La Corte Constitucional avanza en el estudio de los decretos de emergencia económica mientras crece la presión del sector empresarial, que incluso ha pedido tumbar las medidas. El debate revive tensiones entre Gobierno, justicia y gremios, en medio de un antecedente clave: el Ejecutivo ya ha decretado dos emergencias en menos de un año.

Las decisiones recientes de la Corte Constitucional han dejado en evidencia los límites jurídicos del uso de las emergencias económicas en Colombia. En abril de 2026, el alto tribunal declaró inconstitucional la emergencia decretada por el Gobierno en diciembre de 2025, al considerar que se afectaba el equilibrio de poderes tras el intento de implementar medidas tributarias sin pasar por el Congreso.

Esa fue la primera de las dos emergencias económicas decretadas por el presidente en menos de un año. La segunda se produjo en febrero de 2026, esta vez por la crisis invernal en varias regiones del Caribe, lo que reactivó el debate jurídico y político sobre el uso de estas facultades extraordinarias.

Además, la Corte ordenó devolver recursos recaudados bajo la primera emergencia, generando efectos fiscales relevantes para el Gobierno y marcando un precedente sobre el alcance de estas medidas.

Actualmente, el alto tribunal continúa evaluando la legalidad de los decretos expedidos en la segunda declaratoria, sin que exista aún una decisión definitiva.

La presión empresarial crece

En medio del estudio judicial, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) elevó el tono del debate al enviar una carta solicitando la inexequibilidad del decreto más reciente. El gremio argumentó que no se cumplen requisitos constitucionales para declarar la emergencia.

En el documento, la organización sostuvo que “a través del uso de los estados de emergencia, se ha pretendido erosionar el principio democrático”, y cuestionó que el decreto “no satisface el presupuesto fáctico”.

También insistió en que el Gobierno contaba con mecanismos ordinarios para enfrentar la situación, por lo que pidió a la Corte adoptar una decisión incluso con efectos retroactivos.

A esta postura se sumaron voces del Consejo Gremial, que advirtieron sobre un posible “daño patrimonial irreversible” derivado de medidas como el impuesto al patrimonio, señalando que la incertidumbre jurídica afecta empresas y empleo.

Un pulso entre Gobierno y Corte

El debate no solo es jurídico, sino también político. El presidente Gustavo Petro ha defendido la segunda declaratoria de emergencia como una herramienta necesaria para atender la crisis humanitaria causada por las lluvias, que dejó miles de damnificados en el Caribe colombiano.

Frente a la solicitud de la ANDI, el mandatario reaccionó con dureza y afirmó que “no le pareció grave a la Andi la emergencia en Córdoba, Sucre y Urabá”, cuestionando la postura del gremio empresarial.

El choque institucional se da en un contexto en el que la Corte ya tumbó una primera emergencia y ahora estudia una segunda, lo que convierte esta coyuntura en un punto clave para definir el alcance de las facultades excepcionales del Ejecutivo.

Mientras tanto, la decisión que adopte el alto tribunal será determinante para establecer hasta dónde puede llegar el Gobierno en el uso de estas herramientas y cómo se garantiza el equilibrio institucional en medio de crisis económicas y sociales.