Concejales y congresistas de diferentes partidos se unieron para derogar el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que establece las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). A juicio de políticos, analistas, gremios y académicos, esta figura vulnera la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía local.

Con el respaldo de concejales y cerca de 30 congresistas de los partidos Cambio Radical, Liberal, U, Conservador y Centro Democrático, fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca frenar la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

La iniciativa, liderada por la concejal Sandra Forero del Centro Democrático, propone derogar el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), argumentando que otorga al Gobierno nacional facultades excesivas sobre el uso del suelo, debilitando el Estado de derecho y la autonomía de los entes territoriales.

Durante el panel ‘Artículo 32 del PND: riesgos para la propiedad privada y el Estado de Derecho’, organizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho, expertos alertaron sobre las consecuencias de mantener estas figuras de ordenamiento centralizado.

Sin participación de las comunidades

El director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón Monsalve, advirtió que las APPA vulneran derechos fundamentales de los gobiernos locales y afectan la economía regional.

“El Gobierno nacional está instrumentalizando el discurso de la protección de la tierra para imponer un modelo centralista que desconoce la autonomía territorial, a las autoridades locales y las comunidades, y que amenaza los derechos de propiedad privada y la libertad de empresa consagrados en la Constitución”, señaló.

Chacón también cuestionó la falta de participación ciudadana en las decisiones sobre ordenamiento del territorio: “Se habla de la participación del pueblo, pero a las comunidades no se les tuvo en cuenta, solo se les informó. No pudieron presentar contrapropuesta. Solo hubo una subordinación absoluta, eso va en contra de la Constitución”.

El investigador advirtió que con esta resolución “el Estado está llegando a disponer de los territorios”, desconociendo los principios de descentralización. “Esto no es una monarquía, esto es un gobierno democrático y una república unitaria”, enfatizó.

En la foto: Jessica Mancipe, coordinadora jurídica de la Fundación para el Estado de Derecho; Lorena Garnica, socia de ECIJA; María Carolina Castillo, presidente de Probogotá Región; Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política (ICP). Foto: CONtexto ganadero.

Alertas sobre el centralismo

El reciente informe publicado por el ICP, ProBogotá y la Fundación para el Estado de Derecho, evidencia que el 82,7 % del territorio nacional está hoy cubierto por instrumentos definidos desde el nivel central, lo que reduce drásticamente el margen de maniobra de alcaldías y gobernaciones.

Según el estudio, las restricciones derivadas de las APPA afectan zonas con alto aporte al PIB y con fuerte presencia de minería, industria y comercio, limitando las oportunidades de empleo y el crecimiento económico de regiones como Córdoba, Antioquia, Tolima y Cundinamarca.

La presidenta de ProBogotá Región, María Carolina Castillo, advirtió que “las nuevas APPA y ZPPA se están declarando por resoluciones, sin la ley orgánica que exige la Constitución para modificar competencias territoriales. Eso erosiona la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, y subordina los POT a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”.

#AEstaHora El ICP y @ProbogotaRegion llevan a cabo el evento de radicación del Proyecto de Ley que busca derogar el artículo 32 del PND, con el respaldo de concejales y 20 congresistas de varios partidos.

🔶 La iniciativa busca frenar las APPA y otras figuras que ponen en riesgo… pic.twitter.com/KxJJ7zCPDW

— ICP 🇨🇴 (@ICPColombia) October 21, 2025

Recuperar autonomía territorial

El proyecto de ley busca restablecer el equilibrio entre el Gobierno nacional y los entes territoriales, garantizando la seguridad jurídica y promoviendo un desarrollo regional sostenible.

“¿Entonces para qué los concejos municipales?”, cuestionó Chacón durante el panel, al insistir en que las decisiones sobre el uso del suelo deben surgir desde los territorios.

De aprobarse esta iniciativa, se pondría fin a una de las medidas más polémicas del PND y se abriría una nueva discusión sobre cómo armonizar la protección ambiental con la producción y el desarrollo regional.