Los resultados registrados en municipios con presencia de grupos armados reabrieron una discusión que Colombia creía superada. Para la senadora, las votaciones atípicas, las denuncias de presión sobre comunidades y el control territorial de estructuras ilegales ameritan investigaciones similares a las que años atrás destaparon uno de los mayores escándalos políticos del país.

Las elecciones presidenciales de 2026 dejaron una discusión que trasciende los resultados en las urnas.

Mientras continúan los análisis sobre municipios donde se registraron votaciones superiores al 90% para un mismo candidato y mesas con respaldos cercanos al 100%, la senadora Paola Holguín planteó, en CONtexto, una hipótesis que empieza a ganar espacio en el debate público: la necesidad de investigar si existe una relación entre esos resultados y la presencia de grupos armados ilegales en determinadas regiones. (Lea en CONtexto ganadero: Mesas de votación de Iván Cepeda con el 95 y hasta el 100%: ¿Casualidad o coincidencia?)

La tesis no gira únicamente alrededor del denominado voto fusil. Su planteamiento va más allá y apunta a un fenómeno que, según la congresista, podría tener similitudes con los procesos que dieron origen a las investigaciones por parapolítica hace casi dos décadas.

Antecedentes

Las investigaciones por parapolítica comenzaron cuando las autoridades identificaron patrones electorales inusuales en regiones en los que grupos paramilitares ejercían influencia política y militar.

“Así como la parapolítica surge porque empiezan a analizar votaciones atípicas en zonas de paramilitares en favor de congresistas, hoy debería iniciarse algo similar con la Farc-política y la ELN-política”, afirmó.

Según Holguín, la discusión no debe limitarse a los resultados electorales, sino a establecer si en determinadas regiones existieron condiciones reales para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto sin presiones externas.

Las preocupaciones de la congresista se apoyan en denuncias relacionadas con presuntos procesos de carnetización, retención de cédulas, amenazas y restricciones impuestas a comunidades ubicadas en zonas de influencia de grupos armados ilegales.

“Ahí se ha denunciado de todo: quitarles las cédulas, amenazas directas y advertencias de que si no aparecían determinados resultados habría consecuencias para las comunidades”, señaló Holguín.

A su juicio, el problema ya no se limita a la presencia visible de hombres armados durante la jornada de votación, sino a sistemas de control social que pueden influir sobre las decisiones de los electores antes, durante y después de acudir a las urnas. (Lea en CONtexto ganadero: Más ataques dejan decenas de muertos: ¿quién protege a Colombia de cara a las elecciones?)

Territorios perdidos

Para Holguín, el problema de fondo está relacionado con la pérdida de capacidad institucional del Estado en algunas regiones del país, donde organizaciones ilegales han fortalecido su control social y territorial.

“El gran problema es que al no controlar esos territorios es difícil garantizar una elección verdaderamente libre y transparente”, manifestó.

Desde esa perspectiva, las votaciones atípicas serían una consecuencia de un fenómeno más amplio relacionado con la expansión territorial de grupos armados ilegales durante los últimos años.

La propuesta de investigar una eventual Farc-política o ELN-política seguramente generará controversias.

Sin embargo, la discusión ya está planteada. Y más allá de las diferencias partidistas, el debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental para la democracia colombiana: si existen territorios donde grupos armados conservan capacidad para influir en la voluntad política de los ciudadanos, el problema no es únicamente electoral, sino institucional