El expediente del ente acusador ubica a la senadora como presunta articuladora de un entramado de cupos indicativos, en medio de uno de los escándalos más sensibles sobre contratación pública en el país.

Martha Peralta se ha consolidado como una de las figuras más visibles de la representación indígena en el Congreso. Senadora por el movimiento MAIS, logró uno de los resultados más destacados en su circunscripción, siendo la más votada por los indígenas.

Su caudal electoral tuvo un peso especial en La Guajira, donde obtuvo una votación clave regional, consolidando su liderazgo político en esa zona del país. Desde allí, ha impulsado agendas relacionadas con comunidades étnicas y desarrollo territorial.

En distintos escenarios, Peralta ha defendido su gestión pública, señalando que su trabajo ha estado enfocado en las regiones. En una de sus intervenciones, aseguró que “mi compromiso siempre ha sido con las comunidades que represento y con la inversión social en sus territorios”, en respuesta a cuestionamientos recientes.

Los señalamientos

El nombre de la senadora aparece en el expediente de la Fiscalía sobre el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el ente acusador, Peralta habría tenido un rol determinante en la articulación de los llamados cupos indicativos.

La investigación la ubica como presunta articuladora política de un entramado mediante el cual se habrían direccionado recursos públicos. Este mecanismo, según la hipótesis, permitía canalizar contratos y proyectos a cambio de apoyos en el Congreso.

En el documento, la Fiscalía sostiene que “existía una estructura que facilitaba la asignación de recursos bajo acuerdos políticos previamente establecidos”, lo que la posiciona en el centro de las indagaciones.

Un caso en desarrollo

El proceso contra Martha Peralta se encuentra en una fase de análisis probatorio, en la que las autoridades buscan establecer responsabilidades concretas. Por ahora, no hay decisiones de fondo, pero su nombre figura entre los más relevantes dentro del expediente.

El caso de la Ungrd ha generado un fuerte impacto en el escenario político, al vincular a congresistas y altos funcionarios en posibles irregularidades en la contratación pública. En ese contexto, la situación de la senadora se mantiene bajo alta atención judicial.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía reiteró que “se continúa recopilando evidencia para esclarecer el alcance de la participación de cada implicado”, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas revelaciones en uno de los procesos más sensibles del país.