El atentado contra el Batallón Cartagena No. 6 intensificó el debate sobre el deterioro de la seguridad en Colombia en plena coyuntura electoral. El hecho ocurre en medio de ataques recurrentes contra la Fuerza Pública y alertas por expansión de esa guerrilla, mientras el analista político, Ariel Armel, insiste sobre posibles presiones e intimidaciones de grupos armados ilegales durante los comicios del 31 de mayo.

La seguridad no ha dejado de convertirse en uno de los temas centrales del debate nacional luego del atentado contra el Batallón Cartagena No. 6, un hecho que dejó soldados heridos y elevó nuevamente la preocupación sobre la capacidad operativa de los grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

El ataque ocurrió a pocos días de las elecciones presidenciales, en una coyuntura marcado por acciones violentas contra la Fuerza Pública y crecientes alertas sobre alteraciones del orden público.

El atentado abrió una discusión más amplia sobre el deterioro de la seguridad, la expansión territorial de estructuras ilegales y la capacidad del Estado para garantizar estabilidad institucional durante el proceso democrático.

Sectores políticos, analistas y organizaciones civiles advierten que el país enfrenta un escenario de presión armada que podría afectar tanto la participación ciudadana como la gobernabilidad en varias regiones.

Para Ariel Ricardo Armel, analista político y director de la Fundación Libremente, la situación refleja un fortalecimiento sostenido de grupos como el ELN durante los últimos años. Según aseguró, el país vive una coyuntura similar a episodios de violencia que Colombia creía superados. “Estamos viendo, nuevamente, ataques permanentes contra la Fuerza Pública y expansión territorial de las guerrillas”, afirmó a CONtexto.

El analista sostuvo que existe preocupación por posibles intentos de presión e intimidación electoral en municipios con fuerte presencia armada ilegal.

Según explicó, actualmente habría cerca de 460 municipios “cooptados por las guerrillas” y presencia criminal en alrededor de 800 poblaciones del país.

También advirtió que distintos informes alertan sobre una posible incidencia de estructuras ilegales en cerca de 1,7 millones de votos durante la coyuntura electoral.

Las alertas no se limitan únicamente al atentado contra el batallón, pues en las últimas semanas se han registrado ataques con drones, hostigamientos armados y acciones terroristas en regiones como Cauca, Valle del Cauca, Catatumbo y Norte de Santander, zonas donde históricamente han operado estructuras ilegales.

Armel aseguró que el ELN ha incrementado su capacidad territorial y operativa, consolidando presencia en cientos de municipios del país. A eso se suma el uso de nuevas herramientas de guerra, como drones adaptados para ataques explosivos, una modalidad que viene preocupando a las autoridades militares y policiales.

El debate también gira alrededor del debilitamiento institucional y militar denunciado por distintos sectores. El analista cuestionó la falta de mantenimiento de aeronaves y las dificultades operativas de la Fuerza Pública, señalando que la respuesta estatal no ha sido suficiente frente al crecimiento de las estructuras criminales.

Elecciones bajo presión

La cercanía de las elecciones presidenciales elevó aún más las preocupaciones, ya que autoridades electorales y organismos de control han advertido sobre dificultades para garantizar condiciones plenas de seguridad en algunas zonas del país debido a la presencia de grupos armados ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: En 2026 van más de 90 ataques con drones el Valle del Cauca)

Según Armel, el riesgo no solo está relacionado con posibles atentados o alteraciones del orden público, sino también con presiones sobre comunidades vulnerables en territorios donde las estructuras criminales ejercen control social y territorial.

El director de la Fundación Libremente aseguró que Colombia enfrenta una de las coyunturas electorales más delicadas de los últimos años, debido a la combinación entre violencia, polarización política y fortalecimiento armado ilegal.

“Tenemos que salir a votar conscientes e informados”, afirmó.

La discusión inevitablemente volvió a centrarse en la estrategia de “Paz Total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde sectores críticos, se sostiene que los diálogos con grupos armados no han generado reducción de la violencia y, por el contrario, permitieron el fortalecimiento territorial y militar de varias estructuras ilegales.

Armel calificó esa política como “un fracaso completo” y aseguró que las negociaciones no pueden desarrollarse sin presión efectiva del Estado.

Según afirmó, los grupos armados “han aprovechado la permisividad para expandirse y aumentar su capacidad criminal”.

El analista insistió en que Colombia necesita recuperar control institucional y fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública para enfrentar amenazas que hoy combinan terrorismo, control territorial y presión política. (Lea en CONtexto ganadero: Drones con explosivos tienen jaque al Valle del Cauca: Jamundí bajo ataque)