Mientras Donald Trump propone desmontar regulaciones ambientales y productivas para liberar al agro estadounidense en plena crisis ganadera, Colombia avanza en la dirección contraria: más trámites, más barreras y una reforma agraria que entrega tierra sin productividad. Entre el Acuerdo de Escazú, la inseguridad jurídica y la lenta capacidad estatal, el campo colombiano corre el riesgo de quedarse fuera del nuevo orden global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa una de sus banderas más polémicas: reducir drásticamente las regulaciones ambientales y administrativas que, según él, están encareciendo la producción agrícola y ganadera en ese país.

Su propuesta apunta directamente a aliviar la carga que enfrentan los productores y las empresas de maquinaria agrícola, como John Deere, a las que considera claves para sostener la competitividad del agro estadounidense.

Trump ha sido claro en su diagnóstico: producir alimentos se ha vuelto innecesariamente costoso por “restricciones ridículas” que obstaculizan el acceso a tecnología, elevan los precios de la maquinaria y reducen la rentabilidad del campo. Su solución es simple: menos reglas, más producción.

En la práctica

Esto significaría: Menos trabas ambientales para operar maquinaria, procesos de aprobación más rápidos, reducción de costos para agricultores y ganaderos y mayor capacidad para competir en mercados globales.

Para la ganadería estadounidense, el impacto sería directo. Menores costos en maquinaria y tecnología se traducen en eficiencia productiva, mayor oferta de carne y precios más competitivos, justo en un contexto donde el país enfrenta tensiones en su hato ganadero y en el abastecimiento interno, pero esta discusión va más allá de Estados Unidos.

¿Dónde queda Colombia?

Mientras EE. UU. evalúa cómo liberar al productor, Colombia enfrenta una realidad opuesta: mayor regulación ambiental, nuevos controles administrativos y crecientes dificultades para acceder a tecnología y maquinaria moderna.

La ganadería colombiana, que ya compite con altos costos logísticos, vías deficientes y problemas de seguridad rural, enfrenta además un entorno regulatorio que muchos productores consideran asfixiante.

El contraste es evidente: dos modelos rurales que avanzan en direcciones distintas. Uno prioriza producción y competitividad; el otro, regulación y control. Y en ese marco aparece un actor clave: El Acuerdo de Escazú.

Aunque nació para proteger defensores ambientales y garantizar participación, en la práctica ha generado: judicialización sistemática de proyectos rurales, parálisis en infraestructura productiva, riesgo de suspensiones por tutelas y desconfianza inversionista. Esto ocurre justo cuando la región y el mundo avanzan hacia reglas que favorecen producir más y con menos barreras.

Reforma agraria: tierra sí, productividad no

A este escenario se suma un error de repetición histórica: Colombia entrega tierra, pero no entrega productividad.

Ocho décadas repitiendo la misma fórmula: tierra sin asistencia técnica, tierra sin crédito accesible, tierra sin acompañamiento empresarial, tierra sin infraestructura productiva, tierra sin modelo sostenible.

El resultado es conocido: el beneficiario vende la tierra, se estanca o no despega productivamente, porque el Estado da un activo, pero no entrega las herramientas para convertirlo en riqueza.

Entonces la pregunta de fondo no es ideológica, sino práctica: ¿Puede Colombia competir en un mercado global donde los grandes productores están reduciendo costos mientras aquí se incrementan?

El debate no implica eliminar la protección ambiental, sino preguntarse si las reglas actuales realmente ayudan a una ganadería sostenible y productiva, o si están debilitando al productor nacional frente a las potencias agroalimentarias.

En un mundo donde la seguridad alimentaria vuelve a ser prioridad, las decisiones que se tomen hoy marcarán el lugar que Colombia ocupe mañana en el mapa ganadero global.