La propuesta eleva hasta 39,5% la porción de los ingresos corrientes de la Nación para departamentos y municipios y concentra el aumento en educación y salud. El texto crea categorías territoriales y nuevas reglas de asignación, pero enfrenta dudas por capacidad de ejecución y tiempos legislativos.

El Ejecutivo puso sobre la mesa el borrador de la Ley de Competencias, pieza clave para aterrizar la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada en 2024. El corazón de la iniciativa es fiscal: los territorios recibirían 30% más en recursos y la participación de los ingresos corrientes de la Nación se elevaría gradualmente hasta 39,5%, con el objetivo de reducir trámites y fortalecer la prestación de servicios básicos. (Lea en CONtexto ganadero: Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria)

El reparto sectorial mantiene la educación como principal destino, con cerca del 58% del SGP; salud recibiría alrededor del 24,5%; propósito general —inversión flexible local— el 11,6%; y agua potable y saneamiento básico el 5,4%. Además, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) quedaría amarrado con reglas específicas de ejecución y seguimiento.

Para ajustar la asignación al costo real de prestar servicios, el proyecto crea 12 categorías (seis para departamentos y seis para distritos/municipios) basadas en prevalencia étnica, dispersión y ruralidad, pobreza y capacidad institucional. La promesa es menos autorizaciones desde el nivel central y giros más predecibles, condicionados a metas y reportes de calidad del gasto.

El trámite, sin embargo, corre contra el reloj. La norma debe estar aprobada antes de enero de 2027 y 2026 será año electoral, lo que acorta la ventana para discutirla a fondo en comisiones. Exministros advierten que, sin mensaje de urgencia y consensos previos, el debate podría estancarse. También preocupa que el salto de recursos no se traduzca en resultados si no llega acompañado de asistencia técnica para municipios de baja capacidad.

Desde el plano político, emergen reparos por centralismo. “Veo un tufillo centralista en el proyecto de ley, y lo fundamental es que haya más recursos, y más competencias tanto para departamentos como para los municipios”, afirmó Juan Fernando Cristo.

La discusión seguirá con comunidades y asociaciones territoriales mientras el Gobierno intenta alinear números, cronogramas y controles para que el aumento presupuestal se note en aulas, puestos de salud y acueductos. (Lea en CONtexto ganadero: Reglamentación de jurisdicción agraria, a un paso de su aprobación total)