La exministra López hizo el cuestionamiento al advertir que muchas hectáreas reportadas como entregadas aún no tienen registro definitivo. El Gobierno respondió que las entregas provisionales son legales y necesarias para acelerar el acceso a la tierra. El debate ya no es solo político: también es jurídico y técnico.

La implementación de la reforma agraria volvió al centro de la discusión nacional tras el intercambio entre la exministra de Agricultura Cecilia López y la actual titular de esa cartera, Martha Carvajalino.

La diferencia parece sencilla, pero tiene profundas implicaciones: ¿una tierra puede considerarse entregada cuando el campesino ya la ocupa o únicamente cuando la escritura queda inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP)?

Interpretaciones opuestas

Para Cecilia López, la respuesta es clara. La exministra sostiene que un acto administrativo expedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no reemplaza el registro definitivo de la propiedad y que contabilizar esos predios como entregados puede generar una percepción equivocada sobre el verdadero avance de la reforma agraria.

Según explicó, mientras no exista inscripción en las ORIP, el beneficiario no adquiere plenamente la propiedad y continúa enfrentando limitaciones para acceder a crédito, proyectos productivos y otras herramientas de desarrollo rural.

La ministra Martha Carvajalino respondió que esa interpretación desconoce el funcionamiento del régimen agrario colombiano.

Según explicó, el Gobierno diferencia las entregas provisionales de las definitivas y considera que esperar la culminación de todos los trámites registrales retrasaría durante meses (e incluso años) la puesta en producción de las tierras.

A su juicio, la adjudicación ya reconoce un derecho a favor del beneficiario y el registro cumple principalmente una función de publicidad frente a terceros.

Lo que muestran las cifras

Los datos públicos reflejan que ambas posiciones parten de una realidad objetiva: existe una diferencia importante entre las tierras plenamente registradas y las que el Gobierno reporta como entregadas.

El indicador ID2 del sistema SINERGIA registra, entre 2023 y mayo de 2026, 90.608 hectáreas inscritas en las ORIP mediante 7.274 titulaciones.

Frente a la meta oficial de 1,5 millones de hectáreas, ese avance equivale aproximadamente al 6 %.

Al mismo tiempo, el Gobierno informa un número considerablemente mayor de hectáreas entregadas de manera provisional o pendientes de culminar el proceso registral, precisamente el punto que originó la controversia.

Más preguntas que respuestas

Los mismos reportes muestran que cerca del 71 % del área titulada se concentró durante 2025, con un crecimiento especialmente fuerte en diciembre de ese año, circunstancia que algunos analistas consideran relevante por coincidir con el inicio del calendario electoral de 2026.

Los datos también evidencian que buena parte de las adjudicaciones corresponden a titulaciones colectivas para comunidades étnicas, especialmente en Vichada y Meta, y que el acceso al crédito continúa siendo uno de los principales cuellos de botella: de 2.630 beneficiarios individuales monitoreados, solo 76 habían recibido desembolsos posteriores a la adjudicación.

El debate, en consecuencia, ya no gira únicamente alrededor de cuántas hectáreas ha adquirido el Estado, sino de cuál debe ser el criterio para afirmar que una tierra realmente fue entregada y cuándo esa entrega comienza a traducirse en una verdadera transformación de la estructura agraria colombiana.