La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto que sustentaba la emergencia económica decretada en diciembre de 2025. La decisión deja sin efectos las medidas fiscales propuestas por el Gobierno y mantiene suspendidas otras normas mientras se define su legalidad.

La caída del decreto de emergencia económica marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y la justicia constitucional. La decisión del alto tribunal no solo anula una de las principales apuestas fiscales del Gobierno, sino que redefine los límites del uso de los estados de excepción en Colombia, golpe jurídico clave que impacta directamente la política económica, al tiempo que reabre el debate sobre el manejo de la crisis fiscal.

Razones del fallo

La Corte Constitucional determinó que el Decreto Legislativo 1390 de 2025 no cumplía con los requisitos exigidos por la Constitución para declarar un estado de emergencia. En particular, concluyó que no se configuraban las condiciones de imprevisibilidad y excepcionalidad, necesarias para otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo.

En palabras del magistrado ponente, “El decreto 1390 de 2025 vulneró los principios democráticos y de separación de poderes en la medida en que el Gobierno Nacional se apropió de competencias de otras ramas del poder público sin cumplir con los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción”.

El análisis del tribunal también apuntó a que la medida respondía más a un desacuerdo político que a una situación extraordinaria. En ese sentido, la ponencia advirtió que el decreto representaba “una afrenta al funcionamiento del Congreso de la República”, al intentar sustituir la función legislativa ante la falta de consensos. Límites al Ejecutivo quedaron así claramente establecidos en la decisión.

Qué proponía el decreto

El decreto hacía parte de una estrategia para recaudar cerca de $11 billones mediante una serie de reformas tributarias. Entre ellas se contemplaba el aumento del IVA a licores del 5% al 19% y un incremento significativo en el impuesto de renta para las entidades financieras.

También se planteaba un esquema de mayor carga fiscal para el sector minero-energético, junto con nuevos gravámenes a productos como cigarrillos y vapeadores, además de la ampliación del impuesto al patrimonio para personas con altos ingresos, reforma fiscal amplia que buscaba responder a lo que el Gobierno denominó un “déficit de riesgo”.

El Ejecutivo argumentó que la emergencia era necesaria para evitar un eventual incumplimiento de obligaciones financieras, especialmente en lo relacionado con la deuda pública y el sistema de seguridad social. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para convencer a la Corte.

Implicaciones de la decisión

Con la declaratoria de inexequibilidad, el decreto pierde vigencia de manera inmediata y deja de producir efectos jurídicos. Esto implica la caída del paquete de medidas fiscales que el Gobierno pretendía implementar bajo el amparo de la emergencia, impacto fiscal inmediato que obliga a replantear la estrategia económica.

Además, la Corte decidió que otros decretos derivados de esta emergencia, como el 1474 de 2025 y el 044 de 2026, continuarán suspendidos mientras se estudia su constitucionalidad. Esto mantiene en incertidumbre varias disposiciones adoptadas en ese contexto.

La decisión no fue unánime. Dos magistrados salvaron parcialmente su voto, lo que evidencia diferencias internas sobre algunos puntos del fallo. No obstante, la posición mayoritaria deja un mensaje sobre el uso de mecanismos excepcionales: no pueden sustituir los canales ordinarios de deliberación democrática.