La liberación del hijo del cantante Giovanny Ayala encendió las alarmas del país. Pero detrás del caso mediático hay una verdad mucho más profunda: lo que le ocurrió a él es lo que enfrentan a diario cientos de ganaderos, agricultores y transportadores rurales en Colombia. El campo lleva años pidiendo seguridad para sus trabajadores.

El país respiró aliviado cuando este fin de semana se confirmó la liberación de Miguel Ayala, hijo del artista de música popular Giovanny Ayala, secuestrado en la vía Panamericana por un grupo armado ligado a disidencias en el Cauca.

La noticia recorrió las redacciones, las emisoras y las redes sociales: un joven músico, amarrado, interrogado y retenido mientras sus captores intentaban obtener información sobre bienes, propiedades y capacidad económica de su familia.

Realidad incómoda

Las palabras de Miguel tras recuperar la libertad fueron contundentes: “Intentaban averiguar sobre bienes… sobre lo que uno pudiera tener.” Una frase que, lejos de ser anecdótica, describe la lógica criminal que desde hace décadas se vive en el campo colombiano.

Lo que vivió el hijo de un artista reconocido es, para muchos productores rurales, pan de cada día. El caso Ayala muestra una realidad incómoda: todos somos vulnerables.

Si un joven conocido, con apellido mediático y redes de apoyo institucional, pudo ser retenido en una carretera nacional, ¿qué pasa con quienes trabajan en silencio en los llanos, la montaña o los valles del país?

Para el ganadero que madruga a mover su ganado, para el agricultor que transporta la carga de café, leche o yuca, o para el transportador que recorre vías donde la presencia del Estado es mínima.

El secuestro de Miguel Ayala no es un caso aislado: es el retrato de una Colombia donde la ruralidad quedó expuesta, donde grupos armados, disidencias, bandas criminales y extorsionistas operan con comodidad mientras miles de productores trabajan con miedo.

El país respiró aliviado cuando este fin de semana se confirmó la liberación de Miguel Ayala, hijo del artista de música popular Giovanny Ayala.

Cuando la inseguridad toca la puerta del agro

Los testimonios de ganaderos a nivel nacional coinciden en un punto: las rutas rurales se han convertido en corredores de riesgo.

Como hemos contado CONtexto Ganadero, en departamentos como Cesar, Huila, Meta, Cauca, Magdalena, Arauca, las historias se repiten. Extorsiones disfrazadas de “vacunas”, abigeato silencioso que golpea la economía familiar, robos en carretera sin reacción rápida del Estado, secuestros exprés que no salen en los medios y grupos armados preguntando exactamente lo mismo que los captores de Miguel Ayala: ¿qué tiene? ¿cuánto vale? ¿qué posee?

La inseguridad rural no solo amenaza vidas: destruye la confianza, paraliza la producción, aumenta los costos y desalienta la inversión. Cada hectárea abandonada por miedo es un golpe directo al país que, como dice la FAO, podría ser potencia agroalimentaria en el mundo.

El campo se está quedando solo

La liberación de Miguel Ayala fue posible gracias a una operación articulada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. El país lo celebró, y con razón, pero en el campo, donde miles de campesinos y ganaderos no tienen cámaras, micrófonos ni trending topics para amplificar sus tragedias, la historia casi siempre termina distinto.

Y ahí surge la gran pregunta: ¿quién rescata al ganadero que viaja solo por una vía apartada? ¿Quién acompaña al agricultor cuya finca queda a tres horas del casco urbano? ¿Quién responde cuando los grupos armados imponen su ley?

Los gremios del sector, entre ellos Fedegán, han repetido durante años el mismo llamado: “Sin seguridad rural no hay producción, no hay inversión, no hay futuro.”

Lo que el caso Ayala debe enseñarle al país

El secuestro del hijo de un cantante famoso logró algo inesperado: que, por unas horas, Colombia mire hacia donde casi nunca mira: el campo. Mire sus carreteras, sus riesgos y a quienes producen el alimento que sostiene a las ciudades.

En realidad, el caso Ayala no es una excepción alarmante. Es la evidencia de una crisis silenciosa que vive la ruralidad desde hace años. Y es también un recordatorio de que la seguridad no es un privilegio de figuras públicas: es un derecho de todos, en especial de quienes sostienen la economía productiva del país.

La liberación de Miguel Ayala es una buena noticia, pero también es una advertencia: Si así está la seguridad para quienes tienen visibilidad, ¿cómo está para quienes trabajan en silencio en el corazón del agro colombiano?

El campo necesita que lo miren, que lo protejan, que lo cuiden y que lo acompañen, porque el secuestro de Miguel Ayala no es solo un caso policial, es un espejo y lo que refleja es duro, urgente y profundamente real.