Diego Rubiano, coordinador de la MOE, explicó que se monitorea el comportamiento en departamentos como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Arauca y regiones del Catatumbo, donde persiste una fuerte presencia de grupos armados ilegales de cara a las presidenciales del 31 de mayo.

Si bien la Misión de Observación Electoral todavía no habla de un escenario catastrófico frente a las elecciones presidenciales de 2026, hay una cifra que enciende alarmas: Colombia ya alcanzó 386 municipios en riesgo electoral, muy cerca del umbral histórico de 400 que se registró en los años más críticos de violencia política antes del Acuerdo de Paz.

Un panorama que preocupa aún más porque el país entra en la recta final de campaña marcado por asesinatos, amenazas y denuncias de constreñimiento al elector. En entrevista a CONtexto, Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, explicó que el monitoreo más reciente identificó “un total de 386 municipios en riesgo y 139 de ellos están en riesgo extremo”, situación que, según afirmó, obliga a mantener medidas preventivas y reforzar las garantías democráticas.

La advertencia llega en medio de un ambiente político especialmente sensible tras el asesinato de Rogers Devia y Fabián Cardona, militantes vinculados a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el Meta. Para distintos sectores, estos hechos terminaron de confirmar que la violencia política volvió a instalarse en la contienda electoral.

Violencia armada y presión sobre votantes

De acuerdo con la MOE, los mayores riesgos se concentran en departamentos como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Arauca y regiones del Catatumbo, donde persiste una fuerte presencia de grupos armados ilegales. Rubiano explicó que en varias zonas rurales existe “una presión y control social muy fuerte ejercida por estos actores armados”, quienes imponen normas de convivencia y ejercen influencia sobre las comunidades.

Según detalló, en algunos territorios operan estructuras asociadas a disidencias de las Farc y al Estado Mayor Central, mientras que en otras regiones hay fuerte presencia del Ejército Gaitanista de Colombia. “El hecho de imponer normas de convivencia relacionadas a la vida diaria de estas personas no nos deja mayor espacio a pensar que efectivamente hay una presión importante”, señaló el vocero de la MOE.

Aunque aclaró que no puede hablarse de una pérdida total del control institucional, sí advirtió sobre riesgos reales frente a la libertad del voto y la movilidad electoral en ciertas regiones del país.

Desinformación y desconfianza institucional

Otro de los focos de preocupación tiene que ver con la circulación de contenido manipulado, audios falsos y campañas digitales orientadas a sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.
“Estamos hablando de unas narrativas que se están difundiendo de manera muy rápida y muy agresiva respecto de la legitimidad del proceso electoral”, afirmó Rubiano, quien alertó sobre el impacto que puede tener la desinformación en un contexto de alta polarización política. El coordinador del Observatorio Político-Electoral también destacó que Colombia tendrá uno de los mayores despliegues de observación internacional de su historia reciente, con presencia de delegaciones de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y organizaciones como el Centro Carter.

Mientras el país se acerca al 31 de mayo, la principal preocupación sigue siendo garantizar unas elecciones libres de violencia, presiones ilegales y dudas sobre la transparencia democrática.