A propósito de la reciente conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el pasado 9 de abril, voceros de organizaciones denuncian incumplimientos en reparación, critican la política de ‘paz total’ y advierten que Colombia sigue en deuda con más de 9 millones de afectados.

“Este gobierno ha ‎desconocido a las víctimas de una manera realmente vergonzosa, pero afortunadamente este gobierno está terminando”. Con esa sentencia, Ximena Ochoa, vocera de la Federación Colombiana de Víctimas del Terrorismo (FEVCOLl), en entrevista con CONtexto, dejó ver su malestar frente al papel de la administración del país, en cabeza de Gustavo Petro, en materia de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.

Sus declaraciones se dieron en medio de la reciente conmemoración, el pasado 9 de abril, del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, una fecha instaurada oficialmente en 2012 tras la expedición de la Ley 1448 de 2011, con el objetivo de dignificar a quienes han sufrido las consecuencias de décadas de violencia en el país.

Conmemoración entre avances y reclamos

Y es que cada 9 de abril, el Estado colombiano realiza actos institucionales para reconocer a las víctimas, incluyendo sesiones plenarias en el Congreso. Sin embargo, según Ochoa, estos espacios aún están lejos de representar una verdadera participación efectiva. “Para nosotros sigue siendo una ocasión muy importante para recordar, no sólo las víctimas de ayer, sino lo que está pasando hoy en el país que sigue, lamentablemente, generando víctimas”, afirmó.

La vocera también cuestionó el comportamiento de los congresistas durante la jornada conmemorativa, señalando que muchos abandonaron la sesión antes de finalizar, lo que, a su juicio, refleja una desconexión con la realidad de millones de colombianos afectados por la violencia.

Más de 9 millones de víctimas: una deuda histórica

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, Colombia supera los 9 millones de víctimas del conflicto armado, una cifra que evidencia la magnitud del desafío en términos de reparación integral y garantía de no repetición.

A pesar de los avances normativos, como la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los programas de restitución de tierras, organizaciones como FEVCOL insisten en que persisten brechas significativas.
Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por excombatientes. Según Ochoa, menos del 5 % de los bienes prometidos por las extintas Farc para la reparación de víctimas han sido efectivamente entregados.

Cifras consignadas en el Registro único de Víctimas del Conflicto armado en Colombia.

‘Paz total’, bajo la lupa

Las críticas también se dirigen a la política de ‘Paz Total’, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para Fevcol, dicha estrategia ha priorizado negociaciones con actores armados por encima de los derechos de las víctimas. “No entiendo cómo es posible que un gobierno se arrogue el derecho de negociar los derechos de los ciudadanos con los delincuentes”, señaló Ochoa.

En ese sentido, la organización considera que existe una percepción de trato desigual, en la que los victimarios han recibido beneficios significativos —incluyendo participación política y garantías jurídicas— mientras que las víctimas continúan enfrentando obstáculos para acceder a justicia, verdad y reparación.

El significado de hacer memoria en 2026

Para Ochoa, hacer memoria hoy implica mucho más que recordar los hechos del pasado. Significa reconocer que la violencia no ha cesado y que las decisiones actuales pueden influir en la repetición del conflicto. “Si seguimos en esa idea de impunidad, lamentablemente vamos a tener que seguir sumando víctimas”, advirtió. Además, destacó que organizaciones de víctimas han tenido que recurrir a instancias internacionales ante lo que consideran una falta de respuesta efectiva en el ámbito nacional, especialmente frente a la desproporción de recursos entre la defensa de victimarios y la representación legal de las víctimas.

Respaldo del sector ganadero

En medio de este panorama, Ochoa también resaltó el apoyo recibido por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán y las brigadas solidarias de seguridad ganadera. Esas brigadas son iniciativas impulsadas por el gremio para fortalecer la seguridad en zonas rurales, apoyar a los productores frente a situaciones de riesgo y contribuir a la verificación del cumplimiento de la ley en territorios históricamente afectados por la violencia. Su importancia radica en que brindan acompañamiento a comunidades ganaderas que, en muchos casos, también han sido víctimas del conflicto armado, enfrentando extorsión, desplazamiento y pérdida de bienes.

Un llamado a cumplir con las víctimas

A más de una década de la implementación de la Ley de Víctimas, el balance sigue siendo motivo de debate. Mientras el Gobierno defiende los avances en materia de paz, organizaciones como Fevcol insisten en que el país aún tiene una deuda histórica. “El Estado está para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, no para negociar esos derechos”, concluyó Ochoa.

En esta nueva conmemoración del Día de la Memoria de las víctimas, el mensaje de los afectados es claro: sin justicia, verdad y reparación efectiva, la paz seguirá siendo una promesa incompleta.