La insistencia en una fallida reforma a la salud, la propuesta de giros directos para medicamentos y el amenazante fantasma de una constituyente vuelven a tensionar la discusión sobre el alcance político del Gobierno Petro.

A poco más de tres meses de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro sigue dejando claras sus intenciones de extender sus tentáculos a distintas instancias del poder. La salud continúa en el centro de su discurso político y de su narrativa de cierre de gobierno.

En su intervención en plaza pública, del primero de mayo, insistió en que el Congreso debe destrabar la apelación que busca revivir su reforma a la salud, archivada en la Comisión Séptima del Senado.

El mandatario sostiene que no pretende reemplazar la Constitución de 1991. Según explicó, su propuesta consiste en agregar dos capítulos: uno orientado a una transformación institucional y otro enfocado en un sistema anticorrupción. Sin embargo, la insistencia vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ha acompañado buena parte de su administración y que se conecta con el argumento del supuesto “bloqueo institucional” frente a sus reformas.

Sobre este tema de la Asamblea Constituyente, el Gobierno anunció además que buscará recoger cinco millones de firmas para presentar la iniciativa ante el Congreso el próximo 20 de julio, lo que abre una nueva etapa de debate político. Polémico y controversial per se.

La salud vuelve a ser el eje de la disputa

Tocando las cuerdas de la reforma a la salud, Petro justificó nuevamente su ofensiva afirmando que el proyecto permanece detenido en el Legislativo. Una reforma que se ha convertido en uno de los símbolos del pulso entre el presidente y el Congreso y que, sin éxito, ha tratado de “ver la luz” incluso como decreto, pero que fue tambien frenado por el Consejo de Estado.

Mientras ese debate sigue abierto, la crisis del sistema persiste. Los problemas financieros, el aumento de quejas y las fallas en la entrega de medicamentos, especialmente en la Nueva EPS, mantienen la presión sobre el Ejecutivo.

Se siguen sumando las demandas al nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud. El congresista Andrés Forero radicó otra demanda de nulidad. pic.twitter.com/voEJkPUEtr

— Teleantioquia (@Teleantioquia) May 4, 2026

En ese contexto apareció una nueva propuesta del superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, quien planteó transferir dinero directamente a pacientes que no reciban oportunamente sus medicamentos, para que ellos mismos realicen la compra. Después, esos montos serían descontados de la UPC que el Estado gira a las EPS.

La idea surgió luego de un caso puntual en el que, según explicó el Superintendente, se giraron cerca de $ 900.000 pesos a la madre de una menor para adquirir un medicamento urgente. “Esta puede ser una solución para las EPS que no entreguen la medicina giros directos a las familias como mecanismo de emergencia y descuento de esos recursos a las EPS de su UPC esta idea se la escuché a Jorge Iván Ospina puede funcionar”, afirmó Quintero.

La iniciativa abrió un fuerte debate. Sus defensores la ven como una respuesta inmediata frente a fallas de atención. Sus críticos advierten riesgos de trazabilidad, doble facturación y pérdida de control sobre recursos públicos. Desde distintos sectores se ha advertido que una medida de ese tipo podría generar un desborde en el gasto del sistema y un manejo improvisado de fondos que exigen vigilancia estricta.

Las dos apuestas (la insistencia en la reforma y los giros directos) comparten un mismo trasfondo: el Gobierno mantiene su propósito de asumir un papel central en la administración de los recursos de salud.

Lo que también empieza a quedar claro es otra cosa. Más allá de la recta final de su mandato, Petro no parece estar preparando una retirada de la política. El debate constituyente, la persistencia en la agenda de la reforma a la salud y la continuidad de su discurso muestran que su influencia buscará seguir gravitando sobre el escenario nacional después de dejar la Presidencia.