A menos de un mes del cambio de gobierno, Colombia enfrenta uno de los procesos de transición más tensos de las últimas décadas. La suspensión de las mesas nacionales entre los gobiernos salientes y entrantes puede sentirse en sectores estratégicos como el agro, donde un empalme permite conocer el estado de programas, presupuestos, proyectos de infraestructura, seguridad rural, sanidad animal y políticas que marcarán la gestión del próximo cuatrienio.

Al anunciar la decisión, Abelardo de la Espriella sostuvo que el ambiente político no ofrece condiciones para mantener las reuniones conjuntas con el Gobierno Nacional. “Hay que cumplir con el mandato legal, pero no podemos estar sentados con una banda de golpistas que desconoce la voluntad del pueblo colombiano”, sostuvo el presidente electo.

El también abogado endureció aún más su posición al afirmar: “El plan de Petro siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo: quedarse en el poder para atornillarse”, arremetió.

No obstante, aclaró que la suspensión cobija únicamente el empalme nacional. Las reuniones con gobernadores y alcaldes continuarán, así como el denominado empalme anticorrupción, mediante el cual su equipo buscará recopilar información directamente desde las regiones.

El Gobierno respondió

La reacción del Ejecutivo fue inmediata. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Comité Nacional de Empalme suspendía su participación en las mesas conjuntas “hasta tanto existan garantías de respeto recíproco”. Además, confirmó la presentación de una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de transición del presidente electo, por declaraciones en las que pidió investigar judicialmente al presidente Gustavo Petro.

Mientras tanto, el mandatario reunió en la Casa de Nariño a la bancada del Pacto Histórico junto con dirigentes como Iván Cepeda y el ministro Armando Benedetti, en una cita interpretada como una respuesta política frente al creciente clima de confrontación.
A ello se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien desde su cuenta de X aseguró que Petro “está asustado” y que, “como alimaña acorralada”, hará todo lo posible por evitar responder ante la justicia.

La congresista relacionó esas afirmaciones con versiones sobre un supuesto plan para presionar al presidente electo utilizando el proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe.

Proteger la institucionalidad

En medio del enfrentamiento, varias instituciones insistieron en que la transición del poder no puede paralizarse. La Contraloría General recordó que el empalme constituye una obligación legal y advirtió que este “no es momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos”. Por ello anunció la instalación de una mesa técnica para garantizar la entrega de información al nuevo gobierno.

En la misma línea, el Ministerio de Defensa informó que toda la documentación requerida ya se encuentra preparada y reiteró su disposición para reanudar las reuniones cuando sean convocadas.

Por su parte, el Ministerio de Transporte decidió presentar públicamente el balance de su gestión mediante un denominado “empalme con el pueblo”, ante la ausencia de representantes del gobierno entrante. Desde el equipo de Abelardo de la Espriella también hubo pronunciamiento.

En un comunicado leído por el futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, se afirmó: “Invocamos la resistencia constitucional, la que se ejerce desde las instituciones y al amparo de la ley, frente a los poderes que pretenden desconocer los resultados electorales”.

La Constitución debe prevalecer

Para el exministro de Justicia Wilson Ruiz, la coyuntura exige separar la confrontación política del funcionamiento institucional.

En conversación con CONtexto Ganadero, sostuvo que: “La Constitución no autoriza a un gobierno saliente a condicionar, obstaculizar o deslegitimar la transición del poder”. Asimismo, advirtió que cualquier revisión de la administración saliente debe hacerse con respeto pleno al debido proceso. “La verdadera garantía para fortalecer la institucionalidad es que cada actuación esté respaldada por pruebas, auditorías y evidencia técnica, y que cualquier irregularidad sea puesta en conocimiento de las autoridades competentes”, agregó