La negativa del Instituto de Medicina Legal a entregar el informe del menor con hemofilia que falleció mientras esperaba la autorización de su EPS para su tratamiento derivó en un revés para el Gobierno luego de que fuera declarada improcedente la tutela interpuesta por el Ministerio de Salud.

Por estar sustentada en la reserva legal, el informe de necropsia del menor, se intensifican los cuestionamientos por la divulgación de información clínica sensible y por la responsabilidad de la EPS en la muerte del niño.

Y es que el intento del presidente Gustavo Petro por acceder al informe de necropsia del niño terminó en un golpe judicial que evidenció los límites legales frente al manejo de información sensible. Pese a ello, el mandatario insistió en cuestionar a Medicina Legal, señalando un presunto ocultamiento del documento, lo que intensificó la controversia en torno a este caso.

Para aterrizar en los hechos: El menor de 7 años y diagnosticado con hemofilia A severa, falleció el 13 de febrero de 2026. Su familia denunció que no recibió durante dos meses el medicamento esencial para su tratamiento. Según su madre, el niño agonizó durante dos días a la espera de autorizaciones médicas por parte de su EPS, lo que ha puesto el foco en posibles fallas del sistema.

El choque institucional se agudizó luego de que, por cuenta del interés de Petro de obtener la historia clínica del menor, el Ministerio de Salud interpusiera una tutela para acceder a dicho documento, así como al informe forense. Sin embargo, el recurso fue declarado improcedente por un juzgado en Bogotá, al tratarse de información protegida por reserva legal y vinculada a una investigación en curso.

Tras las acusaciones del mandatario, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, respondió de manera contundente: “Con relación a lo manifestado por el señor Presidente de la República de Colombia Gustavo Petro Urrego que ‘Oculta el informe sobre porqué murió el niño’, el Instituto precisa a la opinión pública que, primero, como auxiliar de la justicia no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial”.

El funcionario reiteró que este tipo de información solo puede ser entregada a autoridades competentes dentro de procesos judiciales. Además, explicó que la solicitud del Ministerio fue atendida conforme a la ley y que la tutela posterior no prosperó, reiterando que: “Nuestra misión (del Instituto de Medicina Legal) es prestar servicios forenses en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”, agregó.

🔵 El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, desmintió al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Instituto ocultaba el informe sobre Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que padecía de hemofilia.

📌 La entidad "no tiene potestad" para entregar resultados sin… pic.twitter.com/vZJTE3jMPH

— La FM (@lafm) April 28, 2026

Más allá del pulso jurídico, el caso ha adquirido un tinte político, y es que, el Gobierno ha defendido su gestión en salud, mientras insiste en señalar fallas estructurales en las EPS.

En este orden, la utilización del caso Kevin Acosta como argumento dentro de ese debate ha generado cuestionamientos, especialmente tras la divulgación de información clínica del menor por parte del propio mandatario.
A toda esta tensión se suma la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender, desde el próximo 1 de mayo la atención a nuevos pacientes de Nueva EPS debido a deudas acumuladas, lo que refleja la compleja situación financiera del sistema.

En este escenario, el caso Kevin Acosta evidencia las deficiencias en la atención médica, así como un enfrentamiento entre el poder político y las entidades técnicas en las que la legalidad, la ética y el manejo de información reservada se convierten en el eje de la discusión.