Operativos simultáneos en varias ciudades del país buscan esclarecer un presunto entramado de contrabando y lavado de activos que salpica a una de las marcas más reconocidas del mercado de ropa interior femenina en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación adelanta un amplio operativo de extinción de dominio masiva que cobija a más de 300 establecimientos comerciales de la marca Lili Pink, en el marco de una investigación por presunto contrabando de textiles y posibles maniobras de lavado de activos. Las acciones se desarrollan de manera simultánea en distintas ciudades del país, incluida Bogotá.

Operativo en curso

Las diligencias son lideradas por varias dependencias del ente acusador, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que recopila pruebas y construye informes en tiempo real. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, se trata de una investigación en etapa preliminar, por lo que aún no se han establecido responsabilidades definitivas.

Durante la jornada se reportó al menos una captura, mientras avanzan los allanamientos y la recolección de información clave. En paralelo, expertos en extinción de dominio analizan la viabilidad de imponer medidas cautelares inmediatas, que podrían derivar en la suspensión de actividades de varios locales.

Impacto en la marca

La cadena Lili Pink, reconocida por su presencia en centros comerciales y su modelo de franquicias, ha construido durante años una imagen de accesibilidad y diseño en el mercado de ropa interior femenina. Sin embargo, las pesquisas apuntan a posibles irregularidades en la importación y comercialización de productos textiles.

Aunque el alcance de las investigaciones aún está por definirse, el proceso podría implicar que varios bienes pasen a administración temporal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar activos incautados. Este escenario marcaría un golpe significativo para la operación comercial de la marca en el país.

Incertidumbre y silencio

En medio del desarrollo del operativo, la página web oficial de la compañía presentó fallas y aparece en mantenimiento, lo que ha generado inquietud entre clientes y aliados comerciales. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.

Las autoridades insisten en que el proceso apenas comienza y que será la justicia la encargada de determinar si existieron conductas ilegales. Por ahora, el caso se perfila como uno de los operativos más grandes recientes en materia de control a las finanzas del comercio textil en Colombia.