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El Ministerio de Agricultura rechazó la petición de derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y defendió su continuidad como herramienta para proteger el suelo rural. La decisión mantiene abierto el enfrentamiento con gremios, productores y autoridades territoriales, que consideran que la figura afecta la autonomía local y genera incertidumbre jurídica.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó el 17 de julio que no accederá a las solicitudes de revocar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una decisión que prolonga uno de los debates más controvertidos sobre el ordenamiento del territorio rural en Colombia.

La cartera aseguró que eliminar estas declaratorias representaría un retroceso en la protección del suelo destinado a la producción de alimentos, y sostuvo que, durante el actual Gobierno, ya se han declarado cerca de un millón de hectáreas bajo esta figura en más de 55 municipios.

El Ministerio afirmó que revocar o derogar las APPA desconocería la “especial protección que la Constitución Política reconoce a la producción y al acceso a los alimentos", argumento con el que defendió la continuidad de la política pública.

Persisten las críticas

La decisión, sin embargo, no despeja las preocupaciones expresadas desde hace meses por organizaciones del sector agropecuario, gremios productivos y varios mandatarios regionales, que han insistido en que las APPA generan incertidumbre sobre el desarrollo de proyectos productivos y limitan la autonomía de los municipios para definir el uso de su territorio.

Precisamente, en las últimas semanas sectores políticos del nuevo gobierno han solicitado la revocatoria de las resoluciones expedidas durante la administración saliente, petición que fue rechazada por el Ministerio al considerar que atentaría contra el derecho a la alimentación y la protección del campesinado.

Desde el sector productivo, el debate ha girado alrededor del alcance real de estas declaratorias y de las implicaciones que podrían tener para inversiones agropecuarias, infraestructura y otros proyectos económicos, un aspecto que sigue generando cuestionamientos desde diferentes gremios. Adicionalmente, el argumento de la especial protección a la producción de alimentos no puede excluir esa misma producción de alimentos por consideraciones quizá más ideológicas que técnicas.

La defensa oficial

En su pronunciamiento, el Ministerio insistió en que las APPA no modifican la propiedad privada ni implican expropiaciones, tampoco sustituyen las competencias de los municipios en materia de ordenamiento territorial ni establecen prohibiciones generales para desarrollar actividades económicas.

La entidad sostuvo que "estas declaratorias no modifican la propiedad privada, no restringen los derechos de sus titulares, así como tampoco sustituyen las competencias constitucionales y legales de los municipios". Además, aseguró que cada proceso se fundamenta en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y que se desarrolla con participación de las autoridades territoriales y de las comunidades.

Como parte de su defensa, el Ministerio señaló que la protección del suelo rural responde a un mandato legal consolidado durante más de cinco décadas y recordó que normas como la Ley 160 de 1994, la Ley 388 de 1997 y desarrollos posteriores respaldan este tipo de determinantes del ordenamiento territorial.

Debate sin cerrar

Aunque el Gobierno saliente ratificó que mantendrá vigentes las APPA, el futuro de esta figura seguirá siendo objeto de discusión política y jurídica.

Luis Fernando Salcedo Jaramillo, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Ganaderos de Facatativá (Asoganaderos), manifestó en un diálogo pasado con CONtexto ganadero, su inquietud ante la falta de participación de los afectados en estas decisiones.

“A uno le preocupa varias cosas: que este tipo de reglamentaciones o decisiones del Gobierno se están tomando sin la participación ciudadana, sin el diálogo con las entidades públicas o territoriales, con las entidades campesinas y ganaderos”, afirmó.

Además, cuestionó la vaguedad de las normativas: “Este tipo de reglamentaciones tienen un interés en teoría loable, pero son tan vagas e inciertas que uno no sabe cómo van a terminar y qué pueda pasar de ahí en adelante”. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Grave! Ganaderos están preocupados por posibilidad de ‘expropiación indirecta’ )

La solicitud de revocatoria presentada por sectores afines al gobierno entrante, refleja que el tema continuará en la agenda nacional, especialmente por las preocupaciones que han manifestado productores, gremios agropecuarios y autoridades locales sobre los efectos que estas declaratorias podrían tener en la planeación territorial y la seguridad jurídica para la inversión rural.