Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara avalaron el proyecto de ley que define el gasto para el próximo año por un total de 546 billones de pesos. El texto ahora pasará a plenarias en medio de advertencias por desfinanciación y desigualdad territorial.
El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2026 superó su primer examen en el Congreso.
Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron la ponencia que fija los recursos en 546 billones de pesos, tras un recorte de 10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno.
La representante Olga Lucía Velásquez, ponente del texto avalado, explicó que la reducción corresponde al ajuste que el propio Ejecutivo aceptó y destacó que los sectores más beneficiados serán educación, salud, trabajo y defensa.
“Con esta ponencia nos estamos reivindicando como congresistas. Seguiremos progresando si le apostamos a la unidad”, afirmó Velásquez, quien recordó que la economía colombiana registró un crecimiento del 4,3 % en junio.
Voces a favor y críticas
Desde la oposición, el senador Ciro Ramírez respaldó la ponencia al considerar que evita que el Gobierno expida el presupuesto por decreto, lo que a su juicio aleja el riesgo de una nueva reforma tributaria que incremente la carga impositiva sobre los ciudadanos.
Por su parte, la senadora Karina Espinosa advirtió sobre la desigualdad en la distribución de recursos y señaló que departamentos como Sucre tendrían una disminución del 36 % en sus asignaciones.
“No hay equidad territorial y se está reforzando el centralismo”, cuestionó. (Lea en CONtexto ganadero: Sin sostenibilidad fiscal gobierno anuncia decreto de presupuesto e impulsa ley de financiamiento)
Lo que sigue
El proyecto, que ha sido objeto de debate por la desfinanciación señalada por varios expertos, pasará ahora a las plenarias del Senado y la Cámara para los dos debates finales.
De no lograrse la aprobación en el Legislativo dentro de los plazos, la Constitución faculta al presidente Gustavo Petro para expedir el presupuesto por decreto, como ya ocurrió en 2024.