Productores denuncian una escalada de violencia rural que golpea fincas en Bolívar, Magdalena y Sucre, sin capturas ni resultados concretos. Mientras crecen las pérdidas y el miedo, algunos ya contemplan abandonar la actividad, lo que amenaza la sostenibilidad productiva de toda la región.

En la Depresión Momposina, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el carneo y el robo de ganado han aumentado de forma alarmante, afectando a pequeños y medianos productores en municipios como Mompox, San Fernando y zonas rurales vecinas. Ganaderos denuncian que, pese a consejos de seguridad, decretos y presencia institucional, los delitos continúan sin capturas ni control efectivo, generando pérdidas económicas, miedo y decisiones drásticas como abandonar la actividad. (Lea en CONtexto ganadero: Así fue el viaje de 46 terneros robados por 3 departamentos del Caribe que fue interceptado)

El delito no es nuevo en la región, pero su frecuencia y agresividad han encendido las alarmas del sector. Así lo advirtió Fabiola Badran, presidenta de la Asociación de Ganaderos de la Depresión Momposina, quien aseguró que la situación se ha salido de control.

“Queremos llamar la atención del gobierno nacional y de las autoridades del departamento, porque el incremento de este delito se ha disparado enormemente”, afirmó.

Según le relató a este medio, el 27 de octubre se realizó un consejo de seguridad en Mompox con compromisos institucionales. Sin embargo, los hechos posteriores muestran una realidad distinta.

Desde finales de ese mes se han registrado múltiples casos: tres vacas sacrificadas en la isla Kimbay, animales hurtados en San Fernando, pérdidas reiteradas en Ancón, y ataques en zonas como Guataca, Menchiquejo y El Vesubio, donde incluso fueron carneadas búfalas preñadas.

En palabras de la líder gremial, “el problema es grave. La arremetida de los bandidos ha sido constante”.

Red regional

Más allá de los casos individuales, los ganaderos advirtieron que el fenómeno tiene un alcance mayor. El tránsito de animales robados entre departamentos evidencia fallas estructurales en el control territorial.

Un ejemplo reciente lo confirma con el robo de 80 reses en Sucre que posteriormente aparecieron en Magdalena, atravesando también territorio de Bolívar sin que se detuviera a los responsables.

“Es muy fácil que un bandido haga algo, cruce el río y se pierda el rastro porque ya está en otra jurisdicción”, explicó Badran.

Esta fragmentación institucional limita la capacidad de respuesta. La policía de un departamento no puede operar en otro, lo que deja corredores abiertos para la delincuencia. Ante este panorama, los ganaderos piden una estrategia conjunta. “Se necesita una articulación real entre autoridades civiles y militares, incluso una estrategia regional si es necesario”, agregó.

Frenar el problema

Las autoridades han implementado algunas acciones, como restricciones al transporte de ganado en horarios nocturnos y controles sobre la movilización de carne. También se anunció el regreso de carabineros a la zona rural.

Sin embargo, los productores consideran que estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema.

Un caso reciente refleja esta debilidad, ya que a un ganadero le robaron 14 búfalos. Aunque se logró recuperar dos animales, no hubo capturas. “Se recuperan animales, pero no se desarticulan las bandas”, es la percepción generalizada en el gremio.

Ante la falta de resultados, incluso se ha planteado ofrecer recompensas. “Estamos dispuestos a aportar para incentivar información que permita capturar a esta red”, señaló Badran.

Pequeños productores

Detrás de las cifras hay historias que reflejan el verdadero costo de esta crisis. Una de ellas es la de Nuris Amarís, pequeña ganadera del corregimiento de Guataca. Su relato refleja lo que viven muchos productores.

“Llegué en la mañana al corral y encontré el toro muerto y una vaca grande solo en el esqueleto. Se habían llevado toda la carne”, contó. (Lea en CONtexto ganadero: Inseguridad rural deja 10 casos y 42 reses afectadas en una semana)

Para ella, no se trata solo de una pérdida económica, es el golpe a un proyecto de vida construido durante años. “Yo soy ganadera por pasión. De eso vivo, vendo leche, hago queso. Ese es mi sustento”, expuso.

El toro, con más de seis años, era clave en su producción. Reemplazarlo implica una inversión cercana a ocho millones de pesos, sin garantías de seguridad.

Miedo y abandono

El efecto más preocupante no es solo el delito en sí, sino sus consecuencias a mediano plazo. La incertidumbre está llevando a decisiones drásticas.

“Yo creo que me tengo que retirar ya de ese negocio”, confesó Amarís. “Me siento acorralada, como que ¿para quién trabajo?”.

Su testimonio evidencia un fenómeno relacionado con el desplazamiento económico. Productores que, ante el riesgo constante, optan por abandonar la actividad.

“Ni siquiera miran si uno tiene mucho o poco. Llegan y buscan los mejores animales”, agregó.

El avance del carneo no solo representa pérdidas individuales, sino una amenaza estructural: menos producción, menor inversión y debilitamiento del tejido rural. Sin una respuesta efectiva y articulada, existe la posibilidad que el miedo termine vaciando los corrales y apagando una de las principales actividades económicas de la región