La polémica por una celebración vallenata dentro de la cárcel de Itagüí escala a nivel judicial, mientras crecen los cuestionamientos sobre los beneficios a cabecillas criminales en medio de la política de Paz Total.

La controversia por la realización de una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí sigue tomando fuerza. Esta vez, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una indagación por el presunto delito de prevaricato por omisión, en medio de fuertes críticas por los privilegios que estarían recibiendo algunos privados de la libertad vinculados a procesos de ‘paz urbana’.

El caso generó indignación luego de conocerse que la celebración habría sido organizada por cabecillas de estructuras criminales recluidos en el pabellón número 1 del penal. A esto se suma la participación de artistas reconocidos como Nelson Velásquez y Luis Alberto Posada, lo que elevó la discusión sobre los controles dentro de los centros penitenciarios.

Investigación en curso

Las autoridades ya iniciaron labores de verificación. Según se conoció, se impartieron órdenes de policía judicial y se realizaron inspecciones para recopilar pruebas que permitan establecer responsabilidades. El objetivo es determinar si hubo omisiones por parte de funcionarios que facilitaron o permitieron la realización del evento.

Aunque no existirían registros audiovisuales de los presuntos excesos, la Fiscalía avanza en la recolección de testimonios y otros elementos materiales. Posible omisión institucional es uno de los focos principales del proceso, que podría derivar en una investigación formal en las próximas semanas.

El episodio ocurre en un momento especialmente sensible, marcado por los cuestionamientos a la política de paz total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Diversos sectores han advertido sobre los riesgos de otorgar beneficios a estructuras criminales sin controles estrictos.

La versión del artista

Frente a la polémica, Nelson Velásquez se pronunció a través de un comunicado en el que explicó su participación en el evento. El artista aseguró que actuó bajo condiciones que consideró legales y previamente acordadas por su equipo de trabajo.

“Mi participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo. La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”, dijo.

El cantante insistió en que no tenía conocimiento sobre el origen de los recursos ni sobre las personas que financiaron el espectáculo. Actuación de buena fe, fue como describió su proceder en medio de la controversia.

“No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional como artista”, señaló, al tiempo que reiteró que su rol fue exclusivamente musical.

Debate abierto

La situación ha reavivado el debate sobre los límites y controles en los procesos de negociación con grupos criminales. Para algunos analistas, este tipo de hechos podría debilitar la confianza en las estrategias del Gobierno.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido en la cárcel de Itagüí. El país permanece atento a los resultados de una investigación que podría tener implicaciones tanto judiciales como políticas.