Organizado por Noticias Caracol, el Congreso de Naturgas puso sobre la mesa temas energéticos de suma importancia, pero también abrió un frente político mayor: la defensa o reforma de la Carta Magna.

Entre propuestas, ausencias y tensiones, el encuentro dejó ver el pulso de las campañas. El dardo más potente lanzado en medio de este debate fue el de Sergio Fajardo sobre la Constitución de 1991. El exgobernador planteó la necesidad de recoger cerca de tres millones de firmas para “blindar” la Constitución Política del 91, frente a eventuales intentos de reforma estructural.

Su propuesta se presenta como respuesta a sectores que, según dijo, buscan convocar una Asamblea Constituyente.
La pregunta que dejó sobre la mesa no es menor: ¿por qué existe hoy un interés en modificar la Constitución del 91? ¿Es una necesidad jurídica o una apuesta política?

El debate cobra fuerza en un contexto en el que figuras como Iván Cepeda han mencionado en distintas ocasiones la posibilidad de una constituyente, lo que ha generado reacciones encontradas en distintos sectores. Discusión en un país distinto al del 1991

El planteamiento de reformar la Constitución se da en un escenario radicalmente diferente al de hace más de tres décadas. Colombia enfrenta hoy un alto nivel de polarización política, con tensiones entre Gobierno y oposición que han permeado el debate público. Diversos analistas advierten que impulsar cambios estructurales en este contexto podría abrir la puerta a riesgos institucionales.

La Constitución de 1991 nació como un acuerdo amplio tras un periodo de crisis, mientras que el panorama actual carece de ese consenso. En ese sentido, la discusión no solo es jurídica, sino política: modificar las reglas del juego en medio de una confrontación ideológica podría profundizar divisiones en lugar de resolverlas.

#Colombia | Avalan a comité que busca convocar una Asamblea Constituyente a través de recolección de firmashttps://t.co/eIotXz22BT

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 31, 2026

Debate energético: consensos y coincidencias

Más allá del tema constitucional, el eje del encuentro fue la política energética. En el marco del Congreso de Naturgas, los candidatos coincidieron en la importancia del gas como energético de transición.

Uno de los puntos de mayor consenso fue el respaldo al fracking, una técnica que ha generado controversia en el país, pero que en este escenario encontró apoyo entre los aspirantes presentes.
El debate evidenció una postura más pragmática frente al abastecimiento energético, en contraste con las tensiones ideológicas que han marcado la discusión en otros espacios. Ausencias que marcaron la agenda

El encuentro también estuvo marcado por la ausencia de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con información publicada en medios, las razones de su ausencia responden a decisiones de agenda y estrategia de campaña. Sin embargo, su inasistencia no pasó desapercibida. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol fue enfático al señalar que asistir a debates no es un favor a los medios, sino un deber de quienes aspiran a gobernar el país.

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¿Deber o decisión?

La polémica sobre la no asistencia de candidatos a debates no es nueva. En Colombia, actualmente no existe una norma que obligue a los aspirantes a participar en estos espacios. De hecho, tal como lo señala ColombiaCheck, iniciativas legislativas que buscan imponer esa obligación aún no han sido aprobadas.

Desde el ámbito jurídico, algunos expertos sostienen que participar en debates hace parte del principio democrático de deliberación pública, aunque no sea una exigencia legal estricta. Incluso, sectores ciudadanos han explorado mecanismos como tutelas para exigir mayor transparencia y participación de los candidatos, aunque estos no han generado aún precedentes obligatorios.

Lo que deja el debate

El encuentro en Naturgas dejó varias lecturas. Por un lado, mostró coincidencias en temas energéticos de suma importancia para el país. Por otro, evidenció fracturas políticas en torno a asuntos estructurales como la Constitución. Retomando lo propuesto por Sergio Fajardo, se reconfigura el debate electoral, al introducir una discusión sobre las reglas del juego institucional. Al mismo tiempo, las ausencias y la controversia sobre la obligatoriedad de los debates reflejan un desafío para la democracia: garantizar que los ciudadanos tengan acceso a las posiciones de quienes buscan gobernar.

La discusión ya no es solo qué hacer con el país, sino bajo qué reglas hacerlo. Y en ese terreno, la pregunta que queda abierta es tan simple como determinante: ¿está Colombia en condiciones de reescribir su Constitución en medio de la polarización actual, o el verdadero desafío es defenderla?