Lo que durante años fue uno de los destinos preferidos para el descanso y la inversión campestre en el sur de ese departamento hoy vive bajo ataques permanentes, suspensión de clases y temor ciudadano. La escalada violenta, atribuida a las disidencias de las Farc, ya deja impactos sociales, económicos y humanitarios.

El sonido de los drones ya no se asocia únicamente con tecnología o recreación en Potrerito, corregimiento rural de Jamundí. Desde hace meses, el zumbido en el cielo se convirtió en una señal de alarma para una población que aprendió a convivir con explosivos, ráfagas de fusil y ataques armados contra la Fuerza Pública.

El más reciente ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando presuntos integrantes del frente Jaime Martínez lanzaron más de diez artefactos explosivos contra la subestación de Policía y sectores cercanos, dejando varios uniformados heridos y a la comunidad atrapada nuevamente entre el miedo y la incertidumbre.

Apenas 24 horas antes, en el sector de El Cedro, corregimiento de San Antonio, dos militares resultaron lesionados tras un nuevo hostigamiento con drones cargados con explosivos.

Días atrás, Potrerito también había sido blanco de ráfagas de fusil y granadas. Y es que, según reportes oficiales, solo en los primeros meses de 2026 se registraron más de 90 ataques con drones en Jamundí. (Lea en CONtexto ganadero: Masacre de Jamundí sacude la Paz Total y revela reclutamiento forzado)

Territorio asediado

Las autoridades atribuyen la ofensiva armada al frente Jaime Martínez, estructura que haría parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Los ataques dejaron de concentrarse únicamente sobre instalaciones policiales. La población civil también comenzó a sentir el impacto directo de la confrontación. En San Antonio, por ejemplo, las clases fueron suspendidas debido al riesgo para los estudiantes tras los recientes ataques con drones. (Lea en CONtexto ganadero: Jamundí bajo amenaza: Senador Carlos Motoa denuncia que la Paz total dejó vía libre al crimen)

Ante el deterioro del orden público, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, insistió en la necesidad de una intervención más contundente por parte del Gobierno Nacional.

“Hemos hecho miles de llamados al Gobierno nacional. Tenemos invasiones, secuestros, problemas de inseguridad en Jamundí y en Cali. Necesitamos que actúe”, afirmó la mandataria, quien pidió una operación integral que combine fuerza pública, tecnología e inversión social.

Toro aseguró que el departamento está dispuesto a apoyar cualquier estrategia que permita recuperar el control territorial, pero advirtió que las capacidades regionales resultan insuficientes frente a la dimensión de la amenaza.

Desde el Ejército Nacional sostienen que el incremento de los ataques responde a la presión militar ejercida sobre las economías ilegales de las disidencias, especialmente relacionadas con el narcotráfico.

“La presión sostenida que venimos ejerciendo ha afectado de manera significativa sus economías ilícitas y su accionar delictivo. Ante esta ofensiva, estos criminales recurren al terrorismo y a crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por ocultar su debilitamiento”, señaló la institución.