La revisión constitucional del impuesto al patrimonio, clave en la emergencia económica del Gobierno, quedó suspendida tras el impedimento de seis magistrados. Mientras se resuelve este punto, el proceso no puede avanzar y crece la incertidumbre sobre el futuro del tributo.

Corte Constitucional no logró avanzar en el análisis de la exequibilidad del impuesto al patrimonio, una de las medidas centrales de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.

La discusión quedó frenada luego de que seis magistrados presentaran impedimentos, lo que obliga a resolver primero estos recursos antes de retomar el estudio de fondo.

Entre quienes se apartaron del caso figuran Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Natalia Ángel, Carlos Camargo y Miguel Polo. Esta situación deja en suspenso una decisión crucial sobre un tributo que el Ejecutivo considera esencial para atender necesidades fiscales urgentes.

Por ahora, el proceso permanece en un punto muerto mientras la Sala Plena define si acepta o rechaza los impedimentos.

Revisión en pausa

La magistrada Lina Marcela Escobar tiene a su cargo el estudio del Decreto 173 de 2026, que reglamenta el impuesto al patrimonio. Desde inicios de marzo pasado inició la recolección de pruebas con el fin de evaluar la legalidad de la medida dentro del marco del estado de excepción.

En el curso de este análisis, solicitó al Gobierno aclarar cuánto del recaudo proyectado, estimado en 8,3 billones de pesos, provendría específicamente de este impuesto. Además, pidió detalles sobre alternativas fiscales consideradas y formuló más de cincuenta interrogantes relacionados con la justificación de la emergencia económica.

El proceso también incluyó la participación de varias gobernaciones, entre ellas Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, que deberán informar sobre sus necesidades presupuestales. A lo anterior se suman cerca de veinte entidades académicas y técnicas invitadas a emitir concepto sobre la constitucionalidad del decreto.

Recaudo en marcha

A pesar del freno en la Corte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya comenzó a recaudar recursos por este concepto. Con corte al 14 de abril, la entidad reportó ingresos por 2,43 billones de pesos, una cifra que aún está lejos de la meta oficial.

El avance en el recaudo contrasta con la incertidumbre jurídica que rodea al impuesto, especialmente en el sector empresarial. Desde los gremios han surgido críticas sobre el impacto que tendría mantener este tributo para personas jurídicas.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, advirtió que la medida podría comprometer la estabilidad de miles de empresas, al considerar que muchas no tendrían la capacidad de asumir esta carga tributaria.

Críticas del sector empresarial

Desde el empresariado se ha insistido en que gravar el patrimonio corporativo podría afectar la inversión y la generación de empleo. Según Gutiérrez, este tipo de impuestos castiga a las compañías que han acumulado activos en el país y no responde a un esquema eficiente de recaudo.

La dirigente también alertó sobre posibles efectos en el mercado laboral, teniendo en cuenta que el sector empresarial es responsable de millones de empleos formales. En ese contexto, el debate sobre el impuesto no solo es jurídico, sino también económico.

Por ahora, todo queda supeditado a la decisión que tome la Corte frente a los impedimentos. Solo entonces se podrá retomar el análisis de fondo de una medida que sigue generando fuerte controversia en distintos sectores del país.