Carta campesina será estratégica en el gobierno de Gustavo Petro

Por: 
CONtexto ganadero
19 de Julio 2022
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Campesinos caminando
La carta campesina es un documento de algunas organizaciones reclamando algunos aspectos que al parecer el presidente electo les va a conceder. Foto: agrofercol.com

“La carta campesina tendrá especial atención de nuestro gobierno. Les propongo establecer las coordinadoras departamentales de las organizaciones campesinas de todo el país y el fortalecimiento de la coordinación campesina a nivel nacional”.

 

Con este twitter el presidente electo Gustavo Petro le respondió a las organizaciones campesinas una carta en la que plantean los puntos de una nueva agenda que guiará la ruta del campesinado colombiano. 

 

La agenda recoge los reclamos históricos de procesos como el Mandato Agrario de 2003, el Paro Agrario de 2013, la sentencia T-052 de 2017 (Zonas de Reserva Campesina), la Minga del Suroccidente-2019, la Minga Nacional de 2020, el Paro Nacional de 2021, los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz, entre otros.

 

La creación de una Agenda Nacional Campesina tiene entre sus objetivos una propuesta legislativa, política y económica que incluya reformas para los primeros 100 días de gestión de Petro; un escenario nacional campesino que recoja las propuestas que se presentarán al nuevo Gobierno y al Congreso; manifestar el respaldo de millones de campesinos y campesinas de Colombia para alcanzar la soberanía alimentaria nacional y para que el campesinado sea considerado sujeto especial de derechos.

 

A su vez, la Agenda Nacional Campesina plantea las siguientes acciones urgentes: Una declaración unilateral que exprese el respaldo y la adhesión del Estado Colombiano a la Declaración de la ONU sobre los derechos del Campesinado; las organizaciones le piden al Gobierno que se comprometa a la plena implementación de dicha Declaración impulsando las leyes y políticas públicas que sean necesarias. (Lea: Campesinos le apuestan a la agricultura y la ganadería sostenible)

 

Así mismo, la creación de una jurisdicción rural intercultural e integral que reconozca cómo los pueblos, comunidades y organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas han resuelto conflictos históricamente. Esta jurisdicción funcionaría bajo la forma de tribunales interculturales y un órgano nacional de cierre jurisdiccional intercultural, y reconocería a las autoridades, instituciones y procedimientos tradicionales en los territorios.

 

La inclusión de un capítulo campesino en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, que además incorpore una Política Pública del Campesinado Colombiano. Este capítulo deberá tener un trazado presupuestal, así como inversiones anuales y programas, planes y proyectos a ejecutar en los siguientes cuatro años. Entre tanto, la Política deberá iniciar con el consenso de una metodología donde al campesinado se le garantice su participación decisoria y representativa.

 

La creación de la Dirección de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, así como representaciones en los órganos de la administración nacional, regional y territorial. Esto sería parte de un sistema articulado y armonioso en el Estado para garantizar la implementación de los derechos del campesinado como grupo cultural vulnerable, sujeto de especial protección constitucional.

 

Diseñar una política, con su respectiva arquitectura institucional, para hacer realidad la autonomía y soberanía alimentaria de la nación. Para las organizaciones, esto se lograría mediante asociaciones y convenios público-populares, la Política de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria y la Resolución 464-2017 Ministerio de Agricultura.

 

Diseñar una ruta de cumplimiento de los compromisos pendientes por parte del Estado desde hace 30 años con el campesinado. Esto deberá hacerse con las organizaciones sociales, tal y como lo señala el Programa de Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. (Lea: Gobierno adoptó plan de asistencia técnica para población campesina)

 

Promover la nulidad y terminación de contratos de exploración y explotación minero-energética en ecosistemas estratégicos, y adherir (Gobierno) y ratificar (Congreso) el Acuerdo de Escazú.

 

La carta fue suscrita por un grupo de 60 organizaciones campesinas nacionales, regionales, departamentales y municipales y se la enviaron al presidente y vicepresidenta electos, Gustavo Petro y Francia Márquez, y al Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio.