Mientras el Ejecutivo insiste en que se trata de una medida temporal para facilitar diálogos, sectores políticos advierten que el Estado cede frente a una de las estructuras narcotraficantes más poderosas del país.

La política de Paz Total del presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el centro de la polémica luego de conocerse que solicitó suspender las órdenes de captura y extradición de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos, la de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia.

La decisión quedó consignada en una resolución firmada por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y busca facilitar el traslado de los integrantes de esa estructura criminal hacia zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó, dentro de los acercamientos adelantados por el Ejecutivo.

Sin embargo, el anuncio generó un fuerte rechazo desde distintos sectores políticos, especialmente por tratarse del Clan del Golfo, organización señalada de narcotráfico, asesinatos, desplazamientos y control armado en varias regiones del país.

La controversia aumenta porque varios de los beneficiados tienen solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos.

Críticas

Uno de los cuestionamientos más severos llegó desde el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, quien arremetió contra la estrategia del Gobierno y aseguró que el país está presenciando una “rendición total” frente al narcotráfico.

“Esto no es un gesto de paz. Es una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral que hoy vive la Nación”, dijo Gaviria.

El exmandatario recordó que desde el inicio del Gobierno Petro había advertido sobre los riesgos de negociar sin condiciones claras con organizaciones criminales.

Según señaló, la falta de límites terminó fortaleciendo a los grupos ilegales en distintas regiones.

“Advertimos que negociar sin condiciones claras, sin límites jurídicos y sin resultados verificables terminaría fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales”, aseguró.

Gaviria sostuvo, además, que mientras el Gobierno hablaba de paz, el Clan del Golfo expandió su influencia territorial y consolidó su poder criminal. “Colombia no recibió desmovilizaciones reales ni reducción sostenida de la violencia; recibió más poder para las organizaciones ilegales y más incertidumbre para los ciudadanos”, afirmó.

Las críticas no solo apuntan al efecto político de la medida, sino también al mensaje institucional que estaría enviando el Gobierno al suspender órdenes contra hombres señalados de liderar economías ilegales y estructuras armadas.

Para varios sectores, la Paz Total terminó convirtiéndose en una política que desdibuja la autoridad del Estado frente a organizaciones criminales.

Defensa del Gobierno

Desde el Ministerio de Defensa, el ministro Pedro Sánchez intentó bajar la tensión y defendió la decisión adoptada por el Ejecutivo. En entrevista con Noticias RCN, explicó que la suspensión de órdenes de captura estará vigente entre el 26 de abril y el 31 de diciembre, en el marco de la Ley 2272 de Paz Total.

El funcionario insistió en que la medida no significa impunidad ni autorización para delinquir. “La suspensión de órdenes de captura no son ninguna boleta para delinquir”, afirmó Sánchez.

El ministro también aclaró que las zonas de ubicación temporal no pueden convertirse en refugios criminales y sostuvo que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones contra integrantes del Clan del Golfo en caso de flagrancia.

“Nosotros los podemos capturar en flagrancia y los crímenes no se borran”, expresó.

Pese a la explicación oficial, la controversia crece porque esta no es la primera vez que la estrategia de Paz Total enfrenta cuestionamientos por suspender órdenes de captura a cabecillas armados.

En los últimos meses también hubo críticas por decisiones similares relacionadas con disidencias de las Farc y estructuras criminales urbanas.

Incluso, meses atrás el propio Gobierno había revocado otra resolución relacionada con alias ‘Chiquito Malo’ debido a incumplimientos en los compromisos del proceso.

Paz Total bajo presión

La nueva controversia revive las dudas sobre la efectividad de la Paz Total, una de las principales banderas del Gobierno Petro. Aunque el Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias para avanzar en negociaciones y buscar sometimientos colectivos, sus críticos consideran que el Estado está entregando beneficios judiciales a estructuras narcotraficantes sin resultados visibles en seguridad.

El debate también se produce en medio de crecientes presiones internacionales contra el Clan del Golfo y mientras Estados Unidos mantiene el interés sobre varios de sus máximos cabecillas por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Para la oposición y sectores independientes, el problema de fondo es que el Gobierno parece dispuesto a flexibilizar la acción judicial contra organizaciones criminales mientras la violencia continúa golpeando regiones rurales del país.

En ese escenario, la suspensión de órdenes contra alias ‘Chiquito Malo’ terminó convirtiéndose en otro símbolo de una política de paz que, lejos de generar consensos, sigue profundizando la división política en Colombia.