La senadora del Centro Democrático anunció acción judicial contra la Resolución 327 de 2025, que habilita a figuras como Salvatore Mancuso y Jorge 40 como gestores de paz en el Gobierno Petro. El debate revive heridas abiertas sobre verdad, justicia y reparación en Colombia.

La política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro volvió a encender un incendio político y jurídico en el país. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra la Resolución 327 de 2025, mediante la cual el Gobierno designó a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cabal advirtió: “Le anuncio al país que, en defensa del Estado de Derecho y de las víctimas del mal llamado paramilitarismo, presentaré demanda de nulidad contra la Resolución 327 de 2025, mediante la cual se designa como gestores de paz a varios exparamilitares”.

La decisión del Ejecutivo, que pone en manos de antiguos comandantes de las AUC tareas relacionadas con verdad, reparación y reconciliación, provocó un terremoto político. Para Cabal, se trata de un abuso de poder que desconoce la letra de la ley y reabre las heridas de las víctimas.

Le anuncio al país que, en defensa del Estado de Derecho y de las víctimas del mal llamado paramilitarismo, presentaré demanda de nulidad contra la Resolución 327 de 2025, mediante la cual se designa como gestores de paz a varios exparamilitares.

La Ley de Paz Total no otorga… pic.twitter.com/FSa2yz9WZ9

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 23, 2025

“No permitiremos que se revictimice a los colombianos”

La senadora del Centro Democrático aseguró que la Ley de Paz Total no le da facultades al presidente Petro para reincorporar en funciones de gestor de paz a desmovilizados que ya fueron procesados bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005.

“No permitiremos que, bajo el pretexto de la paz, se revictimice a los colombianos que aún esperan verdad, justicia y reparación”, escribió en la red social.

Su mensaje refleja la inconformidad de amplios sectores que ven en estos nombramientos un retroceso en la búsqueda de justicia para miles de víctimas de la violencia paramilitar.

Los nombres que reabren viejas heridas

La indignación no es gratuita. Entre los 16 designados como gestores de paz se encuentran nombres que simbolizan el horror de la guerra: Salvatore Mancuso, Jorge Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo, Carlos Mario Jiménez alias Macaco y Freddy Rendón alias El Alemán.

Todos ellos, según la resolución, deberán entregar un plan de trabajo ante el Ministerio del Interior, presentar informes periódicos y colaborar con mecanismos de reparación. Su periodo de funciones irá hasta el 6 de agosto de 2026.

El comisionado para la paz, Otty Patiño, defendió la medida: “El rol de los gestores de paz buscará responder al diagnóstico oficial sobre los avances de cada uno de estos procesos”. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó que la verdad y la reparación son los pilares de esta política.

Sin embargo, las explicaciones del Gobierno no han calmado las críticas.

Un choque legal y ético

La controversia gira en torno a los límites de la figura del gestor de paz. Mientras el Ejecutivo argumenta que se trata de un instrumento para cerrar procesos inconclusos desde 2005, sectores de oposición denuncian que se trata de un uso político de la justicia transicional.

Cabal cuestiona que, al nombrar nuevamente a exparamilitares en roles de representación oficial, el Gobierno desconoce que ya tuvieron beneficios jurídicos a cambio de verdad y reparación. Para ella, este “segundo aire” en la política pública no solo erosiona el Estado de derecho, sino que envía un mensaje de impunidad.

En contraste, el Gobierno insiste en que estos nombramientos no cambian el estatus jurídico de los excombatientes ni afectan los regímenes de libertad que ya enfrentan. Según Benedetti, su participación busca fortalecer el tejido social y aportar a la reconciliación.

El trasfondo político

La decisión de Petro se produce en un contexto de debilitamiento de la confianza ciudadana frente a su política de Paz Total. Los cuestionamientos a los diálogos con grupos armados, sumados a la persistencia de masacres y extorsiones en varias regiones, han puesto en entredicho la efectividad de su estrategia.

El debate trasciende lo jurídico y lo político. En el fondo, revive una discusión que Colombia no ha cerrado: ¿cómo lograr reconciliación sin sacrificar justicia? ¿Hasta dónde llegan los beneficios para excombatientes? ¿Y dónde quedan las víctimas en este rompecabezas?