A días de las elecciones presidenciales, el debate dejó de centrarse únicamente en quién lidera las encuestas y pasó a enfocarse en algo mucho más delicado: la confianza en las firmas encuestadoras, el poder que tienen sobre la opinión pública y las grietas internas del propio Consejo Nacional Electoral.

A pocos días de una de las jornadas electorales más tensas de los últimos años, Colombia terminó atrapada en una polémica que mezcla encuestas, divisiones dentro del Consejo Nacional Electoral y dudas sobre la transparencia de las firmas que miden la intención de voto.

Todo comenzó con Atlas Intel, una firma internacional especializada en análisis de opinión pública y datos electorales, reconocida por el acierto de sus pronósticos en distintas elecciones alrededor del mundo. En Colombia, la compañía ganó protagonismo por sus mediciones sobre intención de voto, pero también terminó convirtiéndose en la encuestadora con más solicitudes de revisión y control ante el Consejo Nacional Electoral.

Solicitudes o alertas que surgieron luego de cuestionamientos relacionados con su metodología y presuntas inconsistencias frente a la nueva normativa electoral sobre medición de intención de voto. A partir de allí, la magistrada del tribunal electoral, Fabiola Marquez, impulsó una medida cautelar que buscaba suspender provisionalmente la divulgación de sus encuestas mientras avanzaba la investigación. Sin embargo, el caso rápidamente escaló y dejó de ser únicamente una discusión técnica.

Audios filtrados y choque entre magistrados

La controversia se intensificó tras la filtración de audios y discusiones internas protagonizadas por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Fabiola Márquez, dejando en evidencia tensiones dentro del organismo electoral sobre cómo manejar el caso Atlas Intel en plena recta final de campaña.

Mientras algunos sectores hablaban, incluso, de una “inhabilidad” o “suspensión” de la firma, el panorama jurídico terminó siendo mucho menos contundente de lo que inicialmente se proyectó. Y para curarse en salud, la propia encuestadora interpuso un recurso de reposición, lo que impidió que la medida cautelar quedara en firme y permitió que sus sondeos continuaran circulando mientras el caso seguía siendo evaluado.

Fue entonces cuando intervino públicamente el magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, quien aclaró el verdadero alcance de lo ocurrido.

🔴Video | Fuerte discusión en el CNE entre los magistrados Fabiola Márquez y Álvaro Hernán Prada por medidas contra la encuestadora AtlasIntel. Por ahora, la firma podrá seguir publicando sondeos tras un recurso de reposición que habría presentado la revista Semana. pic.twitter.com/o7gpJXHMTk

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 21, 2026

No existe decisión oficial en firme

Quiroz explicó que Atlas Intel, actualmente, sí puede seguir realizando y publicando encuestas porque “no existe una decisión oficial en firme que suspenda sus actividades”. El magistrado también precisó que “esa decisión es inherente de la Sala Plena y esta no ha tomado una decisión final”, desmontando así la idea de que existiera una sanción definitiva contra la firma.

En la práctica, lo que terminó generando el revuelo no fue una inhabilidad formal, sino recomendaciones y apreciaciones técnicas provenientes de una comisión asesora del CNE. El episodio, lejos de cerrarse, terminó abriendo interrogantes mucho más profundos sobre quién vigila realmente a las encuestadoras en Colombia, qué tan claras son las reglas para sancionarlas y cuánto pueden influir sus mediciones en la percepción de los votantes.

Porque a días de las elecciones, el país no solo discute quién va ganando en las encuestas, también empieza a preguntarse qué tan confiables son quienes las producen.