierno recibe una agenda mucho más amplia que la reforma agraria, y plantea mecanismos y estrategias de solución a las diferentes problemáticas del sector.

Entre los temas prioritarios aparecen el fortalecimiento de la infraestructura rural, la comercialización, la ciencia y la innovación, la producción nacional de fertilizantes, el bienestar animal, la seguridad rural, la defensa sanitaria, el impulso al consumo de carne y leche, la consolidación de una política estable para el fortalecimiento de las cadenas pecuarias y la administración eficiente y eficaz de los recursos parafiscales destinados al desarrollo ganadero.

"El objetivo debe ser pasar de una política sectorial reactiva ante las crisis, a una política de estado a largo plazo orientada a la productividad, la rentabilidad y la seguridad alimentaria del país", concluye Fedegán.

Esta es la primera entrega de una serie periodística en la que CONtexto Ganadero analizará, capítulo por capítulo, el documento elaborado por Fedegán sobre el balance del Gobierno Petro para el sector ganadero.

En las próximas publicaciones se examinarán en detalle los principales aciertos, los compromisos que no lograron consolidarse y los retos que, según el gremio, deberá asumir el nuevo gobierno para fortalecer la productividad, la competitividad y el desarrollo rural.