La Fiscalía intensifica el proceso contra la cadena de ropa interior femenina, en un caso que involucra presunto lavado de activos, contrabando y un entramado empresarial en 59 ciudades de Colombia.

El proceso judicial contra la reconocida marca de ropa femenina Lili Pink sigue escalando en Colombia. La Fiscalía General de la Nación avanza en la extinción de dominio de bienes vinculados a un presunto esquema de lavado de activos que superaría los $730.000 millones, en una de las investigaciones más grandes recientes contra el comercio formal.

Operación nacional

Las autoridades desplegaron un operativo de gran alcance en 59 ciudades y municipios, con intervención sobre cientos de puntos de venta y activos de la compañía. En total, ya fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, que quedaron bajo medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.

La investigación, que se remonta a varios años, apunta a un supuesto entramado de importadoras y empresas de papel que habrían facilitado el ingreso de mercancía subfacturada desde Asia, especialmente a través de zonas como Maicao, Barranquilla y Tumaco. Según la Fiscalía, este esquema habría permitido dar apariencia legal a recursos de origen ilícito.

De acuerdo con las autoridades, el modelo utilizado incluía la simulación de operaciones comerciales, la fragmentación de transacciones y el uso de proveedores ficticios, lo que dificultaba la trazabilidad del dinero.

Hay que mencionar los hallazgos de la Dian relacionados con devoluciones irregulares de IVA y movimientos financieros inconsistentes dentro del sector textil.

El expediente también contempla otras conductas como contrabando (estimado en más de $75.000 millones) y enriquecimiento ilícito que superaría los $430.000 millones, lo que amplía el alcance del caso más allá del lavado de activos.

¿Qué pasará con las tiendas?

A pesar de la magnitud del proceso, la Fiscalía ha confirmado que los establecimientos seguirán operando mientras se define la situación jurídica. Los activos intervenidos continuarán desarrollando su actividad económica, pero ahora bajo control del Estado, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La empresa, por su parte, aseguró que colabora con las autoridades y pidió garantizar la estabilidad laboral de sus empleados, en medio de un proceso que aún no concluye y que podría derivar en decisiones de fondo sobre la propiedad de los bienes.

En este contexto, el caso Lili Pink se convierte en un referente del uso de la extinción de dominio en Colombia, un mecanismo que permite al Estado reclamar bienes vinculados a actividades ilícitas, incluso sin una condena penal previa, y que hoy pone bajo la lupa a uno de los negocios más visibles del comercio nacional.